La puesta en marcha de la Ley de Outsourcing en México, aprobada en abril, ha sido lenta y turbulenta.
- Así lo consideró Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad (Concaem), quien aseveró que el registro para empresas y trabajadores que laboran bajo este esquema resulta inconsistente y limitado.
También subrayó que la aplicación de esta norma llega en uno de los momentos más complicados para las empresas en el país, y no es precisamente un incentivo para la generación de empleos.
“La puesta en operación de esta disposición aprobada en abril, ha sido lenta y turbulenta, pues la plataforma de registro para las empresas prestadoras de servicios de subcontratación, así como para los trabajadores, tiene inconsistencias y el avance al momento es limitado”, aseguró.
Ante ello, el representante empresarial propuso la prórroga para la puesta en marcha de estas disposiciones, para que no sea sólo de un mes, sino que se aplique de manera igualitaria a los entes gubernamentales; es decir, hasta enero de 2022.
Indicó que, es justo el gobierno quien tiene un mayor número de contrataciones en este esquema por lo que la iniciativa privada exige igualdad de circunstancias en la aplicación de la nueva normatividad, toda vez que el escenario económico y de salud que se enfrenta resulta adverso.
- Al momento, precisó, son más de 3 millones de trabajadores en el país los que aún están bajo este esquema y que deben definir su situación ante estas nuevas disposiciones, sin embargo, la atención de los empresarios en este momento se centra en mantener las operaciones a flote.
Cabe mencionar que el 40% de los patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), utiliza el outsourcing como método de contratación, lo que representa cerca de 400 mil empresas, de las cuales alrededor del 12% están ubicadas en territorio mexiquense.
Outsorcing al 30% en IP y 17% en Gobierno
Al vencer el plazo, el pasado sábado 24 de julio, para que la iniciativa privada regularizara a sus trabajadores subcontratados, 30 por ciento de las empresas ya cumplió con esta medida, mientras que 17 por ciento de dependencias de la administración pública federal mantienen vigentes contratos con firmas que ofrecen servicios de outsourcing, en el ramo de limpieza . De acuerdo con cifras del gobierno federal, alrededor de 20 mil empresas se ajustaron a la reforma sobre subcontratación al regularizar a su plantilla laboral en nómina.
- Por su parte, según datos de la plataforma Compranet, tan sólo dos empresas de limpieza, Asbiin S.A. de C.V. y Limpieza Jored S.A. de C.V, firmaron 77 contratos que están activos con 29 dependencias federales (17 por ciento del total) como la Presidencia de la República, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Fiscalía General de la República (FGR), Banobras, Conagua, el Centro de Integración Juvenil y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otras.
- A excepción de Banobras, los contratos del gobierno federal estarán vigentes hasta el último día de diciembre de este año. En el caso de Banobras, tiene un contrato con Asbiin SA de CV por 30 millones 760 mil pesos que tiene vigencia hasta el último día del año 2022. Según la reforma para atacar la subcontratación u outsourcing abusiva, la administración pública, tanto federal como estatal, tienen hasta el primero de enero de 2022 para dejar de subcontratar personal bajo esa modalidad.
En tanto, los 77 contratos activos del gobierno federal significan un costo total de 299 millones 674 mil 562 pesos, que fueron signados por las dependencias federales en este año para los servicios de limpieza de sus instalaciones. En caso de que las dependencias decidan acabar anticipadamente con el contrato, deberán pagar costos relacionados a la terminación anticipada de los servicios, dependiendo de cada contrato.
- Para la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, esa diferencia que hizo el gobierno federal para que las reglas de la subcontratación en la administración pública federal entren en vigor hasta el 1 de enero de 2022, fue desigual, debido a que la IP tuvo apenas tres meses (hasta el 1 de agosto próximo). “Esa diferenciación fue muy discriminatoria con la iniciativa privada, ya que la terciarización para el gobierno federal entra en vigor el 1 de enero y a la iniciativa privada sólo les dieron 90 días”, señaló.
Incluso acusó que al darles poco tiempo a las empresas para que se regularicen, se arriesgaron millones de empleos que estaban en modalidad de subcontratación, debido a que muchas empresas no han podido ajustarse a las nuevas leyes, como el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con su respectivo pago de adeudos ante el IMSS y ante el Infonavit./Agencias-PUNTOporPUNTO
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