Mientras el gobierno de Estados Unidos destaca que las incautaciones de armas ilegales en su territorio aumentaron 125 por ciento en lo que va de la segunda administración de Donald Trump –con más de 36 mil armas decomisadas, entre ellas 4 mil 359 destinadas a organizaciones criminales mexicanas–, un estudio de la Universidad de Georgetown advierte que las medidas con mayor potencial para frenar el tráfico de armas hacia México siguen sin aplicarse, e incluso algunas han retrocedido en los últimos meses.
- La investigación, publicada en mayo por Claire Castrejon y Abigail Tank para el Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown, en colaboración con la iniciativa Stop US Arms to Mexico de Global Exchange, se basa en datos de rastreo de armas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) obtenidos mediante una solicitud de transparencia para el periodo 2015-2024. A partir de ese análisis, las autoras plantean cuatro recomendaciones centrales para Estados Unidos.
Vertificar, inspeccionar, supervisar y legislar
La primera recomendación es establecer la verificación obligatoria de antecedentes en todas las ventas de armas, incluidas las transacciones entre particulares. Actualmente, la ley federal sólo exige este requisito a los distribuidores con licencia federal, lo que deja abierto el resquicio de las ventas privadas, también conocido como el “resquicio de las ferias de armas”.
- Según el tercer volumen de la Evaluación nacional del comercio y tráfico de armas de fuego, de la ATF, publicado en 2024, este canal representó 40.7 por ciento de los tipos de tráfico investigados entre 2017 y 2021.
- La segunda es incrementar las inspecciones en los cruces de salida hacia México. El estudio sostiene que las zonas estadunidenses con mayor concentración de armas rastreadas se ubican junto a las principales carreteras del país, por lo que más personal, tecnología y puntos de revisión en sentido sur reducirían la capacidad operativa de las redes de contrabando.
La tercera es devolver al Departamento de Estado la supervisión de las exportaciones de armas pequeñas, que desde 2020 corresponde al Departamento de Comercio. Bajo este esquema, los exportadores no están obligados a notificar al Congreso ni a registrarse, y se perdió el monitoreo de uso final que antes realizaba el Departamento de Estado.
El estudio recuerda que en septiembre de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio revirtió la mayor parte de una regla de 2024 que había endurecido estos controles, bajo el argumento de generar “cientos de millones de dólares” en oportunidades de exportación para la industria armamentista estadunidense.
- La cuarta es derogar las Enmiendas Tiahrt, que impiden a agencias como la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la ATF conservar y compartir de forma amplia los registros de compra y los datos de rastreo de armas, lo que entorpece las investigaciones sobre los llamados “compradores de paja”, personas que adquieren armas legalmente para traficantes.
Las autoras reconocen que estas reformas enfrentan una fuerte oposición de grupos como la Asociación Nacional del Rifle, que argumentan que derivarían en un registro nacional de armas, prohibido por ley. Como alternativas, plantean que estados como Texas y Arizona –origen de 83.6 por ciento de las armas recuperadas en México y rastreadas a Estados Unidos entre 2015 y 2024– legislen verificaciones de antecedentes a nivel local, como ya lo hizo Nuevo México en 2019, o que se cree un proceso interagencial entre Comercio y el Departamento de Estado para realizar verificaciones de uso final sin imponer cargas adicionales a los exportadores.
El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de EU
Estados Unidos intercepta apenas 3% de las armas que tienen como destino los cárteles en México. El resto cruza la frontera sin ser detectado, alimentando una crisis de violencia que tiene un costo humano directo y medible: de los 19 mil 986 homicidios registrados en México durante 2025, el 75% —casi 15 mil personas— murieron por arma de fuego. Y según estimaciones del gobierno mexicano, 7 de cada 10 armas ilegales en territorio nacional provienen de Estados Unidos.
Frente a ese panorama, el gobierno de Donald Trump presume sus resultados: desde enero de 2025, operativos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) derivaron en la incautación de 36 mil 277 armas de fuego y más de 2.3 millones de municiones vinculadas a actividades ilícitas y grupos criminales. De ese total, 4 mil 359 armas y 648 mil 975 municiones estaban destinadas directamente a organizaciones criminales en México.
Las cuatro recomendaciones centrales del estudio son:
- Verificación obligatoria de antecedentes en todas las ventas de armas, incluyendo transacciones entre particulares. Hoy, la ley federal solo exige este requisito a distribuidores con licencia. El llamado “resquicio de las ferias de armas” — ventas privadas que eluden ese control — representó el 40.7% de los tipos de tráfico investigados entre 2017 y 2021, según la propia ATF.
- Más inspecciones en cruces hacia el sur. El estudio señala que las zonas con mayor concentración de armas rastreadas se ubican junto a las principales carreteras del país, por lo que más personal, tecnología y puntos de revisión en sentido sur reducirían la capacidad de las redes de contrabando.
- Devolver al Departamento de Estado la supervisión de exportaciones de armas pequeñas, trasladada al Departamento de Comercio en 2020. Bajo el esquema actual, los exportadores no están obligados a notificar al Congreso ni a registrarse. En septiembre de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio revirtió la mayor parte de una regla de 2024 que había endurecido estos controles, bajo el argumento de generar “cientos de millones de dólares” en oportunidades de exportación para la industria armamentista.
- Derogar las Enmiendas Tiahrt, que impiden al FBI y la ATF conservar y compartir ampliamente registros de compra y datos de rastreo de armas, obstaculizando las investigaciones sobre “compradores de paja”: personas sin antecedentes que adquieren armas legalmente para traficantes.
Arizona, la puerta de entrada
Arizona se ha consolidado como el principal punto de origen de armas traficadas hacia México. En 2024, el 62% de las armas recuperadas en México y rastreadas hasta una compra reciente en Estados Unidos fueron vendidas en ese estado — particularmente con destino a Sinaloa, donde desde 2024 escaló la violencia por la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.
- En conjunto, Texas y Arizona son origen del 83.6% de las armas recuperadas en México y rastreadas a Estados Unidos entre 2015 y 2024, de acuerdo con los datos de la ATF analizados por Georgetown.
Entre el armamento detectado destacan los rifles calibre .50, altamente codiciados por los cárteles por su capacidad de perforar blindaje. En 2025, el Ejército mexicano confiscó 140 rifles Barrett de ese calibre, más otros 39 de distintos fabricantes — una cifra que, según el reporte, representa apenas una fracción de los que habrían sido traficados en ese año.
- El propio gobierno de Estados Unidos reconoció en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 que el flujo de armas hacia México es un factor clave en la violencia de los cárteles, y que este fenómeno “no solo fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales, sino que también facilita el tráfico de drogas hacia el norte, consolidando un circuito binacional de violencia y mercado ilegal.”
Pero el reconocimiento no se ha traducido en las reformas estructurales que los expertos señalan como necesarias. Las autoras de Georgetown advierten que, mientras persistan los vacíos legales en la venta privada de armas, la falta de inspecciones hacia el sur y el debilitamiento de los controles de exportación, los operativos de decomiso seguirán siendo una respuesta insuficiente.
Como alternativa ante la resistencia política — encabezada por grupos como la Asociación Nacional del Rifle — el estudio propone que estados como Texas y Arizona legislen verificaciones de antecedentes a nivel local, como ya lo hizo Nuevo México en 2019, o que se establezca un proceso interagencial entre los departamentos de Comercio y Estado para realizar verificaciones de uso final sin imponer cargas adicionales a los exportadores.
El debate, mientras tanto, tiene consecuencias concretas en México: la Sedena y la Guardia Nacional decomisaron durante 2025 el cuádruple de armas que la ATF interceptó en ese mismo periodo. La diferencia es que las armas que llegan a suelo mexicano ya han llegado demasiado lejos.
El tráfico de armas se ha vuelto más rentable
La ofensiva antinarco de Donald Trump no ha cerrado el mercado de armas entre Estados Unidos y México; lo ha vuelto más rentable y ha derivado en al menos una ruta nueva, de acuerdo con analistas. El viraje empezó el 20 de enero de 2025, cuando Trump firmó la orden para encaminar la designación de cárteles como organizaciones terroristas y esas designaciones entraron en vigor el 20 de febrero de 2025.
- La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) informó en febrero que desde el inicio de la segunda administración Trump había decomisado 4 mil 359 armas y 648 mil 975 cartuchos que iban hacia México. Esa cifra habla de una ruta aún abierta, con capacidad de reponer pérdidas y de seguir abasteciendo a grupos criminales, incluso bajo mayor presión.
Washington ha amagado con actuar más allá de la frontera y México ha aceptado una coordinación, pero no una intervención. En ese escenario, “el mercado ilegal de armas se vuelve todavía más estratégico para los cárteles que dominan México, dado un posible enfrentamiento ya sea con las Fuerzas Armadas mexicanas, como sucedió con El Mencho o, incluso, con apoyo estadounidense en territorio mexicano”, dice el especialista en seguridad Guillermo Alberto Hidalgo.
El 7 de abril de 2025, el Departamento de Justicia y la ATF derogaron la política de Zero Tolerance, una línea de inspección que había endurecido las sanciones a vendedores con licencia federal. La ATF presentó el cambio como una corrección para, según ellos, “restaurar la equidad y la claridad” en la regulación de armas.
En la práctica, el mensaje fue otro: mientras la Casa Blanca hablaba de aplastar cárteles, una de las principales herramientas para apretar a comercios negligentes o cómplices de los cárteles quedaba debilitada o nulificada.
De acuerdo con Champe Barton, reportero de The Trace, “ninguna agencia federal se ha marchitado tanto bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump como la ATF”.
En esa misma cobertura, Josh Scharff, de Brady, señaló que “cualquier recorte al número de inspectores va a significar menos vigilancia y, en última instancia, menos supervisión sobre cómo opera la industria armamentista”.
- John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, resumió esa contradicción al afirmar que “si Donald Trump de verdad quiere eliminar a los cárteles, debería concentrarse en el flujo de armas; y está haciendo lo contrario”.
- Añadió que “está reduciendo la capacidad de Estados Unidos para detener el tráfico ilícito de armas que llega a los cárteles en México”. Su argumento se apoya en datos de rastreo, inspección y en el desplazamiento de recursos públicos desde el control del tráfico hacia otras prioridades políticas del gobierno de Estados Unidos.
La ATF advierte en sus reportes que las armas rastreadas no constituyen una muestra aleatoria del universo completo de armas criminales; es decir, “los rastreos no permiten convertir cada hallazgo en una fotografía total del mercado”, dice Hidalgo; pero, incluso así, “siguen siendo una de las ventanas más útiles para reconstruir las rutas, los estados de origen, los tipos de armas y los tiempos entre compra y recuperación”, asegura.
Junto con los decomisos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP) y los expedientes penales, esos rastreos permiten irse dibujando en el sistema.
- En 2024, la ATF registró 25 mil 884 armas recuperadas en México y enviadas a rastreo. De ese total, 18 mil 249, equivalente a 70.5%, fueron clasificadas como armas de origen estadounidense; y en 11 mil 57 casos, equivalentes a 60.6%, la agencia pudo seguir la pista hasta un comprador minorista.
“Esto muestra que la ruta principal del tráfico de armas hacia México no nace en un mercado exótico ni en una red marginal imposible de detectar. Nace en puntos de venta legales de EU y termina, después de desvíos y prestanombres, en escenas criminales mexicanas”, señala el experto.
El tipo de armamento está cambiando. En los datos de la ATF, los rifles pasaron de representar 27% de las armas recuperadas en México y enviadas a rastreo en 2019 a 37.5% en 2024./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://stopusarmstomexico.org/wp-content/uploads/2026/05/Castrejon-Tank-Capstone.pdf
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