TEXTO ÍNTEGRO: México, CRISIS en DESAPARICIÓN FORZADA; AMLO, sigue los pasos de Calderón y Peña

Diez municipios concentran el 41 por ciento de las fosas clandestinas halladas en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el país existen más de 30 mil personas sin identificar en los servicios médicos forenses, que están «desbordados y nadie está haciendo nada para atenderlos», alertó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Al presentar el estudio «Desapariciones forzadas e involuntarias. Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas», la organización ve focos rojos en los Semefos de Guerrero, Sonora y Puebla, que operan en condiciones precarias.

  • Hasta 2018, el ONC había identificado más de 35,000 personas en Semefo, panteones ministeriales y fosas; al año siguiente, cifras oficiales reportaron 37,443. Pero una investigación de Quinto Eelemnto Lab, publicada este 22 de septiembre, da cuenta de 38,891 cuerpos que pasaron por algún Semefo del país de 2006 a 2019 y que la autoridad no había logrado identificar.
  • El trabajo, encabezado por la periodista Marcela Turati, refiere que, en los últimos 14 años, el número de cuerpos No Identificados creció 1,032 por ciento.

Para el sexenio de Felipe Calderón el registro fue de 9,349, con Enrique Peña Nieto hubo un incremento a 17,590 y en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador van 4,095. No obstante que, de 6,869 cadáveres, no se especificó el año en que ingresaron a un Semefo, según las solicitudes vía transparencia hechas por Quinto Elemento Lab.

Si bien, las cifras son abrumadoras, cabe destacar que no se trata solo de números, sino de un contexto de violencia que ha afectado a cientos de miles de familias en el país y agudizado en los últimos tres sexenios, según Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

  • La crisis forense también pasa por la falta de personal especializado para dar cauce a la identificación, así como al equipamiento de las instalaciones ministeriales, como la poca coordinación entre dependencias para acelerar las investigaciones; por ello, el ONC refiere a una crisis institucional forense.

Los tres indicadores de capacidades forenses del ONC son el equipamiento, relacionado con espacios físicos, herramientas y sistemas de información para realizar las operaciones; los procesos, referentes al empleo de protocolos para el registro e intercambio de datos entre instituciones; así como el personal suficiente y especializado, ya sean peritos, médicos, patólogos, antropólogos y químicos.

Por ejemplo, el ONC encontró que en México se carece de un protocolo homologado en odontología forense; pero 21 entidades federativas aplican el Protocolo homologado para el tratamiento e identificación forense; del resto, 6 estados implementan el Protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; y solo cinco entidades trabajan con ambos instrumentos.

″Donde ha habido carencia de estado, los ciudadanos, las familias, han salido», dijo Rivas Rodríguez, al presentar los hallazgos del ONC este martes 22 de septiembre desde el Claustro de Sor Juana. Pues el especialista en temas de seguridad pública refirió que hay insuficiencia de inmobiliario para dar respuesta efectiva a la problemática, pero los familiares de las víctimas han tenido que subsanar las incapacidades.

  • Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz requieren más cámaras de refrigeración, este último estado precisa de una osteoteca en Xalapa. Mientras que Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y requieren instrumental necroquirúrgico. Zacatecas necesita de ambos materiales, así como unidades equipadas en más distritos judiciales.

Un caso particular es Tamaulipas donde, según las evaluaciones del ONC, debe haber un Semefo con todas sus capacidades en Tampico, Nuevo Laredo, Ciudad Mante, San Fernando, Miguel Alemán y Río Bravo.

  • De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 2019, referidos por el ONC, el total de personal en las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales fue de 96,847 servidores públicos.
  • Mientras que el personal adscrito a los Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las entidades federativas ascendió a 9,494 personas.

“Hay que señalar que si bien el personal total incrementó 32.8% entre 2014 y 2018, por función el crecimiento fue diferenciado. De esta manera, el personal administrativo y de apoyo aumentó 49.2%; los peritos 42.6%; los trabajadores sociales 22.2% y los químicos forenses 9.2 por ciento. Sobresale que los médicos forenses decrecieron 0.3%; el personal de otras funciones 5.4% y los oficiales secretarios disminuyeron 22.7%”, apuntó la organización en su informe.

México ha tenido desapariciones desde la llamada Guerra sucia, en la década de 1960 a 1970, pero la mayor parte de casos se acumularon en la guerra contra el narco desatada por Felipe Calderón. En ese sexenio creció el número de personas no localizadas, cuerpos no identificados y fosas clandestinas, según explicó Rivas Rodríguez.

A partir de ese periodo, el fenómeno se agravó y, hasta septiembre de 2020, datos oficiales contabilizaron 75,053 personas desaparecidas desde 1964; de ellas, 11,645 en la administración de López Obrador.

Sobre el presupuesto para seguridad, del cual se desprenden recursos para afrontar la crisis forense, Rivas Rodríguez criticó que el gasto desde prevención hasta la reinserción social rondaba el 0.8% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio destinado por países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) era del 3% del PIB; y Colombia, que enfrenta una problemática similar a México, otorgaba hasta más del 5% en este ámbito.

“No puede ser que dependa de la buena voluntad de un funcionario público si hay recursos, si se avanza en una entidad y en otras no”, aseveró el director del ONC.

Otros hallazgos de la organización apuntaron que en Guerrero, Puebla y Sonora, la falta de recursos es más evidente, así como los mecanismos de colaboración institucional, además, en estos estados no había seguridad para quienes buscan a sus familiares. El director del ONC hizo un llamado a Jalisco, pues no aportó información para evaluar sus condiciones de servicio forense.

En una suma de 15 recomendaciones, el Observatorio Nacional Ciudadano especificó que es necesaria la publicación del diagnóstico forense nacional, así como mejorar la colaboración con las fiscalías para retroalimentar los resultados obtenidos en la búsqueda. Además de fortalecer la creación del recurso humano especializado y afinar los instrumentos de recopilación de información.

Cinco estados con el mayor número de fosas clandestinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, ha dado las cifras que ayudan a dimensionar el horror en uno de los países que más ha sufrido el castigo de la delincuencia organizada.

En sólo 23 meses —de diciembre de 2018 a septiembre de 2020— las autoridades periciales han hallado más de 1,257 fosas clandestinas en México. Ahí, enterrados sin nombre y con marcas de la violencia, han sido encontrados 1,957 cuerpos. De ellos, sólo 806 han sido identificados y 449 entregados a sus familiares.

  • El informe enfatiza que diez municipios concentran el 41 por ciento de las fosas clandestinas halladas en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tecomán, Colima, un terreno disputado por los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, ocupa el primer lugar, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados.
  • Detrás se encuentran Úrsulo Galván, Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos; Ahome, Sinaloa, con 63 y 100; Acapulco, Guerrero, con 61 y 33; y Mazatlán, Sinaloa, con 48 y 101.
  • La lista continúa con los municipios Playa Vicente, Veracruz, con 45 fosas y 2 cuerpos; Puerto Peñasco, Sonora, con 35 y 52; Manzanillo, Colima, con 33 y 38; Cajeme, Sonora, con 30 y 45; y Juárez, Chihuahua, con 30 y 28.
  • En tanto, los estados con mayor número de fosas son Veracruz, con 190; Sinaloa, con 153; Colima, con 149; Guerrero, con 123; y Zacatecas, con 112.

Jalisco encabeza la lista de las entidades con más cuerpos desterrados, de acuerdo con los informes del gobierno, en el estado —bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación— se han exhumado 605 cuerpos; Sinaloa, cuna de uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, reportó 253 cuerpos; Colima, con 232; Sonora, con 143; y Michoacán, con 113.

  • Alejandro Encinas precisó que el número de fosas y cuerpos hallados en lo que va del sexenio representa el 30.7 y 28.3 por ciento, respectivamente, de la cantidad histórica registrada desde 2006. “En estos dos últimos años hemos localizado el 30.7 por ciento de las fosas históricamente registradas y se han exhumado el 28.3 por ciento de los cuerpos que se han exhumado en su totalidad, de 2006 a la fecha”, aseguró.

Pero no todo son cifras. También hay historias, que han sido desterradas a lo largo de años, meses, por diversos colectivos de búsqueda. Entre los más conocidos se encuentra el colectivo Solecito. Este grupo se comunica a través de WhatsApp y las redes sociales, donde publican decenas de anuncios de jóvenes, hombres y mujeres que desaparecieron sin dejar rastro.

Solecito ha llevado a Internet estos anuncios, que en el mundo analógico tapizan los tablones de anuncios de los aeropuertos y las paradas de autobuses.

Sobre esto, Encinas especificó que las labores de búsqueda se han intensificado en el país por la colaboración de los familiares de personas desaparecidas. “Una labor que el Estado mexicano había abandonado y que por instrucciones del presidente hemos asumido como una responsabilidad del Estado mexicano, hacer la búsqueda y acompañamiento de los familiares que están en búsqueda de sus familiares”./Agencias-PUNTOporPUNTO

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