RITA MAGAÑA TORRES
La Comisión Permanente del Congreso realizó la declaratoria de aprobación, avalada por el voto de 20 congresos estatales, de la reforma a los artículos 18 y 73 de la Constitución Política en materia de justicia para adolescentes.
El presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa Huerta, dijo que la presidencia de esta instancia legislativa seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este proyecto de decreto, que se integrarán al expediente.
En el artículo 18 se especifica que las entidades federativas deberán establecer un sistema integral de justicia para adolescentes, entre 12 y 18 años de edad, que hayan delinquido, para que éste garantice sus derechos mediante la asistencia social.
Señala que el proceso de justicia para este sector de la población será acusatorio y oral, y las medidas impuestas deben tener como finalidad la reinserción social de los menores infractores.
La reforma al artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, a escala nacional en el orden federal y fuero común.
Al respecto, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que en el próximo periodo ordinario de sesiones, se debe garantizar crear una ley nacional que unifique un sistema de justicia para menores, porque se encuentra disperso y hasta es contradictorio con el artículo 18 constitucional.
Subrayó que se tendrán que unificar sanciones de privación de libertad, medidas alternativas a ésta, responsabilidad de la asistencia social con menores de 12 años y cómo tiene que trabajar el Estado para resarcir derechos de los adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
El senador del PRI, Arturo Zamora, destacó que el sistema penal entra a una etapa totalmente diferente, pues la Ley de justicia para adolescentes establece la prevención de la comisión de delitos por menores de edad, bajo una óptica de trabajo social y familiar.
En los siguientes 180 días, como lo establecen los artículos transitorios, acotó, las entidades y el Distrito Federal deben armonizar sus normas para garantizar valores tutelados en la propia norma penal, como son la vida, libertad y patrimonio, que sean transgredidos por conductas imprudentes o intencionales de los menores, cuyos derechos humanos tendrán que ser protegidos.
El proyecto de decreto tuvo el voto a favor de las siguientes entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Puebla.
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