FUERZAS ARMADAS con MÁS PODER en el Sexenio AMLISTA; legisladores dan Recursos, Voz y Voto al EJÉRCITO

La decisión que tomó hace unos días la Suprema Corte de invalidar el decreto que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) restará labores al Ejército mexicano, una de las organizaciones con mayor poder en este sexenio.

• Y es que a pesar de perder la gestión de múltiples acciones presupuestales y directivas dentro de la Guardia Nacional, el Ejército sigue concentrando una gran parte de las tareas operativas relacionadas con los megaproyectos emblemáticos de esta administración y recientemente, se abrió el camino para que apoye en las tareas de seguridad pública del país hasta el 2028.

La presencia de las Fuerzas Armadas en múltiples campos de la vida pública ha sido objeto de crítica por parte de opositores y grupos de derechos humanos quienes recuerdan al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante su campaña a la presidencia en 2018 se comprometió a mantener a sus integrantes en los cuarteles para evitar que se repitieran los abusos cometidos durante el periodo conocido como Guerra contra el Narco.

Aún así el mandatario ha reconocido públicamente que equivocó la percepción que tenía de las corporaciones militares y ha insistido en que son necesarias para brindar seguridad a los habitantes en medio del entorno hostil que acecha al país.

¿Qué tareas están a cargo del Ejército mexicano?

El 13 de abril del año pasado, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para la conformación de la empresa estatal Olmeca-Maya-Mexica, coordinada por la Sedena.

• De acuerdo con el documento, esta empresa está a cargo de la administración, operación, explotación y construcción del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Asimismo, este fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene la autorización para que una paraestatal pueda administrar aeropuertos y aerolíneas a la vez. Esto después de que en octubre del 2022, López Obrador anunciara el lanzamiento de línea aérea que recuperará el nombre de Mexicana de Aviación y que estará bajo el mando de Olmeca-Maya-Mexica.

• Esta semana, los diputados también aprobaron cambios a diversas leyes que permiten que el jefe del Ejecutivo otorgue asignaciones a empresas del Estado para operar ferrocarriles y otros que contemplan nuevas facultades de la Sedena en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano.
• Además, personal del Ejército y Marina administra la totalidad de aduanas del país. De acuerdo con información recuperada por Animal Político, en los primeros seis meses del 2021, fueron movilizados mil 130 efectivos de Sedena para asumir el control de las 20 aduanas fronterizas. Un año antes, elementos de la Marina-Armada comenzaron sus labores de administración y supervisión de los puertos mercantes.

Por si esto no bastara, en noviembre de 2022, se declaró la constitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional para ampliar legalmente hasta el 2028, el apoyo del Ejército en las tareas de seguridad pública en el país.

La reforma consistió en un cambio al artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, aprobada desde marzo del 2019, en materia de la Guardia Nacional, que establecía que el Ejército prestaría sus servicios de apoyo sólo hasta el 2024, pero la temporalidad se modificó de cinco a nueve años y se amplió hasta el 2028.

Fuerzas Armadas tendrán voz y voto en ciencia y tecnología

Las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tendrán voz y voto en la política de ciencia y tecnología en nuestro país. Ayer en la mañana, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados aprobaron en fast track la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual se otorga un lugar a ambas dependencias en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo Nacional que estará a cargo de este sector.

En cambio, a investigadores, académicos, científicos y otros servidores públicos sólo se les dará un lugar por invitación a la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto.

• De acuerdo con la nueva Ley, la Junta de Gobierno estará conformada por representantes de las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Hacienda, Medio Ambiente, Salud y Cancillería, además de la Sedena y Semar. En la actual ley, no se consideraba a las Fuerzas Armadas.
• Entre sus facultades está aprobar la propuesta para el titular de la Dirección General del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la distribución del presupuesto, el programa de inversiones, decidir el destino de los excedentes y aprobar las inversiones.
• La Junta de Gobierno también tendrá la facultad de reconocer a los Centros Públicos de Investigación, y de evaluar las políticas en la materia. La nueva ley también quitó el presupuesto mínimo de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología. Ahora, los recursos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria.

El quitar el piso mínimo para ciencia y tecnología fue un punto criticado por legisladores de oposición durante la discusión. Sin embargo, pese a que desde septiembre de 2004 la Ley de Ciencia pone como mínimo uno por ciento del PIB, el monto nunca se alcanzó.

En 2022, el gasto orientado a ciencia fue de 55 mil 945 millones de pesos, lo que representó apenas 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el Análisis Público Federal para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por la Cámara de Diputados.

En 2021, el presupuesto para este rubro fue de 51 mil 349 millones, cifra equivalente a 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el mismo estudio; el promedio para los años 2003 y 2012 se estima en alrededor de 0.41 por ciento del PIB, de acuerdo con el informe Análisis comparado del gasto público en ciencia y tecnología: Lecciones para México, elaborado también en San Lázaro.

• El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, advirtió que el proceso carente de diálogo con la comunidad científica va a traer problemas de legalidad y una serie de litigios. “(Tenemos) un gobierno que le teme a la inteligencia, es un gobierno enfermo”.
• Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) Cinvestav, dijo en una entrevista que es un retroceso, eliminar la obligatoriedad del uno por ciento del PIB.

“En este dictamen que se aprueba, si se elimina parte del uno por ciento, es grave, es un retroceso que no tengamos un marco mínimo hacia donde aspirar como país para invertir en ese sector. Es desesperanzador un poco porque en lugar de estar poniendo metas mucho más ambiciosas, lo que hacemos es eliminar un porcentaje bajo el argumento de que no se cumple”, aseveró.

Otro punto de esta Ley es la creación de una Agenda Nacional de Investigación enfocada en “atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana”, algo que para Maldonado pone en riesgo el desarrollo de la ciencia al ceñir la investigación a una agenda centralizada.

• Con la reforma se transforma al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, el cual se encargará de articular la política pública en la materia; y se establece que el acceso universal a las becas —uno de los puntos más importantes de la reforma— estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
• Maldonado calificó de desafortunado el proceso fast track para aprobar la Ley, pues pone en evidencia que la Cámara de Diputados no entendió “la importancia de hacer un buen trabajo legislativo, pulcro y considerando las opiniones, propuestas e iniciativa para lograr una Ley de consenso y que genere una buena opinión con la comunidad”.

Las academias de Ingeniería de México, Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina de México reclamaron la aprobación de la ley sin que concluyeran los foros de Parlamento Abierto.

A través de un comunicado, estas asociaciones instaron al Senado de la República a escuchar los argumentos sustantivos del sector académico sobre las consecuencias negativas de la ley y rechazar lo que aprobaron los diputados.

Diputados avalan dar recursos del turismo a empresa militar

Con un paso más hacia la desaparición del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), los diputados del oficialismo aprobaron cambios a diversas leyes en la materia para otorgar los recursos del Derecho de No Residente (DNR) a una megaempresa paraestatal que estará facultada para controlar, administrar y construir aeropuertos, ferrocarriles, así como dar servicios aeroportuarios, ferroviarios, turísticos y culturales.

• Los cambios en la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, que fueron aprobados por 254 votos a favor en la madrugada de este miércoles, establecen que 80 por ciento de los recursos obtenidos por el DNR (unos 19 mil millones de pesos según la oposición), serán ocupados para dar vida a una megaempresa del Estado que se encargue de planear, realizar estudios, proyectos e inversiones en los sectores de la aviación, ferrocarriles, turismo y cultura.

El 20 por ciento de los recursos restantes serán canalizados al Instituto Nacional de Migración para realizar mejoras en el servicio que este organismo realiza. El costo del DNR vigente es de 687 pesos según información del Instituto Nacional de Migración (IMN) que, además, recibirá el 20 por ciento de los recursos restantes para realizar mejoras en el servicio que este organismo realiza.

• Hasta ahora, los recursos del DNR son utilizados para el funcionamiento del Fonatur que, entre otras tareas, se encargaba de la promoción turística y de la administración y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP), que son polos de alta demanda turística como Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Riviera Nayarit, Cozumel, Huatulco, además de Playa Espíritu.

Le van a quitar 20 mil millones de recursos a Fonatur para militarizar ese presupuesto. ¿Qué va pasar con el mantenimiento de esos destinos turísticos?

• El destino que más aporta es Cancún, «más de 5 mil millones de pesos, quedará sin un peso para mantener su zona hotelera y mermará su calidad, con este dictamen estaremos dando el primer paso para bajar ‘la cortina’ de Fonatur”, criticó la diputada perredista Laura Fernández.

Cabe señalar que, hasta ahora, las empresas conformadas para la operación de aeropuertos, puertos, ferrocarriles y paseos turísticos están a cargo de elementos de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, además que los servicios aeroportuarios han sido entregados al Ejército a través de una reforma en seguridad aeronáutica que fue impulsada desde el Jefe del Ejecutivo.

• La reforma enviada por el presidente, además, se estima que, para el óptimo desarrollo de dichos proyectos, se está proyectando una entidad paraestatal que opere a través de un fideicomiso sin estructura en donde se depositarán los recursos del DNR.
• Si bien la tarifa cobrada a los turistas internacionales que ingresan por mar, tierra y aire había sido arrebatada por el Presidente a inicios de sexenio, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), esos recursos no habían sido etiquetados para ningún fin, pese a que se perfilaba usarlos para la construcción del Tren Maya, una iniciativa que no fructificó.
• El daño a la promoción turística, explicó Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, comenzó al inicio del sexenio, pero podría ampliarse con la participación de la ‘megaparaestatal’.

“Probablemente no sería la mejor decisión el que el estado interviniera en empresas turísticas en tanto hubiera interés de los inversionistas privados”, indicó Madrid.

• El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga, advirtió que el Fonatur ha desaparecido de facto, en esta administración, y dijo que su eliminación, así como el control militar de los Centros Integralmente Planeados pone en duda su funcionamiento.

“Básicamente desapareció el Fonatur. Por supuesto que el mantenimiento de los CIP, pero también la creación de nuevos CIP se pone en tela de juicio, porque este dinero que se ponía en mantenimiento no será una prioridad”, remarcó el representante de los empresarios turísticos.

• Con la creación de la megaempresa, que se perfila a ser entregada a la Sedena, los militares controlarán el 16 por ciento de la oferta de habitaciones en el país, además que deberán administrar los centros vacacionales en donde se concentra el 21 por ciento de la ocupación anual de cuartos de hotel.
• Además, el presupuesto que tendría la paraestatal, de concretarse la iniciativa, que ahora ya está en el Senado para su votación, al menos para este año, sería de más de 27 mil millones de pesos, según proyecciones realizadas por este diario considerando el costo vigente del DNR y la previsión de ingreso de turistas internacionales realizada por la Secretaría de Turismo.

Las modificaciones a la Ley General de Turismo pasaron al Senado, en donde se prevé sean aprobadas por Morena y sus aliados. De igual forma, la Cámara Alta tendrá a discusión los cambios para dar el control de la seguridad aérea a los militares, además de la incorporación de la figura de asignación que permitirá a paraestatales operar aeropuertos y aerolíneas simultáneamente, además de poder controlar ferrocarriles.

Entregan por tiempo indefinido el Tren Maya al Ejército

Nuevamente Morena propuso una iniciativa, a la cual se le dispensaron trámites e inmediatamente fue discutida y aprobada, esta vez fue para asignarle el Tren Maya a la empresa del Ejército, Grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca – Maya – Mexica S.A de C.V. (GOMM), por tiempo indefinido.

Con 263 votos en pro y 218 en contra, los diputados de Morena y aliados aprobaron esta iniciativa presentada por el diputado Pablo Almicar Sandoval, y todo ocurrió en menos de tres horas.

• La propuesta modifica la leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Federativas para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá otorgar asignaciones para construir, operar y explotar vías férreas a entidades paraestatales sin sujetarse a un procedimiento de licitación, y éstas tendrá una vigencia indefinida.

“El título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida. Una vez otorgada dicha asignación no podrá cederse o transferirse bajo ningún título; solo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o razones de seguridad nacional que lo justifiquen”, señala la reforma, la cual pasó al Senado.

En conferencia, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que esta reforma era para permitir otorgar la concesión para la operación del Tren Maya. “Se le agrega un párrafo al Articulo 10 (de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario) para que se tenga la certeza de que el Tren Maya cuente con la concesión por tiempo indefinido”, dijo.

Comisiones del Senado Mexicano aprueban nueva aerolínea del Ejército

Comisiones del Senado mexicano aprobaron este miércoles un dictamen que permite la creación de una nueva aerolínea que estará a cargo del Ejército, además de avalar que empresas del Estado administren líneas aéreas y aeropuertos al mismo tiempo.

• “La propuesta, aprobada con 19 votos a favor y seis abstenciones, plantea que el Gobierno federal pueda operar una línea aérea mediante la figura de asignación directa, es decir, no entraría a un proceso de licitación ”, explicó el Senado en un comunicado.
• En octubre pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que el Ejército trabajaba en la creación de una nueva aerolínea que, dijo, operaría a través de su empresa Olmeca-Maya-Mexica.
• Dicha empresa, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también es la encargada de administrar el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la capital y otros aeropuertos del Caribe mexicano.

Según detalló en aquel entonces el mandatario mexicano, la aerolínea del Estado, que se sumaría a las privadas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, operaría en un inicio con 10 aviones alquilados.

• También adelantó que buscaría que la nueva aerolínea se llame Mexicana, que era la más antigua del país desde 1921 y contaba con participación del Estado, pero se declaró en concurso mercantil en 2010 en un controversial proceso que aún no se resuelve y mantiene a sus extrabajadores en lucha.
• De acuerdo con la información del Senado, las reformas a la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil también están encaminadas a recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea que México perdió desde mayo de 2021.

Además, se le otorgan nuevas facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para autorizar, regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil.

“Será este organismo quien emitirá las reglas de tránsito aéreo, asigne horarios de aterrizaje y despegue y defina las prioridades de turno de las aeronaves en los aeropuertos civiles declarados en condiciones de saturación, además estará a cargo del programa de seguridad de los servicios de control de tránsito aéreo”, precisó.

No obstante, senadores de la oposición mostraron sus reservas pues argumentaron que el Estado debe centrarse en su función, además de que se requiere más inversión en otro tipo de asuntos que le servirían más a la ciudadanía.

Estas reformas, que aún deben pasar al pleno del Senado, se dan en medio de las críticas sobre el creciente poder de las Fuerzas Armadas en el Gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos../PUNTOporPUNTO