Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aplazara por más de cuatro años su obligación de integrar un Banco Nacional de Datos Forenses —previsto en la Ley General en materia de desaparición desde su publicación en 2017— mediante diversos recursos legales, y tras echarlo a andar en 2023 por orden judicial, hoy esta herramienta central para remontar el rezago forense en México apenas concentra la información de cuatro estados.
- Así lo admitió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa ofrecida la semana pasada junto al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la comisionada nacional de búsqueda, Martha Lidia Pérez, sin detallar la estrategia nacional de búsqueda, aún sin un diagnóstico certero oficial de la cantidad de cuerpos sin identificar que permanecen en los servicios forenses de todo el país.
La funcionaria rechazó precisar cuáles son los estados de los que ya se tiene la información y que implica un avance de apenas el 12 % de lo que tendrían que aportar las fiscalías estatales al Banco, que debe ser alimentado por éstas y por la FGR.
Animal Político ha documentado el largo aplazamiento y obstáculos que la Fiscalía federal puso a la puesta en marcha del Banco, que finalmente fue creado por un decreto oficial el 29 de mayo de 2023.
- El artículo 119 de la Ley General en materia de desaparición de personas establece, desde su promulgación en 2017, que el Banco Nacional de Datos Forenses debe estar a cargo de la fiscalía para concentrar información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de delitos.
El plazo para crearlo se extendía hasta un año después de la entrada en vigor de la ley, es decir, a principios de 2019.
Ante la omisión en su creación, Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017, promovió, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un amparo por las afectaciones a su derecho a la verdad y la justicia derivadas de la ausencia de operación del Banco.
- Aunque en una primera resolución un juez le dio la razón, diferentes áreas de la FGR la impugnaron con el pretexto de que carecían de competencia para su implementación. En 2023, la resolución del amparo indirecto del expediente 250/2022 confirmó que la dependencia estaba obligada a poner en marcha el banco.
- Con un plazo de 40 días hábiles, lo que puso fin, de manera definitiva, al largo litigio de la Fiscalía. Aunque oficialmente el banco fue creado desde ese año, hoy la recopilación de datos apenas empieza, con 28 entidades faltantes.
- “Se está iniciando esta recopilación de datos en donde actualmente solo algunos estados tienen la información completa [¿Se sabe cuántos?]… Cuatro solamente. Le quiero decir que estos cuatro ya es un principio de diagnóstico de donde estamos partiendo actualmente”, respondió la secretaria respecto al avance en la integración del Banco.
“Lo que tenemos que decir siempre es la verdad —continuó—, y esa es la verdad. No podemos decir que tenemos el 100 % de datos cuando no los tenemos, y ustedes saben que no los tenemos. Entonces ya es un principio de trabajo, de lo que estamos empujando”.
La funcionaria subrayó que la responsabilidad de ese conjunto de bases de datos es de la FGR, que no estuvo en la conferencia, mientras que la Secretaría de Gobernación ayuda e impulsa a las comisiones y las fiscalías para que completen la información.
“¿Qué quisiéramos? Que estuviera completa para hacer los comparativos completos, pero no está, entonces vamos a avanzar precisamente en esto que es un gran desafío”, prometió luego de que durante la conferencia se detallara que la Estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas tendrá tres ejes prioritarios: la identificación humana, las acciones de búsqueda y la prevención.
- Respecto al Banco Nacional de Datos Forenses, las autoridades aseguraron que se está integrando con el Registro Forense Federal, que detenta la información sobre personas desaparecidas y restos humanos; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que contiene los datos forenses.
- La Base Nacional de Información Genética, con la información de donantes y datos recabados de cuerpos sin identificar, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que contiene la información de fosas en cementerios y panteones de todos los municipios, así como fosas clandestinas.
El banco nacional es considerado una pieza clave para la atención de la crisis de personas desaparecidas y de identificación forense en México, donde se estima que hay más de 70 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses. Sin embargo, Arturo Medina descartó confirmar esa cifra, o proporcionar una oficial, pues las autoridades aún no cuentan con un diagnóstico ni una contabilización certera.
Otros obstáculos en la operación del banco nacional de datos forenses
Lo que la FGR rechazó inicialmente incluso en instancias judiciales, no ha dejado de presentar obstáculos para su implementación. A solo tres meses de que se expidiera el decreto de su creación, se reportó el reclamo de diversas organizaciones en el sentido de que las carencias de la dependencia impedían el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- En aquel momento acusaron incluso un doble discurso de la Fiscalía: mientras en los juzgados aseguraba que ya había concluido la construcción del Banco y que ya estaba en funcionamiento, ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU había declarado que quedaría finalizado hasta 2025 o 2026.
- Aun así, ese plazo, ya vencido, no resultó suficiente. En esa ocasión, César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, valoró la situación como preocupante, porque la obligación prevista en la ley era que el Banco estuviera concluido desde 2019.
- Lo que implicaba un retraso de seis años —ahora siete— para la creación de la herramienta respecto a la obligación legal, y 20 años respecto al inicio de la crisis de desapariciones en el país. “Las familias no pueden esperar”, declaró entonces. Hoy, siguen esperando.
Durante la conferencia que dio a medios en marzo de 2025 a propósito del caso Teuchitlán, el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el banco estaba operando desde 2023 y no se contraponía a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum que describían un nuevo mecanismo con las mismas características.
- En ese momento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez volvió a reclamar que su operación no correspondía a lo que dictaba la ley, pues no se habían incorporado registros como el Sistema Actualizado de Identificación de Huellas Dactilares.
Pese a lo dicho en la conferencia de prensa respecto a las cuatro fuentes con las que se está integrando el Banco Nacional de Datos Forenses, de acuerdo con el propio decreto que le da vida, debe integrar de manera gradual las bases, registros y sistemas que siguen:
- Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, Registro Forense Federal, Base Nacional de Información Genética, Registro Nacional de Detenciones, Registro Nacional del Delito de Tortura, registros de Antecedentes Criminales, Sistema Nacional de Información Nominal, Sistema Automático de Identificación de Locutores, Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, Alerta Amber, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y cualquier otra con información forense y genética relevante.
Se echan la bolita unos y otros… entonces culpa de quién es?
Pese a que no es la única herramienta que adeuda o que es responsabilidad de la FGR desde la publicación de la Ley General en materia de desaparición, la dependencia no estuvo en la conferencia de prensa de este martes.
- Medina justificó que hay una relación extraordinaria, pues ha sido parte de los recorridos de atención con familiares y colectivos, así como de la coordinación mediante reuniones permanentes.
“Tan es así que nosotros estamos planteando hoy este plan nacional y esta estrategia que tiene que ver con registros que son de la propia Fiscalía General de la República. No hay una contradicción, no hay un problema, al contrario, hay buena coordinación”, dijo el funcionario.
- “¿Por qué no están otras autoridades? Porque la responsabilidad de la coordinación del Plan Nacional de Búsqueda es de la Secretaría de Gobernación, es sobre la Comisión Nacional de Búsqueda y sobre el Sistema Nacional de Búsqueda, no es solamente la parte de la Fiscalía, cada quien tiene su tramo de responsabilidad”, añadió Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
- Aunque la estrategia no plantea muchas más herramientas que las que ya se adeudan de la Ley General —excepto por la Plataforma de Identidad Única y la Alerta Nacional, cuyos resultados se dieron a conocer en la misma conferencia—, Medina insistió en que se estará trabajando con nuevas herramientas, cercanía con las familias mediante el calendario de visitas en diversas regiones del país, para después de ello, tener un diagnóstico eficaz.
“Si estamos en esta tarea es porque no se ha logrado consolidar la información, pero no por ello vamos a dejar de trabajar, y no por ello vamos a dejar de estar cerca de las familias, y no por ello vamos a dejar de escucharlas. Por el contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo para poder dar mejores resultados”, admitió.
La institución para los desaparecidos que desapareció Sheinbaum
Aldair Leos Lira desapareció el 25 de junio de 2023 en Reynosa, Tamaulipas. Tres semanas después fue localizado en una fosa clandestina junto con otros restos humanos. Desde entonces y durante casi dos años permaneció registrado en expedientes oficiales con una sola letra: “T”.
- En los documentos forenses elaborados por la Fiscalía de Tamaulipas quedó asentado como el “Cuerpo T”. Ahí se describían los restos recuperados, el estado de descomposición, la ubicación donde fue encontrado y algunas señas particulares. Su nombre todavía no aparecía.
Cuando finalmente fue identificado en 2025, México ya contaba con una institución creada para enfrentar la crisis de los cuerpos sin nombre: el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
- Concebido por el gobierno federal como uno de sus principales proyectos para impulsar identificaciones masivas y atender el rezago forense acumulado durante años, el organismo prometía devolver identidad a miles de personas desaparecidas. Pero conforme el proyecto nacional perdía sede, personal y rumbo, Aldair seguía esperando recuperar su nombre.
- Creado en 2022 como parte de una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, el organismo tenía una misión ambiciosa: construir una estrategia nacional de identificación humana capaz de enfrentar una crisis que hoy supera las 72 mil personas fallecidas sin identificar en el país.
- El gobierno federal presentó el proyecto como una estrategia sin precedentes ante la acumulación de cuerpos sin nombre. Desde Morelos, donde fue instalado, el gobierno federal prometió impulsar identificaciones masivas mediante la recopilación de perfiles genéticos, el procesamiento de información forense y la colaboración con las fiscalías estatales.
“Vamos a generar una institución única al servicio de la sociedad que va a impulsar un proyecto único a nivel internacional, que es la identificación masiva de personas”, afirmó el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante la inauguración del Centro, en agosto de 2022.
La entonces comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, aseguró que sería “la ciencia puesta al servicio de la búsqueda”. Antes de que esas promesas tomaran forma, Aldair ya formaba parte de los miles de casos que el nuevo organismo estaba llamado a ayudar a resolver.
- El Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), adscrito a la Comisión de Búsqueda estatal, había iniciado operaciones un año antes (2021) con una misión similar: establecer quiénes eran los cuerpos recuperados de fosas comunes y clandestinas. La diferencia era que el proyecto coahuilense ya trabajaba con expedientes, restos humanos, perfiles genéticos y familias que buscaban respuestas.
Cuando el Centro Nacional abrió sus puertas en agosto de 2022, el CRIH ya procesaba cuerpos exhumados de panteones, integraba bases de datos genéticos y desarrollaba un modelo que reunía en un mismo espacio antropólogos, genetistas, médicos forenses, odontólogos y especialistas en documentación.
Ambas instituciones nacieron bajo la misma premisa: enfrentar una crisis que ninguna Fiscalía había logrado resolver por sí sola. Cuatro años después, ambos proyectos habían seguido trayectorias distintas.
La creación del Centro Nacional de Identificación Humana no surgió de la nada
Vamos a generar una institución única al servicio de la sociedad que va a impulsar un proyecto único a nivel internacional, que es la identificación masiva de personas Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
- Durante años, colectivos de búsqueda, peritos y organismos internacionales habían advertido que México enfrentaba una emergencia sin precedentes: decenas de miles de cuerpos permanecían sin identificar en servicios médicos forenses, fosas comunes, panteones y centros de resguardo de todo el país. Las denuncias por desaparición seguían acumulándose.
- La propia iniciativa de reforma que dio origen al Centro reconocía una “deficiencia en la capacidad operativa del Estado para atender la crisis forense”, atribuida a la falta de infraestructura especializada, la escasez de personal, recursos insuficientes, la ausencia de criterios homologados para la conservación e identificación de cuerpos y la insuficiencia de cementerios forenses.
La respuesta planteada por el gobierno federal fue crear una institución especializada que ayudara a enfrentar ese rezago desde una lógica distinta.
- “Frente a este escenario, atendiendo a la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho de toda persona a ser buscada —incluida la búsqueda con fines de identificación humana— es que se propone la creación del referido Centro Nacional de Identificación Humana”, señala la exposición de motivos de la reforma aprobada por el Congreso.
- La apuesta consistía en abandonar, al menos parcialmente, el modelo tradicional de identificación caso por caso y avanzar hacia procesos masivos que permitieran cruzar información genética, antropológica y documental a gran escala.
- La lógica detrás de ese cambio respondía a la magnitud del problema. Para Carlos Buburrón, investigador de El Colegio de México e integrante del Seminario sobre Violencia y Paz, los métodos tradicionales de identificación resultan insuficientes frente al volumen de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar que enfrenta el país.
“No son suficientes las formas tradicionales. El enfoque tradicional forense (…) es caso por caso: tenemos este cuerpo, tenemos esta persona, lo vamos emparejando con los registros y así. No, en México tenemos muchos cuerpos, muchos casos”, explica.
- Desde esa perspectiva, el Centro Nacional fue concebido para impulsar procesos masivos de identificación y fortalecer la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda en una tarea que, en contextos como el mexicano, también forma parte de la búsqueda de personas desaparecidas.
El objetivo era ambicioso: construir una política nacional capaz de restituir el nombre e identidad a miles de personas que permanecían bajo resguardo del Estado sin haber sido identificadas./PUNTOporPUNTO
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