Reta JUDICATURA FEDERAL al Peje (AMLO), se llevan casi 3 MMP

Ilegal licitación destinadas a la compra de tecnología chatarra, señalan fuentes del propio organismo

Por MAGDALENA GONZÁLEZ

CDMX, 28 de Noviembre 2018.- A escasos 4 días de que entre en funciones el gobierno que enfrentará a los corruptos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo reta y violando la Ley de Adquisiciones va por una millonaria e ilegal licitación de dos mil 800 millones de pesos destinados a comprar  tecnología chatarra.

Trabajadores del CJF califican el hecho como un acto de rapiña contra México, pero a los consejeros y al ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, quien está a días de irse, parece no importarles el atraco y en lo oscurito decidieron “licitar” este miércoles, de última hora, los contratos que afectarán el presente y el futuro de la institución.

Con toda urgencia, y con la empresa estadounidense Cisco decidida de antemano como ganadora, el área administrativa del CJF movió con engaños a supuestos postores para contratar los servicios administrados multianuales telefónicos de la Red Privada Virtual del Consejo y ejercer de inmediato mil 400 millones de pesos y comprometer una cifra similar para los años siguientes.

El negocio está hecho y al parecer alentado porque no habrá consecuencias contra los corruptos, en el CJF tratan de contratar servicios administrados tipo arrendamiento financiero en una red telefónica obsoleta a pagar en dólares hasta el 2022, cuatro años completos dentro de la nueva administración.

Luis María Aguilar y los actuales funcionarios del CJF tienen prisa por comprometer esa fortuna en telefonía chatarra antes de irse. Se les queman las habas. Tienen prisa por asestar el golpe mortal, según explicó un grupo de  trabajadores del CJF quienes pidieron el anonimato.

Hace cinco meses, dijeron, se frenó el “cochinero” técnico montado para la adquisición de los servicios administrados de telefonía por razón de las denuncias que se hicieron y trascendieron a los  medios de comunicación.

Entonces no invitaron a empresas fabricantes de equipo y software sino a intermediarios y distribuidores sin representación en México; el ganador se sabía de antemano.

Ahora simulan una invitación a fabricantes pero todo está dirigido para que gane la estadounidense Cisco que no cotiza ni paga impuesto en México y resultaría casi imposible seguirle la pista en caso de incumplimiento.

Sin embargo, lo más grave es que Cisco vende tecnología desfasada y obliga a pagar precios altísimos por licencias obsoletas e innecesarias en la nueva era de las plataformas abiertas.

En esa burda maquinación contra el interés de México, el CJF solicita que se integre una solución SD-WAN para la creación automática de túneles IP-SEC, lo cual es innecesario. Esa tecnología ya es obsoleta en el primer mundo.

Dependencias como el IMSS, el ISSSTE o la SHCP usan componentes que ya  no requieren de esos excesos técnicos amañados que pretende imponer el CJF para favorecer intereses creados.

En esa danza millonaria está la mano de un personaje externo al CJF, Roberto García, alias “el maestro”, quien se dice muy cercano al ministro Luis María Aguilar y quien forma parte de un poderoso grupo empresarial que actúa en la sombra.

“El maestro” García, es quien manda en el CJF y a él le rinden pleitesía los directores de Tecnologías de la Información del CJF, Enrique Uribe  Escamilla  y Eduardo César Mendoza Ramírez, así como el secretario Ejecutivo de Administración, Miguel Francisco González Canudas.

Antes de que Luis María Aguilar deje los cargos de presidente de la SCJN y el CJF, se urde a su nombre y responsabilidad ese gran atraco.

Solo falta que clasifiquen la información por cinco años con el manido argumento de que se trata de un tema de “seguridad nacional”. Esto sería parte de los candados que pretenden poner el “maestro” y sus cómplices, aseguran los trabajadores denunciantes.

De lograr sus propósitos, el CJF incurrirá en gastos lesivos para el contribuyente pues adquirirá tecnología chatarra y se pagará por ella un elevadísimo sobre precio.

Aquí la pregunta es: ¿López Obrador o el Poder legislativo permitirán semejante atraco?

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