En Venezuela, la persecución contra organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores de derechos humanos no ha cesado. Bajo el liderazgo del dictador Nicolás Maduro y su aliado más cercano, Diosdado Cabello, el régimen ha ejecutado una serie de acciones orientadas a desarticular la sociedad civil, restringir libertades fundamentales y criminalizar la ayuda humanitaria.
En agosto de 2024, la Asamblea Nacional —controlada ilegalmente por el oficialismo tras comicios considerados ilegítimos por la comunidad internacional— aprobó la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, conocida popularmente como “Ley Anti ONG”.
Impulsada por Diosdado Cabello, la norma impone requisitos excesivos a las ONG, como registrarse en un listado oficial, revelar sus fuentes de financiamiento y abstenerse de realizar actividades que el gobierno considere contrarias al “orden público”. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que esta ley representa una herramienta de censura y represión, diseñada para debilitar el trabajo de defensa de derechos humanos.
ONG acusadas de terrorismo:
En mayo de 2025, ya como ministro del Interior, Cabello acusó públicamente a varias ONG —entre ellas Foro Penal, Provea, Maracaibo Posible y Médicos Unidos de Venezuela— de formar parte de supuestas “estructuras terroristas” que buscan desestabilizar al país. Las acusaciones se basaron en falsas evidencias obtenidas de dispositivos electrónicos incautados a opositores detenidos injustamente, como el exdiputado Juan Pablo Guanipa.
Las organizaciones señaladas rechazaron categóricamente las imputaciones y denunciaron que forman parte de una campaña oficial para criminalizar la labor humanitaria y de defensa de derechos fundamentales.
Represión, allanamientos y detenciones:
Las ONG también han sido blanco de operaciones represivas como la denominada “Operación Tun Tun”, que resultó en más de 70 detenciones arbitrarias, incluyendo activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. La oposición venezolana y organismos internacionales han advertido que estas acciones forman parte de una estrategia para infundir miedo y neutralizar cualquier expresión de disenso.
Estigmatización desde los medios oficiales:
Desde su programa televisivo “Con el Mazo Dando”, Cabello ha señalado, sin pruebas, a activistas y organizaciones como agentes extranjeros o conspiradores, en lo que ha sido calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una “campaña de estigmatización” con fines intimidatorios.
ONG bajo asedio:
Las principales organizaciones afectadas por la ofensiva del gobierno incluyen:
Provea: Histórica defensora de derechos humanos fundada en 1988, acusada de terrorismo sin sustento judicial.
Foro Penal: Han documentado y asistido legalmente a más de 14,000 victimas y presos políticos por 23 años. Sus miembros han sido objeto de acoso y detenciones.
Médicos Unidos de Venezuela: Ha denunciado el colapso del sistema de salud y fue señalada como parte de una red desestabilizadora, fue fundada en 2014.
Fundaredes: Su director y un miembro, Javier Tarazona y Omar Garcia, fue encarcelado el 2 de julio 2021 tras denunciar la presencia de grupos armados irregulares.
Acción Solidaria: Dedicada a la atención de pacientes con VIH/SIDA, fue allanada en 2020 por las FAES.
Espacio Público: Defiende la libertad de expresión y ha enfrentado persecución por denunciar la censura mediática.
Colectivos feministas y LGBT+: Han advertido que la Ley Antisociedad busca silenciar sus actividades de promoción de derechos.
Alimenta la Solidaridad: Se encargaba de dar alimentos a 12 mil niños diarios, pararon operaciones el 15 de mayo de este año afectando a miles de niños, venia trabajando desde 2016.
Acusaciones internacionales contra Diosdado Cabello:
El número dos del chavismo enfrenta múltiples señalamientos como un delincuente a nivel internacional al nivel de Slobodan Milosevic, Omar al-Bashir:
Narcotráfico y narco-terrorismo: El Departamento de Justicia de EE. UU. lo vincula al “Cártel de los Soles” y ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por su captura en 2020.
Asesinato en Chile: En enero de 2025, la Fiscalía chilena lo acusó de ordenar el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, refugiado político en Santiago, a través del grupo criminal Tren de Aragua.
Crímenes de lesa humanidad: En 2024, un tribunal argentino emitió órdenes de captura internacional contra Cabello y Nicolás Maduro por delitos cometidos desde 2014.
Sanciones internacionales: Estados Unidos (2018), Canadá (2017), la Unión Europea (2018) y Colombia (2019) lo han sancionado por violaciones de derechos humanos, corrupción y vínculos con el crimen organizado.
La Sociedad civil esta bajo amenaza:
Las acciones del régimen venezolano contra las ONG evidencian una política sistemática de persecución, represión e intimidación, que busca sofocar la crítica, el activismo social y cualquier intento de organización independiente, afectando familias y en especial a niños. Esta ofensiva ha sido condenada por organismos multilaterales y defensores de derechos humanos a nivel mundial, quienes han advertido que la criminalización de la sociedad civil en Venezuela representa una amenaza directa a los principios democráticos y al estado de derecho, esto va a obligar proximamente que más venezolanos emigren del país y generara más crisis en la región.
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