GOBIERNO RECORTA los recursos para el desarrollo de INFRAESTRUCTURAS

El destino de recursos públicos para el desarrollo de infraestructura vive una crisis que ya dura cinco años. Desde 2015, sufre recortes presupuestales que han puesto en jaque a muchas constructoras y han frenado el crecimiento del país en una actividad que es una importante fuente de empleo.

En el año 2014, la inversión física —el gasto destinado a la construcción de obras públicas— alcanzó niveles máximos de los últimos 20 años, al registrar 819,940 millones de pesos (mdp), y representó el 18.1% del gasto neto presupuestario.

A partir de ese año, y a raíz de distintos recortes al presupuesto, comenzó el declive de este rubro, según cifras actualizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Hubo un pequeño repunte en 2018, el último año del gobierno a cargo de Enrique Peña Nieto, pero en 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este gasto fue el más bajo desde 2007, al cerrar en 564,482 mdp.

Sin embargo, en lo que va de este año, este indicador muestra signos de recuperación. “Aunque el gasto corriente esté sufriendo reducciones, la inversión física sigue siendo una prioridad: subió 16% para el gasto federal, y 13% para Pemex. Básicamente, ayudan a recuperar porque hubo recortes el año pasado”, dice Félix Boni, director de Análisis de la agencia calificadora de riesgo HR Ratings.

De enero a junio en este segundo año de la actual administración, la inversión física reportó 326,075 mdp, lo que representó el 11.2% del gasto neto. En comparación con el mismo periodo del año pasado, creció 16%. Pero si lo comparamos con el primer semestre de 2014, el segundo año de la administración a cargo de Enrique Peña Nieto, hay una menor distancia: en ese entonces se destinaron 395,093 mdp, que representaron el 18.2% del gasto neto.

Un menor porcentaje en proporción al gasto neto viene en sintonía con los menores ingresos reportados por el gobierno en la primera mitad del año en curso, principalmente a causa del paro de actividades económicas para evitar la propagación del COVID-19.

“Después de muchos años de sub-invertir en infraestructura, tienes una situación en donde se va quedando rezagada esa infraestructura y donde no estás invirtiendo en un sector que crea muchos empleos, ya que no nada más son los trabajadores para construir una carretera, por ejemplo, sino todo lo que viene por mantenimiento, valor económico alrededor de la carretera… Esta reasignación del gasto de la inversión debe ser sumamente cuidada”, comenta Esteban Polidura, jefe de Coordinación de Soluciones y Productos de Inversión en Lationamérica del banco suizo Julius Baer.

De acuerdo con Félix Boni, el impulso de la inversión física pública es vital para incentivar la inversión de la iniciativa privada e impulsar la economía.

• Grupo Financiero Monex estima que, para que la economía de México crezca al menos 3%, se requiere de una inversión (pública y privada) de 25% a 27% del PIB. Pero la inversión física del sector público en proporción del PIB ha venido en declive: desde el 4.2% de 2015 al 2.3% en 2019, según cifras de Hacienda.
• Esta Secretaría detalla que los montos destinados en lo que va del año se han enfocado a obras públicas del sector energético, con 41.6% del total, especialmente para el manejo y transportación de hidrocarburos (37.6%). Además, para comunicaciones y transportes fueron 5.8% de los recursos, y apenas 1.8% para salud.

No obstante, del monto total para inversión física, 28,248 mdp fueron registrados para inversión en Asuntos económicos, comerciales y laborales en general, de estos, 27,000 mdp (8.2% del gasto en inversión física) corresponden al programa Apoyo Financiero para Microempresas Familiares, que son los créditos a la palabra que se activaron como apoyo a empresas por la contingencia sanitaria, y no representan una inversión para el impulso del desarrollo de obras públicas, de acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Aún puede redireccionarse la situación de la industria de la construcción: CMIC

La industria de la construcción, que impacta a 185 de 262 ramas económicas, llegó mal a la pandemia de Covid-19. Pese a que en mayo pasado fue considerada actividad esencial, el panorama no ha cambiado, principalmente por la disminución de la inversión del gobierno federal en infraestructura, pero todavía puede redireccionarse.

Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo a La Jornada que, a pesar de que la comunicación que mantienen con el presidente Andrés Manuel López Obrador es buena, no han logrado convencerlo con sus propuestas.

La construcción es la cuarta actividad que más aporta al producto interno bruto (PIB), al representar 8 por ciento, y es la tercera generadora de empleos.

El sector pasaba por una mala racha antes del Covid-19. En marzo cayó 7 puntos porcentuales a tasa anual. En abril, cuando se suspendieron las actividades, se desplomó 38.4. Al quinto mes descendió 36 por ciento anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• El valor de la producción generado descendió 17.1 por ciento en marzo. En abril, cuando empezó el confinamiento, disminuyó 32.1, mientras en mayo se contrajo 34.2.
• Ramírez Leal explicó que la situación actual de la actividad se debe a diversos factores. Uno de ellos es la caída de la inversión dirigida desde el gobierno federal para infraestructura, que pasó de 6 por ciento en relación con el PIB hace 12 años a 2.6 en la actualidad.
• El gasto que hace el gobierno en carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas e infraestructura energética, agregó, se programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero es preciso modificarlo, pues ese 2.6 por ciento ha sido similar en los pasados cuatro años.

Es necesario, consideró, visualizar que la infraestructura requiere mantenimiento, conservación, ampliación y hacer mucha obra nueva para ser un país competitivo y tener mejores condiciones de bienestar. De lo contrario, la reconstrucción costará hasta cuatro veces más.

Comentó que si bien la industria respalda a López Obrador en su lucha contra la corrupción, ésta ha inhibido que los empresarios sean convocados. Además, ha provocado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargue de proyectos y ello desplaza la formalidad de ese sector.

• El presidente de la CMIC resaltó que sin bien no tienen nada en contra de la Sedena, los empresarios pueden edificar el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y los 32 hospitales del Insabi, entre otros proyectos.

Apuntó que la realización de las principales obras del gobierno, como la refinería en Dos Bocas o el AISL durante el confinamiento, no evitó que el valor de la producción de las constructoras se contrajera 34.2 por ciento, pues los trabajos están a cargo de grandes firmas.

“Esta industria está muy golpeada por políticas públicas o porque no han escuchado el problema que tenemos en relación con la poca oportunidad de participación que se le está dando.

La caída tan fuerte de esta industria deriva de que se invierte menos de manera general, lentamente, subrayó.

Datos del Observatorio de la Industria de la Construcción señalan que el avance de las principales dependencias que invierten en obra pública a junio fue de 7 por ciento contra el monto aprobado, aunque el gasto de la SCT es el que presenta mayor avance (72.2 por ciento).

Ramírez Leal consideró que las cifras son desalentadoras, porque se desconoce si se está transparentando todo lo que se contrata o algunas obras ya han sido asignadas de manera directa.

Por el lado de la inversión privada, el combate a la corrupción de la actual administración, dijo, también ha detenido proyectos y causado incertidumbre, como la planta cervecera de Constellation Brands en Baja California. Todo eso genera un poquito de intranquilidad, pero nosotros estamos seguros de que estamos a muy buen tiempo de redireccionar esta caída.

Detalló que solicitarán mesas de diálogo con los actores políticos para planear la infraestructura. Además entregarán, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, proyectos para que sean considerados por el sector público. Añadió que la administración también debe dar contratos a las pymes de la construcción.

Alrededor de 3 mil compañías, aseguró, no volverán a operar, porque no pueden estar más de 10 semanas detenidas y menos sin una estrategia de apoyo.

• Datos del IMSS señalan que en junio anterior el número de empleos registrados en el sector cayeron 11.6 por ciento anual. Ramírez Leal aseveró que durante la pandemia se perdieron 500 mil trabajos, pero los números no coinciden porque algunos patrones llegaron a acuerdos con los trabajadores y al menos 300 mil fueron dados de baja de manera definitiva.

Adelantó que están programando una reunión con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, para promover proyectos en los que se requiere participación privada, porque se necesita atraer a los inversionistas en estos momentos.

IP busca apoyo de gobernadores para plan de infraestructura

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) busca el apoyo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para impulsar una cartera de 242 proyectos de infraestructura con una inversiones 294 mil millones de pesos.

En una reunión encabezada por el presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, José Manuel Carreras, los integrantes del CCE, que dirige Carlos Salazar Lomelín, presentan el plan del sector privado para reactivar la inversión y empujar la economía de manera integral en todo el país, a más de ocho meses del fallido acuerdo con el gobierno federal.

• De acuerdo con los empresarios de la Comisión de Infraestructura del organismo cúpula del sector empresarial, la apuesta se lanza con miras a que con el aval de los gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconsidere los proyectos y se creen las sinergías para que aquellos proyectos que no alcancen a etiquetarse en el Presupuesto de Egresos federal se realicen con mecanismos de financiamiento público privado.
• Para el 19 de agosto está prevista una reunión entre los integrantes de la Conago y el Presidente para tratar lo relacionado con la estrategia frente a la pandemia por el coronavirus, el regreso a clases y también el tema haciendario-fiscal, adelantó hace unos días José Manuel Carreras.

El nuevo plan de infraestructura al que tuvo acceso El Sol de México, considera inversiones en las 32 entidades del país, pero casi la mitad se concentra en seis estados: Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero y el Estado de México.

Con estas obras se busca beneficiar a todas las cadenas productivas en sectores como telecomunicaciones y transportes, hídrico, desarrollo urbano, turismo, educación, cultura e hidrocarburos.

Para la inclusión de los proyectos se consideró la opinión de los respectivos secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de cada gobierno estatal.

• La cartera detalla los estudios de impacto financiero, medioambiental y social que se requieren para cada una las obras.
• Entre los proyectos incluidos en este nuevo paquete están la rehabilitación, conservación y mantenimiento de 82 caminos libres de peaje en el Estado de México, con una inversión público privada de 13 mil 600 millones de pesos.

Con este mismo esquema se plantea invertir cinco mil millones de pesos para desarrollar las obras viales que conectarán las terminales aéreas Felipe Ángeles, la de la Ciudad de México y la de Toluca, que conforman el Sistema Aeroportuario Metropolitano.

Además, con financiamiento público se proyecta la construcción de cinco colectores en Baja California, dos puentes, dos pasos a desnivel y tres bulevares en el municipio de Mexicali, que en conjunto representan inversiones por dos mil 338 millones de pesos./Agencias-PUNTOporPUNTO