El deterioro de tramos carreteros, el cobro de cuotas elevadas y la persistente inseguridad en diversas vías del país han hecho evidente la necesidad de revisar a fondo el modelo de concesiones en México.
La aparente falta de mantenimiento y supervisión adecuada de las empresas concesionarias ha derivado en carreteras en malas condiciones, pese a los altos costos que enfrentan los usuarios en algunas casetas de peaje.
- A ello se suma la preocupación por posibles irregularidades y actos de corrupción en la asignación y operación de estos contratos, así como la exigencia de garantizar transparencia y rendición de cuentas.
- En México, las concesiones carreteras son contratos de largo plazo mediante los cuales el Estado otorga a empresas privadas el derecho de diseñar, financiar, construir, operar y mantener autopistas, a cambio de recuperar su inversión a través del cobro de peajes.
Este esquema, impulsado para ampliar la infraestructura sin comprometer totalmente el gasto público, implica que los concesionarios asuman la responsabilidad de conservar las vías en condiciones óptimas durante décadas, bajo la supervisión gubernamental.
A principios de abril, los ajustes aplicados en diversas casetas del país colocaron a varios tramos entre los más caros de América Latina, con incrementos que alcanzan hasta los 820 pesos en la ruta Durango-Mazatlán y 670 pesos en la Cuernavaca-Acapulco –operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe)– que, aunque justificados oficialmente por inflación y costos operativos, hacen que los automovilistas se cuestionen si este aumento realmente se traduce en un mejor servicio y mayor seguridad en las vías.
¿Es equivalente el cobro a la infraestructura?
Si bien, algunas de estas vías de comunicación con altos costos son operadas directamente por Capufe, existen decenas más que se encuentran en manos de empresas concesionarias.
- Un ejemplo de ello es la Autopista Tepic-Mazatlán, que conecta a los estados de Nayarit y Sinaloa, operada por Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), pero, de acuerdo con el portal de esta empresa, la vía de comunicación está concesionada a Promotora Inbursa, S. A. de C. V.
El peaje del tramo completo cuesta actualmente mil 150 pesos, lo que la convierte en la carretera más cara del país. Aunque los ingresos mensuales son millonarios, empresarios de la zona han cuestionado las condiciones en que se encuentran distintos tramos, así como el impacto en la economía en una zona que se distingue por el paso de cientos de turistas.
Otro caso es el de la Autopista del Sol -operada por Concesionaria Autopista del Sol, distinta a la red Capufe en ciertos tramos-, cuyo peaje total del tramo de Ciudad de México hasta Acapulco es de 826 pesos por auto.
Acapulco es uno de los destinos más visitados por los capitalinos y quienes viajan hacia ese lugar deben pasar por la caseta Tlalpan (156 pesos); la caseta Alpuyeca (100); caseta Paso Morelos (209 pesos); caseta Palo Blanco (190 pesos); y la caseta La Venta (171 pesos). Estos precios la convierten en la segunda carretera más cara del país.
¿Capufe supervisa a concesionarios?
Estos incrementos se enmarcan dentro de un modelo de gestión que ha llevado a Capufe a formalizar cientos de contratos para la operación y mantenimiento de la red carretera de cuota.
En México, la supervisión de las autopistas concesionadas recae principalmente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que es la dependencia que otorga los títulos de concesión y fija las reglas que deben cumplir las empresas privadas.
- Es, en términos formales, la responsable de vigilar que los concesionarios respeten las condiciones del contrato (mantenimiento, tarifas, operación), que se consolidan como las principales exigencias de los usuarios a cambio del peaje que pagan para poder transitar las carreteras.
- Capufe, por su parte, tiene un papel operativo y de supervisión técnica, además de que administra y opera directamente muchas autopistas de cuota. En vías concesionadas donde participa, realiza inspecciones, evalúa condiciones físicas, revisa servicios y monitorea ingresos y operación.
El argumento institucional para los incrementos apunta a la necesidad de mantener y modernizar la infraestructura. Sin embargo, los datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que el mantenimiento de la red carretera no solo depende del ingreso por peaje, sino de un entramado de contratos públicos que movilizan miles de millones de pesos cada año.
Sin embargo, la experiencia del usuario no siempre refleja el volumen de inversión. Reportes ciudadanos y de transportistas continúan señalando problemas como baches, iluminación deficiente, falta de vigilancia y tiempos de espera en casetas, incluso en tramos donde las tarifas han aumentado.
Diputados piden transparentar concesiones
Diputados del PRI y de Movimiento Ciudadano demandaron al Gobierno federal transparentar el otorgamiento de las concesiones para la operación de las autopistas en el país, pues durante el gobierno anterior “se privilegió a amigos”, por lo que muchos de esos empresarios no cumplen con las normas.
Indicó que en el caso de las autopistas que administra Capufe, es necesario saber qué es lo que hace el gobierno con todos los millones de pesos que se recaudan todos los días por el cobro de peaje.
“Yo no quisiera pensar que es la caja chica del Gobierno federal para temas netamente electorales”, indicó el priista tabasqueño.
- Hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación que revise todos los contratos y todas las concesiones que tiene la SICT con diferentes concesionarios y los que incumplan que les sean retiradas y se les otorguen a aquellas que sí cumplan y tengan en buenas condiciones las carreteras.
“Y en el caso de Capufe que se investigue es lo que se hace con tanto dinero que recolectan diario, porque ya subieron los cobros en las casetas y estas están en muy mal estado”, insistió el diputado del tricolor.
Exigen cuentas de peajes
La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, se sumó a la exigencia de que se transparenten las concesiones en las carreteras, y que haya una rendición de cuentas, porque muchas son opacas.
Puso de ejemplo el caso de la autopista Durango–Mazatlán que cruzarla cuesta alrededor de 784 pesos por automóvil, lo que la convierte en una de las más caras del país, y aun así, hay tramos donde el mantenimiento es muy deficiente y la seguridad, en todos los aspectos, no está al nivel que debería.
“Desde Movimiento Ciudadano exigimos estándares obligatorios de calidad, iguales para todos los operadores de las autopistas, privadas o públicas; sanciones reales y automáticas, que sí duelan, incluyendo la revocación de concesiones cuando aplique; revisión periódica de contratos, porque no pueden ser intocables por décadas.
Tarifas y contratos dependen de la SICT
La senadora Claudia Anaya afirma que el incremento o reducción en las tarifas de peaje no es una facultad del Poder Legislativo, sino una determinación administrativa que corresponde a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.
En entrevista con Reporte Índigo, explica que estos ajustes se realizan con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual refleja el comportamiento de la inflación anual y sirve como referencia para actualizar las tarifas que aplican los concesionarios.
- La legisladora del PRI por Zacatecas detalla que existen distintos modelos de concesión en carreteras, dependiendo de si el concesionario construye la vía o asume su mantenimiento tras ser desarrollada por el Estado.
- En algunos casos, las empresas privadas se encargan de la rehabilitación y conservación por un periodo determinado a cambio de los ingresos por peaje, mientras que en otros construyen desde cero la infraestructura y obtienen la concesión para su operación.
- A pesar de estas diferencias contractuales, subraya que el mecanismo para autorizar incrementos es similar y está sustentado en la legislación vigente, particularmente en la Ley de Caminos y Puentes, que otorga dicha facultad a la autoridad federal.
La seguridad es otro eje crítico. Las autopistas de cuota se promocionan como vías más seguras frente a carreteras libres; sin embargo, incidentes delictivos y accidentes siguen presentes en distintas regiones.
Claudia Anaya explica que, desde el ámbito legislativo, las herramientas disponibles se centran en la supervisión y rendición de cuentas, más no en la fijación directa de tarifas.
El Congreso puede emitir puntos de acuerdo para solicitar información oficial sobre los criterios utilizados en los incrementos, así como requerir la comparecencia de funcionarios responsables del sector carretero.
Manifiesta que los legisladores pueden exigir a la autoridad que verifique el cumplimiento de los concesionarios en materia de mantenimiento y calidad de las vías, dado que esta es una obligación establecida en los contratos.
La senadora subraya que los contratos de concesión son acuerdos entre particulares y el Gobierno, por lo que corresponde a la autoridad supervisar que se cumplan las condiciones establecidas.
Advierte que, en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios, el Gobierno cuenta con mecanismos legales para sancionar e incluso retirar las concesiones.
En ese sentido, enfatiza que la revisión y vigilancia del estado de las carreteras es responsabilidad directa del Ejecutivo federal, no del Congreso./Agencias-PUNTOporPUNTO
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