Colapsada por recortes presupuestales, oficinas saturadas y un desmantelamiento operativo sistemático, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) convierte el derecho al asilo en un laberinto donde las personas en movilidad quedan atrapadas hasta dos años solo para conseguir una cita de entrevista.
- En el papel, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político promete un trámite ágil, certeza jurídica y un puerto seguro para quienes huyen de la violencia en sus países. Pero en esta ciudad de Chiapas, la realidad es una trampa de asfixia institucional.
Marjory —cuyo verdadero nombre se omite por seguridad— conoce bien el peso de ese engranaje roto. Huyó de El Salvador tras sufrir agresiones reiteradas por parte de un familiar que forma parte de la policía de su país. “Yo tenía una vida y una carrera, pero esa vida era bastante complicada hasta que ya no más violencia, ya no más tortura».
- Para Marjory, que llegó a Tapachula, Chiapas, tres años después, sigue atorada en el mismo punto, obligada a responder a exigencias interminables: “cada vez que tengo cita para seguimiento me dicen que necesitan otro y otro escrito, ¿cuántos más quieren? Si ya deben tener una base llena con mi expediente”, reprocha.
El endurecimiento migratorio de EU y la crisis de la Comar
- Esta asfixia cotidiana no ocurre en el vacío; responde a un reacomodo geopolítico. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que los primeros 21 meses del segundo mandato de Donald Trump han estado marcados por desafíos sin precedentes, impulsados por recortes históricos en los fondos de asistencia humanitaria y por cambios radicales en la política migratoria de Estados Unidos.
Con el arranque de la segunda administración de Trump, el asilo estadounidense prácticamente se cerró, elevando las tasas de denegación al 94 % y convirtiendo a México —de manera forzada— en un destino definitivo para miles de personas varadas.
- El Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova ha documentado de primera mano este impacto en Tapachula, donde México recibe el 47 % de las solicitudes de asilo a nivel nacional. “Antes las personas podían tardar siete u ocho meses en los tiempos para la entrevista en Comar; sin embargo, ahorita están tardando años”, explican.
En ese lapso, las personas solicitantes “viven en estado de ansiedad permanente por ir a firmar, porque no les llega el correo electrónico confirmando su cita y lo que generan es un desgaste emocional, físico y económico para que haya un momento en el que revienten”.
- Detrás de este estancamiento hay también una crisis financiera profunda. Entre 2018 y 2025, la Comar subsistió gracias a más de 600 millones de pesos aportados por ACNUR, recursos que representaban más del 60 % de su presupuesto. Con el desplome de las donaciones internacionales, la estructura se debilitó.
- Para 2026, la operación recayó casi por completo en el Estado mexicano con 113.58 millones de pesos reales. Aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla 117.60 millones para 2027 —un esfuerzo destacado por la ACNUR— los recursos siguen siendo insuficientes frente al rezago acumulado.
- El flujo de peticiones de asilo en el país bajó respecto al récord de 140 mil 982 solicitudes en 2023 (y las 70 mil 500 de 2025); sin embargo, para quienes siguen haciendo fila bajo el sol implacable de Tapachula la promesa de refugio sigue siendo una puerta cerrada.
La dura cotidianidad de la espera
Valeria cambió su nombre real por temor a represalias. Huyó de Ecuador tras sobrevivir a dos atentados contra su vida y pisó suelo mexicano en septiembre de 2024, acompañada de su hija menor.
- Desde entonces, han transcurrido dos años en los que, para sostener el día a día, ha tenido que malabarear con empleos informales: mesera en eventos esporádicos y venta de cosméticos por catálogo.
Aunque es licenciada en educación, el estatus migratorio le cierra todas las puertas formales: “no puedo trabajar de eso porque no tengo residencia, eso me impide hacer muchas cosas”, lamenta.
- La precariedad no solo golpea el bolsillo, sino también el futuro de su hija de once años. Continuar con sus estudios en México se convirtió en un obstáculo burocrático: para validar los grados escolares anteriores se exigía un trámite en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una gestión imposible para Valeria, quien tiene prohibido salir de Tapachula bajo la advertencia de perder su proceso. La escolarización de la niña solo se destrabó gracias a la intervención de un docente que conoció su caso y decidió tenderle una mano.
- Para quienes no hablan español, el muro invisible de la burocracia se eleva todavía más. Cristina, originaria de Haití, aprendió el idioma durante su estancia en República Dominicana, una herramienta que hoy le sirve no solo para navegar el laberinto de los trámites migratorios, sino también para convertirse en puente y traductora de varios de sus compatriotas varados en Tapachula.
“Estoy aquí desde enero de 2025, tengo como 40 firmas y otras personas que apenas llevan 15 ya recibieron su correo para entrevista; no sé cuál es la razón. Para mí es muy difícil, porque aquí no encuentro trabajo, vendo crema de cacahuate, pero eso no es suficiente”, relata con frustración.
El dilema del éxodo: ¿avanzar en caravana o resistir en la frontera?
Desde finales de 2018, Tapachula se ha consolidado como un punto clave en la ruta que siguen decenas de caravanas migrantes rumbo al norte. Estudios de instituciones como el Colegio de la Frontera Norte (El Colef) han documentado más de 70 convocatorias que, conforme avanzan por las carreteras mexicanas, suelen fracturarse, dispersarse o ser contenidas por las fuerzas de seguridad.
- La última movilización masiva, nombrada “Fe y Esperanza con Dios”, partió de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre de 2026 y arribó a Tapachula a finales de ese mismo mes, integrada por más de 600 personas, en su mayoría centroamericanas.
- Para organizaciones como el Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, la persistencia de estos éxodos masivos contrasta con la aparente disminución en las cifras oficiales de solicitudes presentadas ante la Comar.
“Hay una narrativa de que el flujo migratorio ha disminuido; sin embargo, sabemos que están cambiando las rutas y que las personas buscan ser más invisibles porque intentan evitar ser detenidas. Donde visiblemente se pueden encontrar estos desplazamientos es a través de las caravanas” —sostiene la asociación—. En ellas viajan tanto personas que migran por razones personales y económicas como quienes huyen por su vida, “pero que ya se cansaron de esperar resolución a su solicitud”.
- La desesperación ha cruzado por la mente de María. En septiembre de 2024 llegó a México desde Ecuador junto con sus dos hijas, con quienes pasó varias noches durmiendo en una plaza de Tapachula.
Dos años después, ha logrado pagar la renta de un cuarto gracias a su trabajo aplicando uñas, pero su trámite apenas ha avanzado.
- “Cuando llegué, a los tres meses salió una caravana, y al ver que no salían mis documentos pensé en irme, pero luego lo analicé, porque tengo dos hijas menores de edad y no me pareció bien llevarlas, por eso no lo hice”, detalla.
Su mayor reclamo es la desigualdad del proceso: mientras quienes pueden pagar un despacho de abogados avanzan con mayor rapidez, ella —después de acumular 41 firmas obligatorias en la Comar— siente que “estamos en el limbo y no tenemos esa oportunidad por falta de ingresos económicos“.
- Cuando obtenga sus documentos, planea mudarse a Monterrey, Nuevo León, una ciudad que entre la comunidad migrante ha ganado fama por sus oportunidades laborales, para después intentar pasar a los Estados Unidos de Norteamérica.
Comar ha recibido 684,234 solicitudes de asilo desde 2019
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido 684,234 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado entre 2019 y hasta junio del 2026.
- De acuerdo con datos obtenidos de la solicitud de información con número de folio 340011500012126, contestada al 10 de julio pasado, las peticiones pasaron de 71,264 en 2019 a 42,091 en 2020.
- Posteriormente se produjo un repunte acelerado: en 2021 se registraron 133,092 solicitudes, mientras que en 2022 fueron 120,606. El máximo histórico se alcanzó en 2023, con 141,806 solicitudes.
Según los datos entregados por la dependencia, entre enero de 2023 y el corte disponible de 2026 se contabilizaron 317,181 solicitudes, lo que se traduce en 46.4% del total.
La cifra, no obstante, muestra una tendencia descendente después del máximo histórico registrado en 2023.
Ese año se presentaron 141,806 solicitudes; en 2024 fueron 80,833 y en 2025 la cifra descendió a 70,634. Para 2026 se habían registrado 23,908 solicitudes.
Admitidas a trámite
Por otro lado, la Comar contestó a la petición de información con el folio 340011500012026, en la que se le preguntó sobre el número de solicitudes admitidas formalmente a trámite entre enero a junio del 2026 a lo cual reveló que sumaban 16,314 expedientes.
- A nivel de sedes, Tapachula encabezó ampliamente la recepción, con 7,873 solicitudes, seguida por Ciudad de México, con 3,913; Oluta, Veracruz, con 1,435; Palenque, Chiapas, con 976; Monterrey, con 727, y Tenosique, Tabasco, con 719.
Asimismo, se le cuestionó sobre el número de resoluciones emitidas en dicho lapso a lo que indicó que fueron en total 4,640.
- Los datos mostraron que 67.8% (3,145) de las resoluciones emitidas entre enero y junio fueron positivas, mientras que 1,111 —23.9%— correspondieron a resoluciones negativas y 384 —8.3%— otorgaron protección complementaria.
La estadística mensual indicó que el número de resoluciones positivas aumentó de manera importante durante el semestre. En enero se contabilizaron 319 reconocimientos, frente a 514 en febrero, 683 en marzo, 540 en abril, 542 en mayo y 547 en junio.
Cubanos, los que más asilo piden ahora en México
Por nacionalidad, los cubanos fueron los de mayor número de resoluciones durante el periodo, con 2,533 expedientes, de acuerdo con la información entregada por la Comar. De ese total, 1,714 fueron resoluciones positivas, 800 negativas y 19 correspondieron a protección complementaria.
- La segunda nacionalidad con mayor número de resoluciones fue Haití, con 1,257 casos, de los cuales 1,207 tuvieron una resolución positiva, 50 fueron negativos y no se reportaron casos de protección complementaria. Le siguieron Venezuela, con 353 resoluciones; Guatemala, con 60; Honduras, con 171; Colombia, con 82, y El Salvador, con 57.
Por otro lado, la información mostró que, entre enero y junio de 2026, la Comar registró 2,947 trámites inconclusos: 2,502 fueron abandonados por los solicitantes y 445 fueron objeto de desistimiento formal.
- Según las cifras, los cubanos concentraron la mayor cantidad de procedimientos inconclusos, con 1,602 casos, seguidos por venezolanos, con 399; haitianos, con 299, y hondureños, con 274./ PUNTOporPUNTO
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