México enfrentará una etapa final de la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con nuevas herramientas legales para combatir el lavado de dinero, pero con el desafío de demostrar resultados en investigaciones, sentencias y recuperación de activos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 20 de octubre que el proceso se encuentra en su fase final, previo a las reuniones de trabajo y la plenaria del organismo internacional, que se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026.
- Sandro García Rojas Castillo, socio director de LEXQUO y exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que México cuenta con un marco regulatorio sólido, pero necesita traducirlo en resultados concretos.
- México tiene leyes, autoridades y un sistema financiero que cumplen con estándares internacionales. El reto de estos años es convertir eso en investigaciones, sentencias y recuperación de activos que se puedan medir. Y eso es exactamente lo que evalúa la quinta ronda del GAFI: la efectividad”, señaló.
El especialista destacó la calidad de los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque advirtió que el desafío es convertir esa información en investigaciones, vinculaciones a proceso y sentencias por lavado de dinero.
También identificó pendientes en la recuperación de activos, la supervisión de actividades vulnerables y la identificación de beneficiarios finales de empresas y otras estructuras jurídicas.
- Como parte de la evaluación, un equipo del GAFI visitó México en marzo de 2026 para revisar el funcionamiento del sistema antilavado, que involucra a autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad, así como a los sectores financiero y no financiero.
Urgen Plan Nacional contra el Lavado de Dinero
- Para García Rojas Castillo, el siguiente paso en la estrategia mexicana debe ser la implementación de un plan nacional contra el lavado de dinero, con objetivos medibles y una mayor coordinación entre las autoridades, en lugar de impulsar nuevas reformas legales.
El especialista destacó que México actualizó su marco regulatorio con la reforma a la Ley Antilavado y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, publicada el 16 de julio de 2025, así como con las modificaciones al reglamento de dicha legislación.
Lo que sigue no es legislar más, sino ejecutar: un plan nacional de efectividad con metas, responsables, plazos e indicadores”, sostuvo.
- García Rojas Castillo consideró que uno de los principales desafíos está en mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos, ante la complejidad del sistema de procuración de justicia y el elevado uso de efectivo en la economía mexicana.
También señaló que las actividades vulnerables, entre ellas las operaciones inmobiliarias, notariales y de comercialización de joyería, requieren una supervisión basada en riesgos que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.
- El especialista explicó que contar con un Plan Nacional contra el Lavado de Dinero y la Criminalidad permitiría atender las recomendaciones que eventualmente emita el GAFI, con acciones y plazos definidos para demostrar avances en los siguientes procesos de seguimiento.
México, fuera de la lista gris del GAFI
Aunque la evaluación internacional puede derivar en recomendaciones y mecanismos de seguimiento, México no forma parte de la lista gris del GAFI, que identifica a las jurisdicciones sujetas a mayor vigilancia por deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- García Rojas Castillo explicó que la evaluación mutua y la eventual inclusión de un país en esa lista son procedimientos distintos, por lo que un resultado desfavorable no implica su incorporación automática.
- La lista vigente, del 19 de junio de 2026, tiene 22 jurisdicciones y México no figura; la evaluación mutua que se discute en estos días y la lista son procesos distintos”, puntualizó.
- De acuerdo con el especialista, los países que presentan determinadas deficiencias pueden ser sometidos a un proceso de revisión que contempla un periodo de observación antes de una eventual inclusión en la lista.
La incorporación puede tener consecuencias para el sistema financiero, entre ellas mayores costos de cumplimiento, dificultades en las relaciones de corresponsalía bancaria y una menor disposición de instituciones extranjeras para operar con determinadas contrapartes.
El exfuncionario de la CNBV descartó, por su parte, un escenario en el que México sea incorporado a la denominada lista negra, correspondiente a jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción, en la que figuran Irán, Corea del Norte y Myanmar.
Designación de cárteles en EU, otro factor de atención
La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos también ha incrementado la atención sobre los mecanismos para prevenir el financiamiento al terrorismo, aunque no modifica por sí misma la metodología de evaluación del GAFI, explicó García Rojas Castillo.
- El especialista señaló que el organismo internacional utiliza estándares sustentados en convenciones de Naciones Unidas y resoluciones de su Consejo de Seguridad, por lo que las decisiones adoptadas por un gobierno extranjero no determinan automáticamente los criterios de evaluación.
Lo veo como un factor de atención que vuelve más relevante el componente de financiamiento al terrorismo en la evaluación. No obstante, consideró que las designaciones pueden llevar a las autoridades estadounidenses y a los bancos corresponsales a examinar con mayor detalle la manera en que México identifica y administra los riesgos relacionados con estas organizaciones.
- En ese contexto, García Rojas Castillo destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y demostrar que las instituciones mexicanas cuentan con mecanismos para identificar y mitigar los riesgos asociados al financiamiento al terrorismo.
La Familia Michoacana: así es el viejo negocio de lavar dinero sucio
Detrás del comercio informal suele aparecer un actor que convierte esa rentabilidad en una ilusión: el crimen organizado.
Su principal mecanismo de control es el llamado “cobro de piso”, una extorsión que obliga a comerciantes informales –y cada vez con mayor frecuencia también a negocios establecidos– a pagar una cuota periódica, como supuesta protección, para poder trabajar. Pero ¿protección de quién?
De los mismos que la ofrecen: crean la oferta y la demanda.
- Este fenómeno, extendido ya en buena parte del país, ha sido señalado en diversas investigaciones oficiales por la presunta participación o protección de autoridades municipales, estatales e incluso mandos policiales.
- Parte de esas acusaciones salieron a la luz con la llamada Operación Enjambre, para desarticular redes de corrupción y estructuras criminales con influencia en gobiernos municipales.
En diferentes regiones de México, cárteles como La Familia Michoacana, Los Viagras o Cárteles Unidos han sido señalados por ejercer un control tal sobre la actividad económica que, en algunos casos, llegan incluso a imponer el precio de productos de consumo con el objetivo de garantizar que los comerciantes obtengan ingresos suficientes para cubrir la cuota exigida por las organizaciones criminales.
El cobro de piso suele pagarse en efectivo y puntualmente. Para los grupos delictivos representa una fuente estable de ingresos que se suma a otras actividades ilícitas.
- Así, donde el Estado deja de recaudar impuestos, la delincuencia impone su propio sistema de tributación mediante la intimidación y la violencia, pues quien se niega a pagar enfrenta amenazas, agresiones, incendios provocados, desapariciones o incluso el asesinato. Los casos se cuentan por miles en distintas regiones del país.
- La paradoja es que numerosos comerciantes terminan pagando un doble tributo: cumplen con sus obligaciones fiscales frente al Estado –que en muchos casos es incapaz de garantizar su seguridad– y, al mismo tiempo, se ven forzados a entregar parte de sus ingresos a la delincuencia organizada.
Ante este escenario, miles de negocios han optado por clausurar sus operaciones después de décadas de actividad.
- El cobro de piso representa una fuente estable de ingresos para los grupos delictivos. Suele pagarse en efectivo y puntualmente
Ahora bien, los recursos obtenidos mediante el cobro de piso también deben incorporarse a la economía formal para poder ser utilizados sin levantar sospechas.
El negocio más rentable del crimen organizado
- El narcotráfico mueve cientos de miles de millones de dólares cada año en todo el mundo, una economía mayor que el PIB de muchos países y financia organizaciones criminales con poder para desafiar Estados y corromper instituciones.
- El mundo de la delincuencia es un caudal que no deja de fluir ni de reinventarse, plagado de redes que involucran a políticos, empresarios y organizaciones criminales, cuyo objetivo final es legalizar enormes sumas de dinero obtenidas mediante actividades ilícitas.
- El tráfico de drogas constituye el negocio más rentable del crimen organizado. Tan sólo en Estados Unidos, el mercado de las sustancias ilegales genera una economía clandestina cuyo valor se estima entre 200 mil y 750 mil millones de dólares anuales
Pero todas esas ganancias deben incorporarse al sistema financiero mediante diversos mecanismos de lavado de dinero:
- Depósitos bancarios, compra de propiedades, proyectos de construcción, inversión en empresas legalmente constituidas, adquisición de hoteles, operaciones con divisas y criptomonedas –la modalidad más reciente dentro del crimen organizado–, compra de ganado y caballos pura sangre utilizados tanto en carreras clandestinas como en actividades legales, así como inversiones en restaurantes que se convierten en cadenas o franquicias.
A ello se suma el uso de paraísos fiscales, esas jurisdicciones del sistema financiero internacional especialmente atractivas para políticos corruptos y organizaciones delictivas.
- El Informe Mundial sobre Drogas de 2025 presentado en Viena, Austria, confirma el estrecho vínculo entre narcotráfico y crimen organizado, y señala que el tráfico de drogas continúa como la principal fuente de ingresos de las organizaciones criminales. Si bien no hay una cifra global, los datos regionales permiten hacerse una idea de la situación:
- Tan sólo en Estados Unidos el negocio de las drogas generó ganancias en 2016 por 146 mil millones de dólares, equivalentes al 0.8% del PIB de la mayor economía del planeta.
- En la Unión Europea, ese mercado alcanzó los 31 mil millones de euros en 2021, el 0.3% del PIB comunitario. Entre 2015 y 2019, Colombia exportó cocaína por un valor anual estimado entre mil 200 y 2 mil 600 millones de dólares. En México, el tráfico de enervantes como cocaína, metanfetaminas y heroína generó, en conjunto, más de 12 mil millones anuales.
¿Pero dónde se lavaron esas ganancias?
En paraísos fiscales, en el sistema bancario de Estados Unidos y Europa, por citar sólo algunas alternativas. Estas economías ilegales –señala el informe– no sólo sostienen actividades criminales, también alimentan organizaciones que pueden desafiar al Estado con el uso de la violencia, corrupción y control territorial.
- El Informe Mundial sobre Drogas se adentra en otra senda tan peligrosa como nociva: los grupos especializados en narcotráfico, que no operan con el mismo patrón, sino que se estructuran como organizaciones centralizadas, con jerarquías estrictas, roles definidos, representantes en distintos puntos y un férreo control interno.
Las cuales existen en todo el mundo: el cártel de Sinaloa en México, la Camorra napolitana en Italia o el Primeiro Comando da Capital en Brasil, que imponen normas internas, ejercen control sobre territorios y usan la violencia de forma generalizada para proteger sus operaciones y reputación.
En estos grupos, la toma de decisiones está concentrada en puntos clave de la jerarquía, lo que los hace más vulnerables si son correctamente identificados y desarticulados; sin embargo, la detención de los mandos intermedios, según un reporte de la ONU, suele generar más problemas que eliminar a los líderes visibles, cuya ausencia puede desencadenar guerras internas y un aumento considerable de la violencia. Como contraste, otras organizaciones descentralizadas operan en red todos sus negocios –incluido el lavado de activos–, con estructuras más horizontales y una lógica orientada al comercio más que al control territorial.
- Entre los ejemplos citados en el informe sobre estas organizaciones más ágiles y difíciles de desarticular, hay redes de traficantes albaneses y nigerianos en Europa, grupos criminales dedicados al tráfico de metanfetaminas en el sudeste asiático y clanes familiares en Bolivia y Perú que operan a pequeña escala. Estas redes suelen cooperar con otros actores a lo largo de la cadena global de drogas y comparten con ellos tareas como transporte, distribución o lavado de dinero.
- En vez de imponer un control mediante la violencia, priorizan el flujo de mercancía y la evasión de controles estatales con una especialización por tareas, donde unos grupos se encargan del transporte, otros del almacenamiento, unos más de lavar las ganancias y la distribución de las drogas. Es toda una maquinaria criminal avalada por los gobiernos del mundo. Esta infraestructura permite a las organizaciones criminales reducir su exposición, diversificar el riesgo y mantenerse activas incluso cuando una célula es desarticulada.
- La mejor estrategia policial contra dichos grupos es el uso de infiltrados o la ruptura de la confianza entre distintos miembros y organizaciones, según el informe. La ONU también documenta casos híbridos, como el de la Ndrangueta, una organización italiana que combina formas de dominio territorial en el sur de Italia con actividades como el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Frente a esta diversidad organizativa, el informe advierte que las políticas de “mano dura” o las operaciones indiscriminadas son, en general, poco eficaces y no debilitan a estas redes criminales.
Según el estudio, las estrategias más exitosas son aquellas que se basan en información de inteligencia y una selección precisa de objetivos./PUNTOporPUNTO
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