El pleno del Senado culminó el proceso de la reforma que permitirá al Estado mexicano revocar los contratos petroleros que tienen particulares, si la autoridad considera que sus actividades ponen en riesgo la seguridad nacional, y permite que Petróleos Mexicanos (Pemex) se quede con las instalaciones de los particulares a quienes se les retiren los permisos para trabajar en el país.
”Esta regla es prácticamente una requisa”, destacó el perredista Juan Fócil, mientras que la priista Claudia Ruiz Massieu detalló el grave peligro que corre México en los órganos de controversia internacional, por violar flagrantemente los tratados internacionales.
- Aprobada con 64 votos en favor, 47 en contra y seis abstenciones, la reforma a la Ley de Hidrocarburos fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ese momento podrán presentarse los recursos judiciales para suspenderla, explicaron las y los senadores de oposición.
- La autoridad competente procederá a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía”, precisa el artículo Cuarto Transitorio.
Y en el Sexto Transitorio dice que “a la entrada en vigor del presente Decreto se revocarán los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos”.
Aunque las y los senadores de Morena negaron que esta reforma implique una expropiación, el nuevo texto dice que “en relación con los permisos a que se refiere esta Ley, la autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros”.
- Los legisladores del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional se manifestaron en contra de la reforma presentada y apoyada por Morena porque fortalece a Pemex como monopolio del mercado, e inhibe la competencia y la libre concurrencia como lo manifestó la titular de la Comisión Federal de Competencia, Alejandro Palacios, el pasado martes en su cuenta de Twitter.
Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la Comisión de Energía, señaló que los legisladores permitieron con el voto de la mayoría una ‘Ley embudo’.
“Así la denominamos, porque lo que viene a dar son amplias facultades y concesiones al gobierno que lo ha hecho muy mal, y reduce toda la participación de toda la industria a aquello que tiene que ver con los participantes, inversionistas”, declaró.
Reforma arriesga 25% de la inversión
Una de las implicaciones internacionales que se genera con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos es que se podría perder hasta un 25 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) ejercida en los últimos 20 años a través del T-MEC, señala un análisis privado de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), en poder de El Sol de México.
“En México, uno de cada cuatro pesos de IED en el sector energético es de procedencia estadounidense y asciende a 11 mil 640 millones de dólares, entre 1999 y 2020”, señala el reporte presentado a sus más de ocho mil socios.
- De acuerdo con el análisis de Onexpo Nacional, las implicaciones internacionales de la propuesta de reforma ponen en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones que llegaron al sector energético desde 2013, tras la reforma constitucional avalada ese año en el Congreso.
- Además, con los cambios a la Ley de Hidrocarburos, Pemex queda con la capacidad legal de tomar el control de terminales de almacenamiento, estaciones de servicios e incluso infraestructura de transporte y distribución privadas nacionales o extranjeras tan sólo con el apoyo de la Secretaría de Energía (Sener) o de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Preocupa a los empresarios que Pemex, un exmonopolio y actual competidor en el mercado nacional, que una posición preponderante y que concentra el insumo esencial de esta industria, tome el control de instalaciones privadas cuyos permisos para operar sean suspendidos.
La Política de Almacenamiento propuesta frenará nuevos permisos. “Éstos se encontrarán en enorme desventaja ante competidores establecidos que han amortizado sus inversiones y costos, después de muchos años de operación”.
La reforma establece textualmente que la Sener o la CRE revocarán los permisos que, a la fecha de entrada en vigor del Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado lo que viola garantías de legalidad, certeza jurídica, debido proceso y acceso a la justicia y harían negatorios los derechos adquiridos.
“Las modificaciones al artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos, ocasionan un costo adicional a los denominados ‘costos hundidos’ de los nuevos permisionarios, ya que a partir de su entrada en vigor estos deben planear (previo a la obtención de los permisos) la capacidad de almacenamiento de sus proyectos, con base en criterios establecidos por la Secretaría de Energía, y no con base en consideraciones reales de oferta y demanda y / o capacidad instalada y / o criterios de rentabilidad de los proyectos, dando lugar a barreras de entrada a los mercados ya las actividades que regulan la Ley de Hidrocarburos ”.
- Entre estas barreras de entrada está la desaparición de la positiva ficta. La ley actual obliga a la CRE a respondedor positiva o negativamente las solicitudes de modificación de cesión de permisos antes de los 90 días naturales, si no hay una respuesta se considera una aprobación de facto, con la nueva ley esto desaparece, de hecho, se crea la negativa ficta.
“La negativa ficta otorgará a las autoridades una mayor discrecionalidad en la resolución de permisos de cesión ya que por el solo hecho de nos contestar dentro del término establecido se entenderá que la solicitud está resuelta en sentido negativo”, señala el análisis.
- La iniciativa fue aprobada ayer en el Senado de la República en lo particular y en lo general, por lo que el siguiente paso es su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
La ley recibió la aprobación de 63 legisladores, en contra de 45 votos que rechazaron la propuesta./Agencias-PUNTOporPUNTO
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