A un año de que el Gobierno de Donald Trump comenzara a bombardear lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, con la excusa de combatir al narcotráfico, no hay evidencia de que los ataques estén surtiendo efecto para reducir el flujo de las drogas al país, según una revisión de datos públicos de Noticias Telemundo y consultas con especialistas.
- Los bombardeos a la fecha han matado a más de 200 personas, que se sepa, y con ellos Estados Unidos abrió un nuevo frente en la guerra contra las drogas que ha estado marcado por cuestionamientos sobre la legalidad de los hundimientos y por dudas sobre qué se está realmente logrando con ellos.
- Una revisión de Noticias Telemundo de datos oficiales sobre incautaciones de drogas que han llegado a territorio estadounidense desde que empezaron los ataques revela que no han disminuido los montos confiscados.
El pasado mes de julio registró un 33% más en decomisos de drogas que cruzaron las fronteras terrestres y marítimas de Estados Unidos que los que hubo antes de que comenzaran los bombardeos a las embarcaciones, en septiembre de 2025.
Y en casos de drogas como la cocaína, uno de los focos de este operativo después nombrado Southern Spear, las cantidades decomisadas han sido mayores a antes de los ataques en meses como noviembre y febrero.
Estas cifras sugieren que el hundimiento de las así llamadas narcolanchas no habría detenido el flujo de narcóticos, pese a que esa es la justificación dada por el Gobierno de Trump para realizar los ataques.
Especialistas entrevistados por Noticias Telemundo dijeron que el precio de drogas como la cocaína en Estados Unidos tampoco ha aumentado, lo que en teoría sucedería si hubiera menos.
“Si es que hay una disrupción en el suministro, eso no se está viendo a nivel de calle en cuanto a disponibilidad ni precio del producto”, dijo Nabarun Dasgupta, que investiga adicciones y es académico de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.
Hasta la fecha en los ataques han muerto 227 personas, según un recuento de Noticias Telemundo que fue confirmado por el Comando Sur, la rama del Pentágono que lleva a cabo los operativos.
Estados Unidos no ha ofrecido evidencia hasta el momento de que esas personas transportaban drogas o participaban en actividades de “narcoterrorismo”, por lo que algunos grupos han calificado los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales.
Ni siquiera se saben públicamente los nombres de muchos de los fallecidos, a diferencia de cuando Estados Unidos sí ha compartido las identidades de otros designados “terroristas” abatidos en bombardeos en el hemisferio y en otras partes del mundo.
“No hay certeza sobre basado en qué fueron atacados los barcos, ni certeza de que se esté logrando coartar el flujo de drogas hacia Estados Unidos”, dijo Will Freeman, analista sobre Latinoamérica en el Council on Foreign Relations, grupo de investigaciones apartidista.
“Es decir, no hay claridad sobre que haya beneficios con estos operativos. Lo que sí se ve es que hay un enorme costo: en cuanto a gente muerta que no queda claro si siquiera eran realmente criminales y en cuanto a rebajar los estándares éticos y legales que solían requerirse de las fuerzas armadas para ataques letales así”, agregó en una llamada con Noticias Telemundo.
- En cuanto a costo, además, el Departamento de Defensa ha reportado haber destinado más de $820 millones de dólares del dinero de los contribuyentes —para un promedio aproximado de $2 millones de dólares por día— para los bombardeos y la respectiva movilización de portaaviones, tanqueros, escuadrones aéreos, unos 2,200 soldados marinos y más elementos militares.
“Esa cantidad de dinero bien podría haberse usado con mayor efectividad en invertir en la salud pública para gente que necesita tratamiento por adicciones u otros problemas relacionados a las drogas”, señaló Dasgupta.
Analistas expresaron a Noticias Telemundo preocupaciones sobre que estas “acciones de disparar primero y preguntar después”, en palabras de uno, vayan a continuar pese a las dudas sobre si están funcionando, y a pesar de que la Administración Trump aún no cuenta con el permiso que se requeriría normalmente del Congreso para hacer este uso de fuerza letal.
El Pentágono respondió a Noticias Telemundo con un comunicado en que asegura que los operativos “han alterado redes de tráfico, forzado a que los traficantes se adapten, sacado de la jugada a peligrosos narcoterroristas y demostrado que Estados Unidos usará todas las herramientas legales a su alcance para defender la patria”. No ofreció evidencia para respaldar sus aseveraciones.
Eficacia incierta
La Administración Trump indica que una de sus metas con estos ataques es reducir el flujo de drogas como la “cocaína que envenena a nuestras comunidades y mata a miles de estadounidenses cada año”, en palabras del general Francis Donovan, encargado del Comando Sur.
Pese a esos objetivos, algunas agencias del Gobierno de Trump también han sugerido que los ataques no han logrado detener el flujo de drogas en Estados Unidos.
- La oficina del inspector general del Departamento de Defensa dijo en un reporte en junio que las organizaciones de narcotráfico a las que la Administración tiene en la mira “han adaptado mecanismos alternos” para mover drogas mientras “siguen usando barcos pequeños, y absorben las pérdidas ocasionales” de los productos que habría en esas lanchas.
- El informe además recalcó que la gran mayoría de las drogas que el Gobierno de Trump querría frenar con operativos como estos ataques no llegan mediante lanchas.
- El fentanilo, la metanfetamina y la heroína, según el reporte, llegan a territorio estadounidense sobre todo “escondidos dentro de autos o camiones que pasan por puntos de cruce legales” y “no por mar”.
Aunque algo de la cocaína, según el reporte, “sí se mueve de manera marítima durante un tramo” del Caribe o el Pacífico, es contrabandeada rápidamente a territorios costeros y de ahí “se mueve por tierra”.
Oficiales de la Administración del Control de las Drogas (DEA) y otros funcionarios han admitido en documentos internos que las operaciones contra las supuestas narcolanchas no han reducido la disponibilidad de la cocaína ni su pureza, según reveló The Washington Post en julio.
- La DEA no contestó a solicitudes de Noticias Telemundo para hacer comentarios. Tampoco contestó la Oficina Nacional de Control de Drogas, parte de la Casa Blanca encabezada por la ‘zarina’ antinarcóticos, Sara Carter.
“De inicio no es realista la idea de que se va a coartar este comercio ilegal atacando a barcos pequeños que traerían solo un porcentaje pequeño de toda la droga que se mueve hacia Norteamérica”, dijo Freeman, del Council on Foreign Relations. “Y en efecto no hay señales de que esta estrategia esté funcionando”, asestó.
Dudosa legalidad
Freeman ha realizado análisis y reportajes sobre la campaña de ataques a presuntas narcolanchas que sugieren que ha habido más ataques de los que el Gobierno ha revelado públicamente, sobre todo cerca de costas ecuatorianas.
La CIA pudiera estar vinculada a esos ataques adicionales a los revelados por las autoridades, según han reportado The New York Times y el Washington Post.
Todos estos ataques se han dado pese a que el Pentágono, mediante el Comando Sur, no cuenta con el permiso que se requeriría normalmente del Congreso para hacer uso de fuerza letal fuera del territorio o jurisdicción de EE.UU. para los ataques que sí ha revelado públicamente.
“Eso hace que la cuestión sobre si todo esto es legal sea complicada”, dijo Mark Cancian, coronel en retiro que es asesor para temas de defensa y seguridad en el Center for Strategic and International Studies, grupo de investigaciones bipartidista.
El Gobierno de Trump ha intentado defender sus acciones ante el Congreso afirmando que está atacando a grupos que ha designado como terroristas y que eso conlleva un supuesto conflicto armado que le daría cabida para atacarlos como “hostiles” para fines de seguridad nacional. Trump ha llegado a decir también que con los ataques se reducirían las muertes por sobredosis.
“Solo porque algo ya está sucediendo, como una baja en las muertes por sobredosis, eso no significa que la causa es esta campaña. Y, de hecho, no hemos visto evidencia alguna de que la campaña haya tenido un impacto”, señaló Carl Latkin, profesor de salud pública de la Johns Hopkins University.
Hasta congresistas republicanos han expresado dudas sobre si la posibilidad de reducir muertes por sobredosis sirve como justificación.
“Me parece decepcionante que esta Administración no haya tramitado un permiso legislativo que antes era rutina para realizar este tipo de acciones”, indicó el coronel Cancian. “Y es inusual que continúe haciendo uso de fuerza letal en el hemisferio por tanto tiempo sin contar con ese permiso”, agregó.
Cancian señaló que por un tiempo parecía que el Gobierno de Trump había reducido su combate a presuntas narcolanchas porque movió a elementos militares hacia el escenario de guerra contra Irán. Sin embargo, en agosto fueron anunciados dos ataques nuevos, uno en el Pacífico y uno en el Caribe.
“Eso sugiere que estas acciones continuarán durante el tiempo restante del Gobierno actual de Trump”, que terminaría en 2028, dijo Cancian.
Un conteo de Noticias Telemundo estima que a la fecha han sido atacadas 69 embarcaciones anunciados públicamente por el Gobierno de Trump.
Para ninguno se han ofrecido pruebas de que la gente que murió estaba involucrada con presunto narcomenudeo o de que en los barcos había narcóticos.
Tampoco hay cuenta de cuántos ataques adicionales habrían sucedido contra embarcaciones de pesca en las costas ecuatorianas, de acuerdo con las investigaciones de Will Freeman y lo consignado por el New York Times y el Washington Post sobre la posible participación de la CIA en esos aparentes hundimientos.
“El Gobierno comparte estos videos muy espectaculares en redes sociales del momento en que explota la lancha, y eso ha creado la impresión de que toda la campaña sucede a plena luz del día de manera visible para el público, pero hay muchos casos recién descubiertos de ataques similares que fueron escondidos a propósito”, alertó Freeman.
“No sabemos quiénes eran las personas fallecidas en los ataques revelados, y ahora resulta que tampoco sabemos cuántos casos ni siquiera han sido revelados”, agregó.
Qué dice el Gobierno de Trump, y cómo responde la región
En respuesta a la falta de transparencia, grupos de defensa de derechos humanos han dicho que los ataques clasificarían como ejecuciones extrajudiciales.
El Pentágono en diciembre reconoció que lanzó un ataque de “remate” contra una de las embarcaciones cuando todavía había gente con vida a bordo, y no queda claro qué protocolos ha buscado adoptar para lidiar con quienes estaban en las presuntas narcolanchas y quedaron a la deriva antes de ser dados por muertos. No ha habido detenciones para posibles juicios, como los que las autoridades sí preparan contra otras figuras acusadas de narcotráfico.
- El informe de junio del inspector general del Departamento de Defensa señala que solicitó a un órgano del Pentágono aclarar cómo responde a “situaciones en que un ataque contra una lancha resulta en sobrevivientes náufragos”. El Pentágono le dijo al inspector general que “no puede hacer del conocimiento público” esos protocolos.
- Familias han presentado demandas legales contra el Gobierno de Trump, pidiendo restitución por las muertes de sus seres queridos, que dicen eran solamente pescadores. El Pentágono no contestó explícitamente a preguntas de Noticias Telemundo sobre qué dice ante estas acusaciones.
En el comunicado que envió, atribuido al portavoz Kingsley Wilson, solamente dijo que “el mensaje para los narcoterroristas se mantiene a un año: si trafican narcóticos ilícitos y mortíferos que amenazan al pueblo estadounidense, los vamos a cazar, a encontrar y a matar”.
- La manera tajante en la que ese comunicado describe todo el operativo estadounidense pudiera ser una de las razones por las que ha recibido cierto apoyo de países latinoamericanos, de acuerdo con Christopher Hernández-Roy, investigador sobre crimen organizado trasnacional, democracia y seguridad en el hemisferio.
“La idea de una súper mano dura en contra del crimen organizado, que ha llegado a niveles insostenibles en varias partes, pues tiene su atractivo en poblaciones afectadas que buscan soluciones nuevas —que incluso pueden ser soluciones que van más allá del marco de la ley”, señaló Hernández-Roy.
“Eso es lo que estamos viendo, que estas acciones de disparar primero y preguntar después, que claramente no son acciones propiamente legales, desafortunadamente tienen cierto apoyo en la región”, agregó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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