Barbosa llama al gobierno federal a garantizar comicios en tranquilidad y paz

RITA MAGAÑA TORRES

El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, llamó al gobierno federal y de los estatales a que, a través del diálogo y aplicación de la ley, garanticen que las elecciones del próximo domingo se realicen con tranquilidad y en paz.

También, exhortó a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán y Guerrero a que las negociaciones que establezcan con grupos inconformes sean transparentes, porque la sociedad tiene derecho a conocer los términos de los acuerdos.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta presentó un pronunciamiento respecto a la jornada electoral del próximo 7 de junio, donde afirmó que las autoridades deben garantizar el ejercicio pleno de este derecho.

Destacó que la Constitución salvaguarda la libre expresión de las ideas y la manifestación pública de éstas.

Hizo un llamado al Gobierno federal y de los estados a que apliquen a ley a través del diálogo.

Pidió que las infracciones a la ley cometidas durante el proceso electoral sean sancionadas y no queden impunes, además, invitó a todos los ciudadanos a votar el 7 de junio.

Recordó las acciones para boicotear la jornada electoral por grupos opuestos a la reforma educativa, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con estrategias como bloqueos en carreteras, aeropuerto de Oaxaca, gasolinerías, instalaciones gubernamentales y del propio Instituto Nacional Electoral (INE).

Dijo que la sociedad tiene derecho a conocer los términos de la negociación del gobierno con los inconformes, en un régimen democrático cualquier negociación del gobierno con grupos de la sociedad debe ser pública.

Exigió que las infracciones a la ley cometidas hasta este momento y posteriores que afecten el proceso electoral sean sancionadas y no pasen a formar parte del cúmulo de hechos impunes.

Dijo que el ejercicio del voto es un derecho y una obligación de los ciudadanos y la confrontación, violencia, como daños y destrucción de instalaciones públicas o bienes privados, dañan la convivencia social, afectan la gobernabilidad democrática y entorpecen la solución de conflictos.

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