La necesidad de que el Estado Mexicano, sus instituciones de seguridad y las fuerzas armadas dispongan de una Agenda Nacional de Riesgos responde a la exigencia de dotar al país de una visión prospectiva para anticipar, articular y neutralizar los factores que atentan contra la supervivencia, la estabilidad y la soberanía nacional.
Lejos de ser un simple documento burocrático, este instrumento de inteligencia estratégica se erige como la brújula orientadora que articula las decisiones del Poder Ejecutivo con los planes sectoriales de las fuerzas armadas y los órganos de seguridad, en apego a los principios rectores de la normatividad constitucional.
En el diseño orgánico del Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda a la Federación la preservación de la soberanía, la defensa del territorio y la salvaguarda de las instituciones democráticas. Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional conceptualiza a la seguridad como el conjunto de acciones encaminadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Para materializar dicha premisa, la ley prevé la formulación de la Agenda Nacional de Riesgos como un producto fundamental que identifica las vulnerabilidades, evalúa la probabilidad de ocurrencia de fenómenos adversos y pondera sus posibles manifestaciones. De esta forma, la agenda traduce las directrices del Plan Nacional de Desarrollo en prioridades estratégicas, permitiendo que el Consejo de Seguridad Nacional proyecte respuestas institucionales coordinadas y eficaces frente a un entorno nacional e internacional dinámico y complejo.
La relevancia doctrinaria de esta agenda se fundamenta en la íntima interrelación entre poder nacional, seguridad y desarrollo. El poder nacional constituye la síntesis de medios políticos, económicos, sociales y militares activados por la voluntad del Estado para alcanzar y preservar sus objetivos vitales. La seguridad y el desarrollo representan dos vertientes complementarias e indisociables de la entidad estatal: sin una condición razonable de seguridad, las aspiraciones de progreso socioeconómico se ven paralizadas; a su vez, la falta de desarrollo profundiza las brechas de vulnerabilidad estructural que nutren los riesgos internos.
En este contexto, la Agenda Nacional de Riesgos actuaría como el catalizador estratégico que equilibra ambos ejes, garantizando que el empleo del poder público no sea meramente reactivo frente a las emergencias, sino preventivo y orientado al fortalecimiento institucional, cosa que todavía no está fortalecido debido a su ausencia desde la administración pasada.
Desde la perspectiva de las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad, contar con este diagnóstico prospectivo es indispensable para normar el planeamiento defensivo y operativo.
Por su parte, la toma de decisiones estratégicas exige transformar la diversidad de presiones y antagonismos en hipótesis concretas de conflicto y de guerra. La Agenda Nacional de Riesgos proporcionaría la base empírica e informativa para que los mandos militares y civiles identifiquen las áreas estratégicas de aplicación del poder dominante y determinen las prioridades de alistamiento, despliegue e inteligencia militar. Sin una agenda consensuada, los cuerpos de seguridad corren el riesgo de dispersar sus recursos materiales y humanos en tareas fragmentadas, debilitando la capacidad de respuesta ante amenazas graves que pongan en peligro el orden constitucional o la provisión de servicios indispensables.
Asimismo, la agenda resultaría vital para consolidar la unidad doctrinaria entre los distintos campos del poder. En una época en que los desafíos a la seguridad trascendieron el ámbito estrictamente militar e incorporaron dimensiones de ciberseguridad, crimen organizado, degradación ambiental o pandemias, el abordaje de las amenazas exige un enfoque integral y multidimensional.
La Agenda Nacional de Riesgos ofrece un lenguaje común y un mapa de prioridades compartido entre las dependencias civiles del gabinete y las secretarías que integran las fuerzas armadas. Esto evita la duplicidad de esfuerzos, agiliza los protocolos de gestión de crisis y asegura que la actuación de los organismos de seguridad se alinee de forma permanente con el respeto a los derechos humanos y las garantías que sustenta la ley fundamental.
En conclusión, la existencia de una Agenda Nacional de Riesgos dota al Estado Mexicano de los temas necesarios para establecer o consolidar un pensamiento estratégico institucionalizado, asegurando la continuidad de la nación en un marco de paz, estabilidad y soberanía. Lo deben entender.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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