RITA MAGAÑA TORRES
El senador del PAN, José Rosas Aispuro Torres, propuso modificar la Constitución para que el Senado pueda declarar desaparición de poderes en cualquier estado, cuando se violen gravemente los derechos humanos de ciudadanos o se compruebe que un gobernante o empleados están inmiscuidos en actos de corrupción.
Dio a conocer que técnicamente se ha constatado la desaparición de poderes en 48 ocasiones, en 23 entidades.
Mencionó que en el 35 por ciento de los 48 casos se trató de declaraciones que tuvieron que ver con una cuestión política, en el 33 por ciento se extinguió un solo poder, en el 10 por ciento se extinguió uno de los poderes y en el 8 por ciento se justificó por la violación a derechos humanos.
Destacó que en la última década se ha solicitado la desaparición de poderes en Oaxaca, en 2006 y en Guerrero, en 2014; en ambos casos el Senado ha acordado que sólo podrá declararse cuando los tres poderes de una entidad federativa hayan desaparecido.
Lo anterior evidencia que no ha existido uniformidad en el criterio de aplicación del artículo 76 de la Carta Magna y en la práctica –en relación a las entidades federativas– tampoco se ha llegado a un acuerdo en el que se establezca el supuesto de desaparición de poderes, subrayó.
En ese sentido, dijo, tan sólo el 53.1 por ciento de las entidades federativas poseen un procedimiento para el caso que prevé el artículo 76 constitucional y además no todas coinciden en que es necesario la desaparición de los tres poderes.
El vicepresidente de la Mesa Directiva establece al menos tres criterios bajo los cuales se declararía la desaparición de poderes: cuando una entidad se encuentre gravemente permeada por la corrupción, y existan pruebas suficientes para suponer que el Ejecutivo o la mayoría de los servidores pertenezcan a la delincuencia organizada.
Además, cuando se hubieren realizado graves violaciones a derechos humanos o violencia desmedida y los poderes no establezcan las medidas necesarias para detener esas violaciones.
Por ello, el legislador por Durango planteó modificar la fracción V del artículo 76 constitucional, a fin de establecer criterios pues “hoy existen dos graves problemas en torno a esa figura”.
La primera, dijo, es saber bajo qué causas puede declararse la desaparición de poderes; y la segunda, es que la figura tenga los suficientes candados para que no se abuse de su uso o que sea utilizada con fines políticos.
Destacó que con su propuesta los senadores tendrán la posibilidad de decretar la desaparición de un solo poder, cuando así se requiera, además de contar con los mecanismos de seguridad para evitar que se utilice con intenciones políticas.
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