La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el sector privado llegaron a un consenso para revisar detalles menores a la miscelánea fiscal que forma parte del Paquete Económico 2020; sin embargo, no se modificó ni una sola coma en la nueva ley contra los factureros.
El acuerdo no contempla hacer ajustes para equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, no se cambió el planteamiento de la prisión preventiva oficiosa ni tampoco el uso de testigos protegidos e infiltrados para dar con las cabezas de los factureros fantasma.
- El tema no dejó satisfecha a la iniciativa privada que, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), externó no compartir el proyecto de Hacienda.
- Un punto en el que no hemos logrado consensos es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada [incluyendo extinción de dominio] a la defraudación fiscal y su equiparada», informó el CCE.
El titular de Hacienda, Arturo Herrera, argumentó: «No es nada más que se quiera penalizar, sino que un porcentaje muy alto de estas operaciones están ligadas al crimen organizado y al lavado».
- Añadió que no se trata de una evasión fiscal tradicional, porque no son los contribuyentes que olvidan pagar 700 pesos de predial, sino quienes defraudan por más de 800 millones de pesos.
- Sobre los acuerdos que hubo en otros temas, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, comentó que no se descafeinó la iniciativa del gobierno y que sigue la proyección de recaudar 30 mil millones de pesos extra con las nuevas medidas planteadas./EL IMPARCIAL-PUNTOporPUNTO
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