Por CARLOS RAMOS PADILLA
De la manera más escueta y absurda la titular de la Fiscalia General de la República, Ernestina Godoy, aseguró que nuevos testimonios apuntan a la existencia de videograbaciones del caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa que presuntamente fueron ocultadas. Una tragedia que de siempre fue politizada y comercializada por amlo en su búsqueda del poder.
Manipuló, engañó y prometió que durante su administración se llegaría a la conclusión cosa que nunca ocurrió sino que continuó con la proyección de funcionarios corruptos y hasta criminales.
Hoy, de acuerdo a la fiscal Godoy, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban los normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales la noche del 26 de septiembre de 2014.
Afirmó que, aunque en un inicio se concluyó que esas imágenes no existían por supuestas fallas técnicas, diligencias posteriores desmintieron esa versión. Dos testigos protegidos declararon que las grabaciones fueron sustraídas y que presuntamente Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
En múltiples ocasiones, quedan los testimonios, nos preguntamos por qué los diferentes gobernantes, en todos los niveles, protegieron a Ángel Aguirre. No se le mencionaba, no se le involucraba, no era llamado a declarar. Ahora sí, después de la verdad histórica que fabricó Alejandro Encinas y que llevó a la detención de Jesús Murillo Karam, fue detenido Angel Aguirre por su supuesta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural.
El exgobernador de 70 años, a más de una década, es considerado presunto responsable del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra”. O sea, tarde pero las facturas políticas llegan y se cobran.
Lo curiosos es que ahora se habla de un “nuevo modelo de investigación, y el reanálisis de las actuaciones existentes”. Esto derivó, aseguran las autoridades, que implicaron “nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel Aguirre, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”.
El ex gobernador guerrease, egresado de la UNAM, fue trasladado como criminal al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de Mexico, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Dos semanas antes, un juez cambió la prisión domiciliaria por un grillete electrónico con restricción de movilidad al ex procurador Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa.
Fue encarcelado en 2022, pero su defensa consiguió la prisión domiciliaria. El mismo día, otro juez condenó a 105 años de prisión a Santiago El carrete Mazari, exlíder del grupo criminal Los Rojos, por secuestro y delitos contra la salud.
Mazari fue uno de los capos locales a los que las familias de los jóvenes pidieron ayuda en 2015 intentando descubrir pormenores de lo ocurrido, desconfiando abiertamente del gobierno federal. Todo esto, junto con la aprehensión de Ernesto Ruffo, la captura de varios capos en Estados Unidos, Rubén Rocha Moya, la orden de captura a Adán Augusto López, los extraños viajes de políticos a España, y otras casos más, no hacen más que mostrar lo putrefacto del mundo político, específicamente durante el pasado sexenio y parte del actual.
Podría pensarse que sin distractores pero asumiendo que así sean eso no disminuye el grado de deterioro y corrupción en las más altas esferas del gobierno.
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