SINDICATOS en la 4T: La radicalización de la BATALLA LABORAL

“Napito” pretende enarbolar la bandera del “nuevo sindicalismo”

La reciente creación de la Confederación Internacional de Trabajadores, encabezada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, con 10 federaciones y más de 150 sindicatos y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por Pedro Haces, amenazan ya a las viejas CTM y CROC que por décadas dominaron la vida sindical mexicana.

  • El peso de las nuevas centrales, como la de Gómez Urrutia, se ha dejado ver en conflictos como el de las huelgas en maquiladoras de Matamoros.
  • Además, la presión de estos nuevos grupos ha provocado que dentro de la CTM o de la misma CROC algunos líderes radicalicen sus demandas.
  • Durante el foro sobre la reforma laboral realizado en la Cámara de Diputados, Isaías González, líder de la CROC, una central tradicionalmente pasiva, anunció que el 5 de marzo estallará la huelga en 80 tiendas Wal-Mart de diez Estados del País, en demanda de 20 por ciento al salario y la aplicación, por primera vez, de un bono de 4 por ciento sobre las ventas realizadas por los trabajadores.

Convenios internacionales

  • La detonación de cambios en la vida de los gremios viene de la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y de homologar compromisos con otros países dentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y el Tratado con Estados Unidos y Canadá.
  • Además, en la inminente aprobación de una reforma laboral que favorece a los sindicatos.
  • La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, resaltó que el elemento más importante de la reforma es el rescate de la negociación colectiva, a través de procesos libres y democráticos, para que los trabajadores puedan decidir, a través del voto libre y secreto, quiénes son sus dirigentes.
  • También que se consulte a los trabajadores antes de firmar contratos colectivos.
  • «Estamos en un cambio de régimen, ya no será a la vieja usanza», advirtió la legisladora de Morena, Dolores Padierna.

«Son las nuevas reglas del juego. Es una consecuencia natural del nuevo marco jurídico tanto internacional como nacional. Ese marco, sumado a la nueva realidad política del País, hacen que surjan nuevas asociaciones y tendrá que darse una modernización del sistema tradicional sindical», opinó el abogado laboral Oscar de la Vega.

Germán de la Garza, abogado laboral, apuntó que en el sector empresarial existe incertidumbre porque no saben lo que implica la creación de una Confederación como la de Napoleón Gómez Urrutia.

La creación de un centro federal de registros sindicales demandará un presupuesto adicional de 2,200 millones de pesos

Al participar en la primera de las audiencias públicas de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez, explicó que poner en marcha el proyecto que impulsa el Ejecutivo requerirá un aumento de presupuesto federal debido a la creación y puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que incluye oficinas regionales, 230 conciliadores y 321 oficiales registradores.

  • “Estamos planteando en la iniciativa de reforma, todo esto está dispuesto en los transitorios, hacer la creación paulatina del Centro Federal y Registro Laboral en el año previo, en el 2019. No tenemos todavía la instalación de este centro; sin embargo, a partir del primer año, el costo sería de 100 millones de pesos”, dijo Domínguez.
  • El presupuesto requerido pasará a 1,091 millones de pesos en el 2023, para completar un gasto sexenal de 2,223 millones de pesos.
  • Explicó que mantener las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales en 2019 costará alrededor de 1,832 millones de pesos. En relación entre costo y carga de trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene 432,642 asuntos acumulados y recibe un promedio de 86,500 nuevos casos por año. El costo anual, en promedio, por Junta Especial Federal es de 15 millones de pesos y cada asunto cuesta al año 2,378.97 pesos.

La reforma laboral contempla un plazo máximo de cuatro años para el inicio de las funciones del Centro y los tribunales laborales, y tres años para los centros de conciliación./AGENCIAS-PUNTOporPUNTO

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