El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un par de iniciativas presidenciales que habían sido postergadas. Diversas informaciones señalaban que existían diferencias entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con la Secretaría de Seguridad (SSP).
La iniciativa que presuntamente fue la causa de estas diferencias fue la nueva Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que, aunque fue aprobada presenta algunas inconsistencias. Por ejemplo, los accesos a la información que soliciten los gobiernos de las entidades federativas serán fijados por la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, no hay una garantía que la información que proveen las secretarías de seguridad y las fiscalías de los estados pueda ser utilizada por todos, aunque pareciera que es una medida necesaria en el marco de desconfianza por algunas relaciones de mandos de seguridad con la delincuencia.
Por lo que se refiere a la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública las inconsistencias son preocupantes. La nueva Ley suprime el concepto de Carrera Ministerial, Carrera Pericial, Carrera Policial y Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. También suprime el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada y el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Suprime las causas de cancelación y suspensión de ministración de los recursos a las entidades federativas y suprime el concepto de Instalaciones Estratégicas. Hoy en día el Sistema Nacional de Seguridad Pública, diseñado precisamente para articular esfuerzos entre federación, estados y municipios, pareciera que opera de manera fragmentada, con poca capacidad de inteligencia compartida y fuerzas policiales que en muchos casos carecen de entrenamiento básico y equipamiento adecuado.
Ambas iniciativas fueron modificadas con procedimiento ajeno a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Antes fue aprobada la Ley de la Guardia Nacional, así como un paquete de 8 normas del sector militar, para concretar el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA.
Sin embargo, ninguna ley será suficiente sin dejar de combatir el cáncer de la corrupción. Por otra parte, el control de confianza debe ser obligatorio para todos los cuerpos policiales, con evaluaciones periódicas y consecuencias reales para quienes fallen, en el que las escuelas de formación policial requieren homologar sus estándares a nivel nacional.
El componente más olvidado, y quizá el más importante, es la prevención social. Mientras haya comunidades enteras donde el crimen sea el único empleador disponible, ningún operativo de seguridad civil o militar resolverá el problema de fondo.
El verdadero reto por superar es político. Parece que poco a poco la presión social y mediática hace pensar de la necesidad de valorar un Pacto Nacional por la Seguridad que trascienda gobiernos y colores partidistas.
Otras ciudades más violentas pueden transformarse en sitios seguros con estrategias y acciones consistentes. En México hemos visto avances cuando hay continuidad en las políticas, funcionales pero cada cambio de administración suele traer consigo un reinicio absurdo y doloroso, señal de la carencia de una política de Estado.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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