Apartir de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, publicada en febrero de 2026, a casi cien universidades públicas estatales, interculturales, tecnológicas, politécnicas y de apoyo solidario, además de institutos tecnológicos, fue detectada una serie de irregularidades en su gasto.
- Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los retos en la gestión y supervisión del gasto público en educación superior en México con base en la publicación de la ASF.
- En dicho periodo, el órgano fiscalizador verificó el ejercicio de 111 mil 557 millones de pesos, monto que representa el 89 por ciento de los 125 mil 466 millones de pesos totales por auditación en recursos federales asignados a las universidades estatales.
Derivado del ejercicio, la ASF identificó 2 mil 404 millones de pesos con posibles irregularidades, importe equivalente al 2 por ciento de los fondos auditados que continúan en proceso de aclaración por parte de las instituciones educativas.
El IMCO advirtió que el incremento en la cantidad de auditorías no ha derivado en un mejor desempeño financiero. Según la organización, las observaciones formuladas a los planteles de educación superior muestran la persistencia de problemas recurrentes vinculados al manejo de nóminas, transferencias de recursos y comprobación del gasto, aun con los mecanismos de vigilancia establecidos durante los últimos años.
Universidades tecnológicas, bajo la lupa de la ASF
En las universidades tecnológicas y politécnicas, institutos tecnológicos y otras instituciones de educación superior de este tipo, las anomalías detectadas sumaron 458.9 millones de pesos pendientes de aclaración.
- La observación principal en este grupo correspondió al pago de conceptos no autorizados, con 269.1 millones de pesos, lo que representó casi seis de cada diez pesos detectados.
- La segunda falla recurrente fue el desembolso de excedentes en sueldos, por un importe de 119.6 millones de pesos, en tanto que la erogación carente de soporte documental justificativo acumuló 26.6 millones de pesos.
Asimismo, la ASF ubicó 26.4 millones de pesos vinculados al pago de plazas fuera de la normatividad vigente, al igual que 17.3 millones de pesos por pagos ejecutados al margen del tabulador autorizado. En conjunto, estos señalamientos evidencian fallas constantes en el manejo de los recursos asignados al sector universitario.
Universidades estatales concentran irregularidades
En las universidades públicas estatales, la principal irregularidad ubicada por la ASF radicó en las transferencias a cuentas no autorizadas, con un monto por aclarar de 922.8 millones de pesos, cifra que concentró la mayor proporción de las observaciones efectuadas a dichos planteles.
La segunda observación consistió en la transferencia a fondos de pensiones sin la documentación comprobatoria adecuada, sumando 315.6 millones de pesos. De igual forma, la ASF detectó 134.9 millones de pesos en recursos canalizados a sindicatos sin acreditar su destino o aplicación, más 109.3 millones de pesos ejercidos en conceptos que incumplían los objetivos para los que fueron etiquetados.
Las auditorías hallaron 101.9 millones de pesos vinculados a la contratación de esquemas de subcontratación laboral (outsourcing) prohibidos por la legislación actual. En total, estas cinco irregularidades sumaron mil 584.5 millones de pesos pendientes de aclaración, lo que refleja deficiencias en la administración, transferencia y acreditación de los fondos públicos asignados a las universidades estatales.
Gasto público universitario, bajo presión
El análisis del IMCO destaca que las universidades públicas estatales concentraron la mayor parte de los recursos observados por la ASF. De hecho, las diez instituciones con los montos pendientes de aclaración más elevados corresponden a universidades autónomas, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Los planteles examinados albergan una matrícula superior a los 2.3 millones de alumnos, volumen que representa cerca del 70 por ciento de la matrícula de educación superior a nivel nacional.
En 30 de las 35 universidades públicas estatales, más de la mitad de su presupuesto proviene de la Federación, mientras que el resto se integra con fondos estatales y recursos propios. En los casos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Yucatán, casi el 90 por ciento de sus ingresos corresponde a fondos federales, factor que compromete su margen de autonomía.
Esta marcada dependencia respecto a los recursos federales, sumada a retos presupuestarios históricos como la acumulación de pasivos financieros, el estancamiento de los recursos ordinarios y la acotada aportación de los gobiernos estatales, configura un panorama complejo en el que resulta fundamental la adopción de mejores prácticas de gasto en la educación superior pública.
- Ante este contexto, el IMCO recomendó fortalecer los controles internos de los planteles universitarios, en particular dentro de los sistemas de nómina, a fin de evitar pagos al margen de la norma o percepciones indebidas. Planteó además la digitalización de los procesos de contratación y comprobación del gasto para asegurar la evidencia documental necesaria sobre el destino de los fondos públicos.
De igual forma, sugirió reforzar el seguimiento a las observaciones de la ASF y promover mecanismos de corrección oportuna ante las faltas detectadas. Para la organización, consolidar la transparencia y la rendición de cuentas resulta prioritario en instituciones que concentran a la mayoría de la población estudiantil universitaria del país y dependen en gran medida del presupuesto federal./Agencias-PUNTOporPUNTO
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