EXPERTOS: Grupos CRIMINALES son parte del entramado ECONÓMICO, POLÍTICO y SOCIAL

Las organizaciones criminales han echado raíces en el entramado económico y social de México, al utilizar el dinero que obtienen a través de la venta de armas, drogas, tráfico de migrantes y trata de personas para adquirir empresas que después usan no sólo para lavar dinero, sino que les sirven para agilizar su logística, afirma Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia, especialista en estrategias antimafia.

• “Cuando la delincuencia ocupa el tejido económico y social, se transforma en la principal fuente de trabajo para la población local, que depende de estas redes criminales para subsistir”, alerta.

Detalla que para cubrir sus necesidades de comida, transporte, hospedaje, almacenaje o de material para fabricar drogas, los traficantes obligan a los comerciantes a vender su negocio, a un precio que ellos imponen, y los obligan a continuar al frente de éste.

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En ciertas zonas del país son los principales empleadores de la población y compran pequeños negocios, no sólo para lavar dinero, sino como estrategia de su logística criminal, aseguró el investigador Edgardo Buscaglia.

• En México, las organizaciones criminales ya son parte del entramado económico, político y social; en ciertas zonas del país son los principales empleadores de la población y están “comprando” pequeños negocios, ya no como mecanismo para lavar dinero, sino para agilizar su logística delictiva, aseguró el doctor Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia.

Buscaglia afirmó en entrevista con Excelsior, que “cuando la delincuencia ocupa el tejido económico y social se transforma en la principal fuente de trabajo para la población local; la población local depende de estas redes criminales para subsistir”. Y subrayó:

Por otro lado (la delincuencia) utiliza el dinero que generan a través de la venta de armas, drogas, tráfico de migrantes, trata de personas, para adquirir empresas que después le sirven a ellos para agilizar su logística.

• «Estas redes criminales son grandes ejércitos, necesitan comer, trasportarse, hospedarse, dormir en diferentes lugares del país, necesitan una infraestructura logística-operativa para operar el tráfico de diferentes bienes y servicios con los que trafican, entonces, tiene que comprar hoteles, almacenes, farmacéuticas para abastecerse de insumos y producir fentanilo”.
• Para contextualizar lo que familias viven en distintas poblaciones del país sirve un ejemplo que se repite frecuentemente. Sucede cuando algún personaje de un grupo criminal se acerca a un comerciante y lo obliga a “venderle” su negocio al precio que el “comprador” quiere y además le informa que seguirá al frente del negocio, Buscaglia recordó sus recorridos en los límites entre Jalisco y Colima.

“Recuerdo que lo primero que veía en pequeñas poblaciones era que el Cártel Jalisco Nueva Generación compraba pequeñas unidades comerciales, tiendas, almacenes, negocios como ferreterías, pescaderías… compraba pequeños lugares y forzaba muchas veces a la trasferencia o les cobraban tasas impositivas extorsivas a los propietarios de esas pequeñas empresas”.

• El especialista en estrategias antimafia señaló que “el problema que ahora tiene el gobierno de México es que, como no reconoce el tamaño del cáncer que ya hizo metástasis en la vida política, en la vida social, económica y en el sistema legal, tampoco reconoce la impunidad que existe hoy en México».
• Estos grupos criminales gobiernan cada vez más a sectores más amplios del territorio mexicano, lo gobiernan de facto, por supuesto, y lo gobiernan a través de los políticos que han colocado desde asambleas municipales, esto provoca que la situación vaya de mal en peor.

“La delincuencia organizada adquiere estas estructuras empresariales no solamente para lavar dinero, como es la vieja caricatura, sino las adquiere para obtener la logística, la infraestructura de producción, de trasporte, de distribución de sus propios bienes; necesitan como le dije, comprar hoteles, no solamente para lavar dinero, sino para la trata de personas, de migrantes, para hospedarse ellos mismos. Todos esos galpones de almacenamiento no se están tocando el gobierno, no son investigados”, dijo.

• El experto comentó que en la evaluación que le hizo a la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (en los tiempos de Santiago Nieto), fue que la UIF hacia su trabajo descriptivamente y mandaba sus reportes a la FGR.

“En la medida que no se tenga a los eslabones, tocando como una orquesta de cámara, tocando al mismo tiempo y la misma composición, no se va poder tener avances para limitar la capacidad que tiene estas redes criminales, respecto del manejo del dinero”, señaló.

• Buscaglia se refirió al episodio de cuando investigó la pesca ilegal en Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos, “entraba mucho pescado ilegal a Estados Unidos procesado por empresas de los cárteles, principalmente del Pacífico y el de Jalisco Nueva Generación; adquieren los barcos a gran escala para una pesca a gran escala, también las empresas para procesar el pescado, distribuido y venderlo, toda la cadena de producción y distribución; destruyendo así el patrimonio que tiene para las próximas generaciones”.

Ante la imposibilidad de dar pormenores de la investigación, por un asunto de confidencialidad, Buscaglia remitió a la consulta de textos hechos públicos por InSight Crime, donde se retoma un reporte de la investigadora del Instituto Brookings, Vanda Felbab-Brown, que tituló La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre ligados a China en México.

• En el texto, publicado en marzo de 2022 señala: “Los grupos de crimen organizado en todo México, en especial el Cártel de Sinaloa (Pacífico), buscan monopolizar empresas pesqueras legales e ilegales a lo largo de toda la cadena de suministro vertical. Más allá de solo exigir una parte de las ganancias, dictan a las pesqueras legales e ilegales cuánto pueden pescar, insistiendo en que vendan lo capturado sólo a los grupos delictivos y en que los restaurantes, incluidos aquellos que atienden a turistas internacionales, compren pescado sólo de los grupos delictivos.

“Los grupos de crimen organizado mexicano fijan los precios para la compensación de los pescadores y el pago a los restaurantes, por los productos marinos de los cárteles. Los grupos delictivos también obligan a las plantas de procesamiento a procesar los peces que los grupos delictivos traen. Y cobran tarifas por extorsión a los exportadores de mariscos. El control de las pesqueras de parte de grupos delictivos mexicanos facilita el contacto directo de los comerciantes chinos con ellos y altera los patrones de relación…”

• En la entrevista, Buscaglia aseguró que empresas como las dedicadas a la explotación, producción y distribución del pescado “terminan financiando campañas políticas, y los políticos termina diciendo aquí no pasa nada”.

El investigador señaló que “no es solamente es un problema de lavado de dinero el que se enfrenta en México, sino de corrupción política generalizada en los procesos electorales, en las contrataciones de obras públicas y ante todo en el sector legal, porque cuando el cártel de Sinaloa adquiere la capacidad de procesar el pesado, distribuir y vender el pescado ilegal, toda esa capacidad empresarial, de producción y distribución se convierte en legal; son empresas legalmente constituidas, entonces, si no se desmantela todo eso, el fenómeno seguirá aumentando”.

Cárteles toman control de la industria pesquera y maderera en México

El vínculo entre el tráfico de droga y de especies en México es cada día más estrecho. Los pescadores furtivos y talamontes son obligados a trabajar para el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que les pagan con metanfetaminas o fentanilo.

• La sed insaciable de China por especies como la totoaba (conocida también como corvina blanca), el pepino de mar o el abulón ha llevado al crimen organizado a querer controlar ese jugoso negocio. Los carteles de México les entregan esas especies a los comerciantes chinos, quienes a cambio proveen los precursores químicos necesarios para producir la droga.

Mientras tanto, la política del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no confrontación hacia los carteles y los recortes constantes a los presupuestos de las autoridades de medio ambiente le facilitan la tarea al crimen organizado.

El círculo se cierra. Para desentrañar toda esa red interconectada de ilegalidad, la experta estadounidense en crimen organizado Vanda Felbab-Brown ha publicado su última investigación para el Instituto Brookings, Tráfico ilegal de especies en México ligado a China. El informe apunta a un creciente control de las industrias pesquera y maderera de México por parte de los carteles para abastecer la enorme demanda china.

• Para el capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de la Marina Mercante de México, la participación del crimen organizado en la pesca ilegal “puede existir. Hay productos pesqueros que, de alguna manera por las vedas, el crimen organizado puede intervenir”.

Varias causas favorecen la pesca ilegal en México: falta de inspección y vigilancia; corrupción, impunidad y crimen organizado; y precariedad de comunidades pesqueras y falta de alternativas para este sector, refiere el Diagnóstico sobre la pesca ilegal en México (marzo de 2022), del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

• Reconoce mayor presencia del crimen organizado que utiliza como pantalla la pesca (camarón en Sinaloa y pepino de mar en Yucatán) para el trasiego de drogas, rebasa totalmente la capacidad y facultades de instituciones civiles del gobierno en el sector pesquero.
• En su análisis El crimen organizado se está apoderando de las pesquerías mexicanas, Vanda Felbab-Brown señala que la pesca furtiva afecta no sólo al sector, sino a toda la cadena vertical de productos del mar a través del comercio minorista.

Indica que en Baja California Sur, el Cártel de Sinaloa ganó principalmente contra un grupo disidente y su aliado CJNG, para convertirse en el principal actor criminal de la pesca en la península.

• “En las grandes pesquerías de Ensenada-Rosarito de Baja California, los dos cárteles y sus aliados locales y grupos vasallos compiten entre sí por la extorsión de la industria de la pesca deportiva y las ventas de pescado a restaurantes y hoteles”, destaca Vanda Felbab-Brown, doctora en ciencias políticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
• La monopolización pesquera se está dando en especies de alto valor como abulón, almejas geoduck, langosta, vieiras y totoaba, que luego los cárteles venden a China, así como a mercados estadounidenses y restaurantes mexicanos que atienden a turistas extranjeros, y especies de bajo valor vendidas para consumo en México, como la corvina.

La toma de control comenzó con grupos criminales que tenían como objetivo a los pescadores que cazaban furtivamente especies protegidas, como totoaba. En segundo lugar, comenzaron a extorsionar e imponer reglas a pescadores que recolectaban productos del mar de bajo valor, obligándolos a vender sólo a los cárteles.

Las grandes empresas que pescan especies de alto valor, particularmente para la exportación, fueron las últimas en ser atacadas, pero también están cada vez más bajo presión. Luego, grupos del crimen organizado se mueven para extorsionar a pescadores legales e ilegales, cooperativas de pescadores y plantas procesadoras, transportistas y exportadores de productos del mar.

Después, establecen presencia de halcones (espías) en comunidades y plantas procesadoras y exigen que procesen mariscos traídos por los cárteles y documentos falsos para ello, refiere Vanda Felbab-Brown licenciada en gobierno por la Universidad de Harvard.

• Afirma que cárteles instruyen a las comunidades a vender las cosechas de pescado al grupo criminal o corren el riesgo de ser asesinados. Ellos dictan a las comunidades locales la cantidad de una especie en particular para ser cosechada y entregada al cártel y sancionan violentamente el incumplimiento de esas exigencias.

Al cortejar a una comunidad, los narcos pueden fijar el precio de compra o las tarifas de procesamiento por encima o por debajo de los precios de mercado, refiere la especialista. Cuando el grupo del crimen organizado tiene un fuerte control sobre la cooperativa pesquera, el precio que pagan puede caer a solo el 60-75 por ciento del valor de mercado.

En Baja California, Sonora y Sinaloa, los grupos criminales pagan a pescadores artesanales con drogas, como metanfetamina, en lugar de efectivo, práctica crea efectos desastrosos para la salud pública, convierte a pescadores en usuarios de drogas, y los enreda aún más en la delincuencia, ya que ellos mismos tienen que venderlas en mercados locales para generar dinero para sus familias.

• El Cártel de Sinaloa también ha orquestado la caza furtiva de camarones durante el período en que la pesca legal está prohibida para permitir que la especie se recupere.
• En Sinaloa y Sonora, el cártel organizó a pescadores legales e ilegales con unas 200 a 300 pangas (embarcaciones pequeñas) para la captura ilegal de camarón en el Golfo de California.
• El cártel luego vendería camarones de menor calidad en México y traería camarones de alta calidad para el mercado estadounidense a plantas procesadoras certificadas por el gobierno de Estados Unidos.

Luego, obliga a las plantas procesadoras a emitir documentos falsos para justificar que los camarones fueron capturados legalmente durante la temporada de pesca permitida.

• Para la venta minorista dentro de México, que no requiere documentos de certificación, a diferencia de las exportaciones a Estados Unidos o China, como langosta o camarones de tamaño inferior al normal, los grupos criminales también pueden organizar congelamientos primitivos.
• Para carne de pescado, vieiras u ostras de alto valor que requieren congelación, procesamiento complejo y documentos sanitarios y de procedencia, los cárteles llevan los productos del mar a plantas de procesamiento certificadas por el gobierno mexicano (y estadunidense).

Si una planta procesadora se niega a aceptar mariscos traídos por grupos del crimen organizado mexicano, sería incendiada o sus empleados o propietarios serían asesinados.

• Al igual que en las comunidades pesqueras locales, en las plantas de procesamiento, grupos criminales colocan monitores para llevar una contabilidad detallada y calcular las tarifas para los cárteles. En algunos casos, el Cártel de Sinaloa supuestamente está alquilando y adquiriendo plantas de procesamiento completas para sí mismo.

Más allá de cobrar tarifas de extorsión, los grupos criminales también obligan a los restaurantes a obtener pescado de ellos, prohibiéndoles comprar pescado de sus rivales criminales o vendedores de mariscos independientes.

Los grupos criminales venden el combustible robado de oleoductos a grandes barcos pesqueros industriales y pangas de pescadores artesanales. En Sinaloa, el Cártel de Sinaloa domina estas ventas ilegales de combustible; en Tamaulipas, es el Cártel del Golfo.

• El Cártel de Sinaloa frecuentemente presenta su toma de control de las pesquerías como “poner orden” en comunidades locales. En algunas especies, el cártel busca hacer cumplir la sostenibilidad: ha establecido cuotas de captura y las hace cumplir, castigando a los que pescan en exceso. En otras especies, como la totoaba, o abulón, promueve la extracción ilegal extensiva.

Representantes de federaciones pesqueras mexicanas y ONG ambientalistas que trabajan en comunidades pesqueras, indican que el Cártel de Sinaloa supuestamente también se ha acercado a funcionarios estatales y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para hacer cumplir las licencias y cuotas de pesca.

“Algo que Conapesca frecuentemente no hace debido a la insuficiencia de recursos o a la corrupción — con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en México desde hace una década, antes de que los grupos criminales mexicanos entraran a lo grande, quizás el doble de la extracción de pescado declarada oficialmente”, destaca la investigadora del MIT.

• En otros casos, los pescadores sugirieron que grupos criminales establecieron acuerdos corruptos con autoridades locales para mantener alejados a inspectores de Conapesca o unidades de la Armada de México para que pudan llevar a cabo la pesca no regulada.
• No sólo los pescadores ilegales, sino también los legales, las cooperativas y federaciones pesqueras y grandes empresas pesqueras en México se sienten impotentes frente a la presión del crimen organizado y viven con miedo, refiere la catedrática.

Y sus denuncias a las autoridades del gobierno mexicano sobre la extorsión y los esfuerzos de toma de control por parte del crimen organizado a menudo no han recibido ningún apoyo sólido o acción policial./Agencias-PUNTOporPUNTO