Los capitalinos hemos sido testigos de los problemas que se han suscitado a la luz de la reelección del titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Están pendientes por resolver diversos amparos en contra de dicho acto. Si los ciudadanos no nos ocupamos de los asuntos de gobierno o de carácter legislativo, menos los temas relativos a los asuntos judiciales. No debiera ser así. El Poder Judicial representa ni más ni menos la esfera en donde se castiga o no a aquéllos que violan disposiciones constitucionales y legales.
La impunidad es, desde mi perspectiva, el principal problema de los mexicanos. Es decir, la ausencia o falta de castigo después de la transgresión de la norma. La consecuencia de ello es la imposibilidad de personas particulares o morales de tener acceso a la justica. Se habla entonces de una triple victimización. La primera viene dada por la comisión de la violación legal o constitucional, la segunda se realiza durante el proceso, y la tercera victimización con la impunidad como producto de ese proceso fallido.
De acuerdo con el INEGI, los capitalinos somos los mexicanos que menos percibimos que los delincuentes sean castigados, con un nivel de confianza de 0.91 muy por debajo de Chiapas (13.96) y de la media nacional de 5.05. Dicha percepción es refrendada por la relativa a la ausencia de corrupción en el sistema judicial, en donde los capitalinos, otra vez, somos los que menos identificamos a los jueces como no corruptos (13.6), muy por debajo de Coahuila (47.4) y la media nacional (28.8). Pero eso no importa a los integrantes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial del D. F. ¡La lucha por el poder es lo prioritario, lo demás puede esperar!
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