VIOLACIONES a DERECHOS HUMANOS persisten en Instituciones de SEGURIDAD de la 4T

Elementos de la Guardia Nacional (GN), creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han visto involucrados en por lo menos cinco casos de posible abuso de la fuerza en el país

Durante este año, las instituciones federales de seguridad pública han acumulado, en promedio, tres acusaciones diarias por presuntas violaciones a derechos humanos.

Entre enero y septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 864 quejas por actos cometidos por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto de dependencias federales de seguridad.

Aunque el pasado 25 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos, los registros de la CNDH muestran que la población sigue acusando a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad civiles por supuestamente incurrir en irregularidades en su actuar.

Las acusaciones contra esas instituciones son por detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura, intimidaciones, agresiones contra migrantes, transgredir los derechos de la mujer, uso arbitrario de la fuerza, efectuar detenciones sin órdenes de aprehensión, incomunicar, desaparición forzada, privación de la vida y retención ilegal.

También por apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento del dueño, irregularidades en las órdenes de cateo, omitir brindar protección y auxilio o imputar hechos indebidamente.

Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, el Ejército, la GN y la FGR están dentro del top 10 de instituciones con más quejas al sumar, respectivamente, 237, 209 y 203.

Especialistas consultados indicaron que estos abusos siguen ocurriendo porque las Fuerzas Armadas tienen un papel protagonista en el combate a la delincuencia, pese a que no tienen la formación necesaria para realizar ese trabajo.

Las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Sedena, Semar, GN, FGR y las otras dependencias se concentraron en 309 municipios.

La alcaldía Cuauhtémoc, en la capital, con 36 quejas, es donde más acusaciones hubo en los primeros nueve meses de este año. Le siguen Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Álvaro Obregón, Ciudad de México; Tapachula, Chiapas; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Puebla, Puebla; Irapuato, Guanajuato, y León, Guanajuato.

En este año, el segundo del presidente López Obrador al frente del país, los medios de comunicación también lograron documentar vulneraciones, por ejemplo, EL UNIVERSAL publicó que el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército ordenaron la ejecución de un presunto criminal que sobrevivió a un operativo.

Señalamientos sólo desaparecieron en el discurso 

En este sexenio la tendencia de violaciones a derechos humanos por parte del Estado se ha mantenido. De hecho, en 2019 las quejas por abusos cometidos en el sector seguridad incrementaron 17% respecto a 2018.

“Aunque el gobierno en su discurso dice que ya se acabaron las violaciones a los derechos, no se terminan por decreto ni con cursos o manuales, como lo han intentado hacer”, opinó David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa. Agregó que los abusos están relacionados con la formación de las Fuerzas Armadas, entrenadas para eliminar a un enemigo.

“Es un efecto un poco trágico, pero también es cierto que la misma impunidad es detectada por quienes forman parte del Ejército y en algunos casos, como se ha documentado, toman estas decisiones violatorias como un salvoconducto para no toparse con la impunidade”, indicó.

Por su parte, Mariclaire Acosta Urquidi, defensora de derechos humanos, consideró que el gobierno ha seguido una “política fallida” de seguridad pública basada en el uso de la fuerza.

“Este año nos fue bastante mal y no tengo la esperanza de que esto mejore, sino todo lo contrario. La violencia no ha parado, las ejecuciones y las desapariciones siguen, hay un endurecimiento en las leyes respecto a la prisión preventiva oficiosa y tenemos una Guardia Nacional que claramente es militar”, aseveró.

Coincidió en que la poca capacidad de las fiscalías para investigar genera un ambiente propicio para los abusos.

“Debemos tener un sistema de procuración de justicia que funcione, tener una policía de proximidad y no solamente militarizada, una política integral de bienestar para garantizar empleo, educación, salud y cohesión social, pero desgraciadamente no hay nada de eso”, dijo.

Por último, José Guevara Bermúdez, exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, consideró que la manera como se está atendiendo la seguridad pública no es diferente a lo ocurrido en sexenios anteriores.

“No creo que el Presidente pueda decir que ya no hay violaciones de derechos humanos. Organizaciones sociales continúan documentando y evidenciando abusos, hemos visto casos de desapariciones forzadas”, señaló.

El experto criticó que el Ejecutivo asevere que el Estado ya no incurre en vulneraciones, pues con eso trata de liberar de cualquier responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

Guardia Nacional entre los organismos con más violaciones

A poco más un año de su creación, el cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador acumula 209 quejas por presuntas violaciones de enero a septiembre de 2020, de acuerdo con El Universal.

  • La Guardia Nacional se ubica en el noveno lugar de dependencias con más señalamientos, superando a la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene 203 quejas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra en octavo lugar con 237 acusaciones.
  • A la agrupación que comanda Luis Rodríguez Bucio se le ha acusado por cometer detenciones arbitrarias, intimidaciones, tratos crueles e inhumanos, agresiones contra mujeres , usar arbitrariamente la fuerza, imputar hechos de manera indebida, utilizar la violencia de forma desproporcionada, incurrir en actos de tortura y retenciones ilegales.
  • El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que también se le responsabiliza por actos de desaparición forzada, incomunicar a personas, irregularidades en órdenes de cateo, transgredir los derechos de migrantes, omitir realizar labores de seguridad pública, destruir propiedad privada y apoderarse de bienes inmuebles sin autorización. Con información de El Universal.

Acumula cinco casos de presunto abuso de la fuerza

Elementos de la Guardia Nacional (GN) se han visto involucrados en por lo menos cinco casos de posible abuso de la fuerza en el país, que han dejado como saldo dos personas muertas y cuatro más heridas, entre ellos un joven de 18 años que perdió su ojo derecho permanentemente.

La mayor parte de estos casos, que actualmente siguen bajo investigación sin que haya aun guardias sancionados, han ocurrido cuando elementos de dicha fuerza dispararon en contra de las víctimas sin que estas representaran una aparente amenaza para los elementos, ni estuvieran armadas.

Y aunque la Guardia Nacional es una fuerza civil por definición, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de su denominada Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC), ha intervenido en varios casos para negociar con las víctimas pagos de indemnizaciones, previa firma de convenios.

  • De acuerdo con los datos a los que Animal Político tuvo acceso, el primero de estos casos ocurrió el pasado 10 de marzo en la localidad de El Sauz en Sinaloa, cuando efectivos de la GN le dispararon a Luis Ángel “N” (su nombre completo y el del resto se omite por tratarse de víctimas), luego de que presuntamente no quiso detenerse cuando circulaba en su motocicleta.
  • La víctima resultó con una herida en uno de sus pulmones que fue tratada exitosamente. La Sedena, a través de la UNIVIC representada por el capitán Miguel Ángel Rocha Carrera, intervino para negociar el pago de 750 mil pesos como indemnización a la familia del joven lesionado. El convenio entre la víctima y la Guardia Nacional se firmó el 18 de marzo con los militares como testigos.
  • El segundo caso ocurrió el 29 de marzo en Zacatecas cuando Edgar Eduardo “N”, de 29 años, fue herido en su mano derecha por elementos de la GN, que le dispararon con un fusil FX-05. La investigación de este caso continua mientras que la GN realizó un pago de 50 mil pesos a la víctima por concepto de atención médica.

Luego, el 26 de mayo en Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado sin vida en el flujo del Río Bravo el cuerpo de José Lorenzo “N”, de 30 años. En este caso la madre de la víctima y otros testigos señalaron que el joven fue detenido, golpeado y luego arrojado al río por efectivos de la GN. Dicha corporación inició una indagatoria interna mientras que la Fiscalía del Estado también abrió una carpeta de investigación.

El 17 de julio Mario “N” – un joven de 18 años – fue herido en el rostro por un disparo de elementos de la GN, luego de que supuestamente no se detuvo cuando le marcaron el alto. Esto en la localidad de Salvador Escalante, Michoacán. Luego del incidente, el joven fue trasladado al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, donde le salvaron la vida pero sufrió la destrucción del globo ocular derecho.

El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía regional inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de abuso de autoridad y lesiones en contra de elementos de la GN, la cual sigue en integración.

  • La Sedena, a través de la UNIVIC representada por los capitanes Emilio Carballo y Miguel Ángel Rocha, intervino para negociar con la familia de Mario el pago de una indemnización de dos millones de pesos, que también fue formalizada con un convenio firmado en el Hospital Central Militar.
  • Y el quinto caso es el ocurrido esta semana en Delicias, Chihuahua, luego de que Yésica “N” perdió la vida por presuntos disparos de elementos de la GN desplegados en la zona. En este hecho también resultó herido su esposo. A diferencia de los casos anteriores este cobró relevancia pública por suscitarse en el contexto de una manifestación relacionada con un conflicto de presas.

A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Nacional dijo que colaboraría en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, y confirmó la apertura de su propia investigación a través de su unidad de Asuntos Internos. Un total de 17 efectivos con sus armas quedaron a disposición del Ministerio Público.

¿Y los guardias sancionados? Cero

A través de una solicitud de transparencia Animal Político pidió a la Guardia Nacional la cifra de elementos dados de baja o separados del cargo por posibles irregularidades en su actuación, en lo que va de 2020. La respuesta fue de “CERO”, de acuerdo con el oficio SSPC/GN/UT/6863/2020 fechado el 18 de agosto.

  • La misma información se requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, como este medio ya ha publicado, es quien realmente cubre los sueldos y capacitación de la mayor parte de los efectivos de la GN. La respuesta fue que la responsable de informar esto era la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En ese contexto se buscó a dicha dependencia, la cual indicó que la comunicación se tenía que hacer con la vocería de la Guardia Nacional.

Finalmente se pidió a dicha vocería un posicionamiento oficial sobre la posible sanción a elementos implicados en estos casos, y sobre la intervención de la UNIVIC de la Sedena en las indemnizaciones a víctimas.

Hasta la publicación de esta nota no se había recibido alguna respuesta, mas allá de señalar que en todos los casos hay indagatorias ministeriales en curso./Agencias-PUNTOporPUNTO

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