El Supremo de EE UU comenzó ayer a abordar el caso de los dreamers, inmigrantes irregulares llegados de niños que la Administración de Obama protegió y pieza clave en el pulso migratorio que pretende ganar Trump. Los jueces, de mayoría conservadora, ofrecieron indicios de que pueden apoyar al republicano en su decisión de negar el programa DACA que los acoge. La resolución se espera para verano y afectará a 800.000 personas.
El curso judicial del Tribunal Supremo cuenta con grandes casos, pero el que se vio ayer es, por sus diversas implicaciones, un proceso histórico. Los jueces deberán pronunciarse sobre la legalidad de la decisión de la Administración de Trump de cerrar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege contra la deportación y otorga permisos de trabajo a personas que llegaron ilegalmente al país de niños y han hecho de EE UU su hogar. El futuro de cientos de miles de jóvenes, y sus derechos, están en juego.
El caso supone una nueva e importante batalla en la cruzada del presidente Donald Trump contra la inmigración. Y obligará a la más alta instancia judicial del país, además, a pronunciarse sobre los límites de los poderes presidenciales. La resolución, que se espera para el próximo verano, puede caer como un meteorito en la recta final de la campaña para la reelección de un presidente que ha convertido la mano dura con la inmigración en uno de los cimientos de su mandato.
El propio presidente calentaba la mañana con un tuit en el que defendía que “muchas de las personas bajo la DACA ya no son muy jóvenes y están lejos de ser ángeles”. “Algunos son criminales muy duros y reincidentes”, añadía el republicano, ignorando que uno de los requisitos para acogerse al programa, introducido por la Administración del demócrata Barack Obama en 2012, es precisamente carecer de antecedentes penales.
• Ante las escaleras de la corte, cientos de ciudadanos desafiaban al frío arropando a los dreamers, llegados de todo el país y que defendían pacíficamente su derecho a conservar su estatus legal y a perseguir sus sueños en el único hogar que conocen. “Nuestra esperanza es que los jueces vean nuestra humanidad, nuestros valores y cómo hemos contribuido a este país, que es nuestro hogar”, decía ante las escaleras del Supremo la dreamer Eliana Fernández, una de las demandantes, llegada desde Nueva York.
• En el interior del tribunal, en una sesión que se prolongó durante una hora y media, los jueces conservadores, dos de ellos nombrados por Donald Trump y que se imponen por cinco a cuatro a los de sensibilidad más progresista, ofrecieron indicios de que están dispuestos a apoyar al presidente en su deseo de poner fin al programa.
• La DACA ofrece, a los dreamers que lo soliciten, protección contra la deportación y permiso de trabajo. Deben renovarlo cada dos años y no constituye un camino a la plena ciudadanía. A pesar de que Trump había expresado en el pasado simpatía hacia los dreamers, en 2017 decidió poner fin al programa. Pero lo hizo alegando un solo motivo: que Obama, como presidente, no tenía la competencia para ponerlo en marcha.
Dicha justificación, según defendió ante el Supremo el abogado Theodore Olson, permitía a la Administración eludir las consecuencias políticas de acabar con el programa, que goza de un abrumador apoyo en la sociedad, según todos los sondeos, y pasaba la patata caliente a la justicia. “La Administración no quiso hacerse dueña de la decisión”, dijo Olson.
Ese es el principal argumento de los abogados que representan a los dreamers. Alegan que, por motivos políticos, la Administración recurrió al argumento de la falta de autoridad, en vez de invocar la discrecionalidad política. Si hubiera declarado sencillamente que eliminaba el programa por razones políticas, la Administración habría hecho un uso rutinario de su discrecionalidad ejecutiva. Pero la ley establece que los jueces pueden revocar acciones de la Administración que sean “arbitrarias y caprichosas”. Al justificarla únicamente en un argumento legal, defienden los abogados de los dreamers, dicha decisión de la Administración de Trump fue “arbitraria y caprichosa”, y el poner fin a un programa del que dependía el futuro de casi 800.000 personas constituyó un ejercicio ilegal del poder presidencial. Eso es lo que determinaron instancias judiciales inferiores. Pero las intervenciones de ayer de los jueces conservadores parecen indicar que no tienen tan claro que sea así.
Varios de los jueces conservadores se mostraron escépticos con que el tribunal pueda revisar la decisión de la Administración de poner fin a la DACA. Incluso el presidente de la sala, el juez John Roberts, que sería decisivo en un hipotético empate, cuestionó que pudieran añadirse más razonamientos a los ya aportados por la Administración. Preguntado por el progresista juez Stephen Breyer sobre qué sentido tendría devolver la iniciativa a la Administración, el abogado Michael Mongan aseguró que podrían no atreverse a eliminar la DACA como medida política: “No sabemos qué harían si se enfrentasen a una elección discrecional”./EL PAIS-PUNTOporPUNTO
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