Organizaciones civiles exigieron “transparencia y responsabilidad” en el proceso de designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sucederá al ministro Arturo Zaldívar tras concluir su periodo.
“Necesitamos una Corte que realmente proteja nuestros derechos, que tome decisiones sin influencias de los poderes ejecutivo y legislativo”, recalcaron en un comunicado difundido en redes sociales.
- El grupo reiteró que la forma en que se tome la decisión es “clave” para garantizar la independencia de la SCJN, la cual añadieron también debe ser “fuerte” y “sólida”.
- Subrayaron que quien ocupe la presidencia se encargará de designar, promover, capacitar, vigilar y, en su caso, investigar y sancionar a los magistrados de circuito y jueces de distrito. Asimismo, será responsable de asegurar que las personas reciban una justicia imparcial.
El o la ministra que resulte elegida por sus pares tiene un papel fundamental para garantizar la independencia de las personas magistradas de circuito y jueces de distrito”, apuntaron.
Por último, afirmaron que para fortalecer el papel de la Corte y “transitar hacia un Estado de Derecho pleno”, se debe hacer énfasis en la independencia judicial, así como la política de equidad de género en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la de transparencia.
Además, apuntaron, se debe abordar el combate al nepotismo y la corrupción al interior del Poder Judicial y la impartición de justicia con enfoque de derechos humanos. Asimismo, instaron a observar la transparencia procesal y la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El próximo 2 de enero de 2023, el máximo tribunal del país elegirá a quien ocupe la presidencia de la SCJN, así como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras concluir el periodo de cuatro años del ministro presidente saliente, Arturo Zaldívar.
Cinco ministros se registraron como candidatos: Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández.
Previamente, el pasado 29 de noviembre, 40 organizaciones, colectivos, defensores y especialistas dirigieron una carta a Zaldivar y a los demás ministros para demandar que la sesión para elegir al sucesor sea pública y se transmita en el canal televisivo del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Asimismo, pidieron que se abra una sección durante la misma para que la sociedad civil pueda hacer preguntas a los aspirantes. Por último, exigieron que estos últimos hagan públicas sus propuestas de planes de trabajo y se habilite un espacio para presentar dudas y cuestiones sobre ellos. No obstante, las organizaciones firmantes del comunicado emitido este martes denunciaron que no han recibido respuesta, a pesar de estar a tres semanas de la votación.
El pasado 8 de diciembre, Zaldívar participó en su última sesión ordinaria, en el caso de Juan Luis López García, Gonzalo García Hernández y Héctor Muñoz Muñoz quienes permanecían detenidos desde el 2015.
Voto abierto en la Corte afectaría independencia del PJF
En votación secreta, el próximo 2 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá a su nuevo presidente.
- Mediante sufragios por cédulas, los 11 ministros decidirán cuál de los cinco aspirantes (Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán o Norma Lucía Piña Hernández) ocupará este cargo durante los próximos cuatro años.
- Desde el pasado 6 de diciembre, 40 organizaciones de la sociedad civil desplegaron una campaña, identificada con el hashtag #CorteAbierta, exigiendo que se transparente el procedimiento y se les permita participar, exponiendo sus propuestas ante los ministros.
Entre las organizaciones que impulsan esta petición están Designaciones, Fundar, Justicia Transicional México y Transversal, entre otras.
- Afirman que es necesario que en esta elección se garantice la independencia del Poder Judicial Federal (PJF), las políticas internas de equidad de género, transparencia, el combate al nepotismo y la corrupción, además de la administración de justicia con un enfoque en derechos humanos.
Entre otras cosas, exigen que se les permita hacer preguntas a los ministros candidatos, en una sesión donde se hagan públicas sus propuestas, y que ésta se transmita en el canal de televisión del PJF.
Estas organizaciones piden que el voto de cada ministro se haga público, con objeto de transparentar sus preferencias y los grupos al interior del máximo tribunal.
- Necesitamos una Suprema Corte de Justicia fuerte, sólida e independiente. Necesitamos una Corte que realmente proteja nuestros derechos, que tome decisiones sin influencias de los poderes ejecutivo y legislativo. Para lo cual, la forma como se desarrolle esta importante decisión es clave para su garantía y transitar hacia designaciones que construyan confianza y legalidad, añaden.
- En contraste, Raúl Mejía, investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, y que también fue secretario de estudio y cuenta de la SCJN, sostiene que la secrecía de la votación de los ministros es natural en un órgano colegiado de sólo once integrantes, y que hacer los votos públicos es una propuesta sin sentido.
Explicó que, por definición, la SCJN, como cabeza del PJF, es un órgano colegiado cuyos miembros no son electos por voto popular, como sucede con los poderes Ejecutivo o Legislativo, y en donde teóricamente no hay preferencias partidistas, por lo que el sufragio mediante cédulas –las cuales son destruidas inmediatamente después de cada ronda de votación–, es necesario para evitar una excesiva politización y división del pleno de ministros.
- Se genera una condición de disfunción tremenda si se abren las votaciones, porque es en el único momento donde hay una cierta animosidad o condiciones de preferencia entre uno u otro, sostuvo el investigador.
- Añadió que en las votaciones y posicionamientos cotidianos en la SCJN se puede ver cuáles grupos existen al interior y las alianzas entre los ministros, por lo que llevarlos a hacer públicos sus votos por la presidencia del PJF no añade ningún elemento útil.
Estoy completamente en desacuerdo, estas ideas son muy pedestres, no creo que haya una reflexión detrás, simplemente que les gusta el chisme: quién votó por quién, ¿no? En el fondo esto no hace ninguna diferencia, sostuvo.
- Señaló también que abrir el proceso a un diálogo entre ministros y la sociedad civil podría traducirse en darles a esas organizaciones una condición de veto por cualquiera de los aspirantes, lo que afectaría la independencia del PJF.
Desde fuera, las votaciones son básicamente quién me cae bien, quién me cae mal, quién ha votado a favor de los asuntos que me importan y quién no. Eso acaba siendo, concluyó Mejía./Agencias-PUNTOporPUNTO
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