Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio por cerrado el caso del joven artesano José Felipe Castillo de 17 años, que apareció ahorcado en una cueva en julio de 2011, sin que se haya realizado una investigación profunda de los hechos, ya que no existen responsables y no hay evidencias que esclarezcan el crimen.
Cuando se encontró el cuerpo de José Felipe, éste tenía diversas lesiones: en la cabeza, un corte en el cuero cabelludo, de aproximadamente 20 centímetros de largo, a la altura de la coronilla, así como heridas en el dorso de sus manos y antebrazos, y además de múltiples golpes.
Las Fiscalía General de Yucatán retrató las lesiones del joven, sin embargo no se realizó ninguna investigación para saber cómo se originaron, si fueron antes o durante su muerte, sólo fue recogido el cadáver y en ese momento las autoridades concluyeron que José Felipe se había suicidado.
La Fiscalía presentó una autopsia en la que no se registraron las heridas del joven. Más tarde se compró que era falsa, ya que estaba firmada por un médico que no pertenecía a la Fiscalía estatal y tenía el nombre de otra persona.
El padre de José Felipe, Marco Antonio Castillo, afirmo que la causa de la muerte de su hijo fue que rompió su compromiso con otra menor de su comunidad, un día antes de que éste fuera asesinado.
Ante la insistencia de los padres de la víctima, la Fiscalía de Yucatán realizó entrevistas informales a los familiares de la ex prometida de José Felipe, quienes reconocieron que sí estuvieron, el día de la muerte, en el lugar donde fue encontrado el cadáver.
La fiscalía recopiló la información, pero no solicitó a esas personas que rindieran declaración ministerial, para que explicaran el motivo de su presencia en el predio, donde encontraron el cuerpo, o su relación con el lugar. Tampoco se investigaron las últimas llamadas que desde el celular realizó el joven.
Todo lo anterior evidenció la falta de un estudio completo de criminalística, ya que durante los años que siguieron desde la muerte del joven, las autoridades de Yucatán no realizaron ninguna diligencia que aportara datos para esclarecer la muerte del joven.
Los padres del artesano denunciaron todas las irregularidades ante la CNDH, sin embargo el organismo no hizo nada, por lo que en abril de 2015 se encadenaron del cuello a un árbol frente a las oficinas centrales del organismo, en la Ciudad de México, para exigirle a esa institución que trasladara ahí el caso de su hijo, ya que a nivel local ya no podían hacer nada.
La comisión llevó el caso al DF ante las posibles violaciones a los derechos, la seguridad y la legalidad, y confirmó las anomalías que expusieron los padres. Además constató que los agentes que se encargaron del caso robaron evidencias del expediente.
En septiembre de 2013, la CNDH emitió una recomendación al confirmar todas las irregularidades en el caso, la cual exigía al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, entre otras cosas, integrar adecuadamente la averiguación, iniciar procedimientos en contra de los agentes involucrados y reparar el daño a las víctimas.
Sin embargo la Fiscalía General de Yucatán, no repitió la investigación y determinó cerrar el caso. Por su parte el Gobierno de Yucatán le ofreció 50 mil pesos a cada integrante de la familia de José Felipe como apoyo emergente para enfrentar la difícil situación de la familia, comenta el padre del joven.
La CNDH determinó, el 7 de septiembre de 2015, con base en las acciones del Gobierno de Yucatán, que se solventaron favorablemente y “con pruebas de cumplimiento total”, las violaciones a los derechos que se cometieron en este caso.
El padre de José Felipe, afirmó que no se da por vencido y va a solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque “en México no existe la justicia”.
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