A un año de la primera elección popular de jueces, Magistrados y Ministros en México, especialistas en materia constitucional y judicial dan su veredicto: la reforma impulsada por la Cuarta Transformación le dio el control sobre el Poder Judicial.
- La evidencia más visible es que el Gobierno ha dejado de perder litigios de alto perfil ante la Suprema Corte.
- Créditos fiscales multimillonarios, impuestos a empresarios críticos, bloqueos de cuentas bancarias y diversas reformas impulsadas por el oficialismo han sido resueltos en favor del Ejecutivo.
- La transformación del Poder Judicial comenzó formalmente el 1 de junio de 2025, cuando 881 impartidores de justicia fueron elegidos mediante voto popular.
Desde entonces, el nuevo modelo también ha enfrentado problemas administrativos: protestas de juzgadores retirados por prestaciones pendientes, denuncias de falta de insumos en tribunales y la renuncia de funcionarios, incluidos dos elegidos en las urnas.
«Me parece que las reformas tuvieron, desde su origen, el intento, por quedarse con el Poder Judicial de la Federación, dominar a la función judicial en todo el País», afirmó el Ministro en retiro José Ramón Cossío.
- A su juicio, la modificación constitucional se aprobó sin un diagnóstico serio sobre los problemas de la justicia, y los foros de discusión sólo sirvieron para validar una decisión previamente tomada.
- Las críticas son compartidas por el constitucionalista Diego Valadés, quien considera que la reforma y sus modificaciones posteriores configuran una «pseudo reforma» que eliminó pilares fundamentales del sistema judicial.
«Lo lamentable es que en México se tomó una decisión radical de sustituir a todos los juzgadores federales, excepto a quienes aceptaron las reglas del juego electoral. Esta decisión eliminó la carrera judicial y la independencia judicial, y afectó la calidad de la justicia», sostiene.
A los cuestionamientos se suma José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien identifica como la principal pérdida la desarticulación de la carrera judicial y del capital humano especializado que formó el Estado durante años./Agencias-PUNTOporPUNTO
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