CÁRCELES de la CDMX son usadas como forma de CONTROL SOCIAL y CASTIGO CORPORAL: ONG´s

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) alertó sobre la situación que viven miles de presas y presos en los distintos reclusorios del país que no han sido beneficiadas con la Ley de Amnistía ni con las medidas de “sustitución de la pena” o de “preliberación” y acusó que viven “en una situación critica” derivada de la pandemia de covid-19.

• En un informe preliminar, indicó que “la delegación internacional está gravemente preocupada por la situación de las personas privadas de libertad”.
• La OMCT, junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, mencionó que “la impunidad y la falta de reconocimiento de las víctimas de la tortura persiste en México y no retrocede”.

Agregó que “medidas como la Ley de Amnistía, que fueron aprobadas para reducir la superpoblación y proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, previstas en la ley vigente, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria”.

Incluso “la población carcelaria tuvo un aumento significativo, más de 14 mil personas, en 2020, debido al uso abusivo de la prisión preventiva”.

• La organización mostró su preocupación por “la falta de información pública brindada por las autoridades penitenciarias sobre el número de contagios y muertes a causa de covid-19, los protocolos y medidas de de higiene, prevención y atención adoptadas”.
• Estos hallazgos preliminares de la OMCT ocurren como resultado de una misión virtual que da seguimiento a las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha hecho al gobierno mexicano en 2019. La misión virtual ocurrió entre el 4 y 11 de febrero.

Después de varias reuniones realizadas por la delegación internacional con autoridades, víctimas de tortura (sobrevivientes y familiares), además de organizaciones sociales se concluyó con lo siguiente:

“En la práctica, sigue habiendo una falta de voluntad y de recursos, que se muestra, de forma particular, en la actitud y prácticas, lentas y obstructivas, de la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, de terminar con esta práctica”.

• Se afirmó que sigue vigente la falta de independencia, imparcialidad y rigor “de la gran mayoría de peritos oficiales, quienes siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo, actos de tortura y otros malos tratos”.
• Pese a que el Comité Contra la Tortura de la ONU recomendó en 2019 sanciones penales y administrativas, contra funcionarios involucrados en hechos de ese tipo. El informe preliminar se refiere a la situación que viven los migrantes centroamericanos de paso por nuestro país.

“Preocupa profundamente que las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo sean desatendidas de forma sistemática.  “Las estaciones migratorias siguen llenándose a pesar de la pandemia, el hacinamiento, la falta de higiene, de alimentación adecuada y de atención médica (incluida la atención de emergencia) son persistentes”.

• La OMCT hizo un llamado a las organizaciones mexicanas para que en su momento consulten “el borrador definitivo”, además de la publicación y puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Se espera que constituya un pilar para tener una política pública que coordine instancias y prácticas alrededor de la prevención, investigación, sanción y reparación de este tipo de hechos”.

La tortura se incrementa dentro de las cárceles de la CDMX

Apenas puso un pie fuera de la camioneta que lo transportaba, los golpes empezaron. Era el 2014 y Raúl volvía a la cárcel, esta vez por homicidio.

“Cuando tu ingresas siempre te reciben”, dice desde un reclusorio de la CDMX, “entonces a mi me empiezan a golpear y más cuando ven el delito por el que yo vengo”.

Aunque sabía que eso pasaría, nunca imaginó que la tortura a la que sería sometido -a veces física, a veces psicológica- se prolongaría por horas, días y semanas.

Un par de meses después Raúl fue trasladado a otro centro penitenciario en donde la historia se repitió. Insultos, golpes, sometimiento. “Estás hincado y de reojo alcanzas a ver que están pasando técnicos penitenciarios, secretarias, secretarios, trabajadores sociales y nadie hace nada”, contó en entrevista.

• Agrega que les ponen toallas en la cabeza y les dan vuelta como si tratasen de asfixiarlos, los desnudan, los rapan. “Y todavía tienes la esperanza que sólo sea la bienvenida, y dices, ‘bueno, si es la bienvenida vamos a tratar de aguantar’, y no, esa bienvenida se va acrecentando durante toda la noche hasta que ves que es tortura tras tortura”.

El mínimo retraso al levantarse o saludar era motivo suficiente para que a su celda entrara toda la seguridad -cinco o seis custodios- y lo comenzaran a golpear a él o a otros de los presos.

“Te metían al baño, te pateaban. Su mañita de ponerte la toalla y quererte enrollar y pegarte contra la taza y contra el muro. Vivías bajo un terror desquiciante”.

Su testimonio no es un caso aislado.

En la Ciudad de México, explica Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la tortura es una práctica persistente que en los centros penitenciarios se utiliza como una forma de castigo y control.

• De acuerdo con datos de la propia Comisión, entre 1994 y el 2020 la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad —dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina— ha recibido 26 recomendaciones por tortura, aunque el 42% llegaron en apenas los últimos tres años.
• Y si bien es cierto que son la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las dependencias que encabezan el número de recomendaciones por casos de tortura desde que éstas comenzaron a emitirse en la capital del país hace casi tres décadas, en los últimos años el Sistema Penitenciario de la CDMX se ha posicionado como una de las áreas del gobierno de la Ciudad en la que los casos aumentan más al pasar de tres entre 2010 y 2017 a once en los últimos años.

“(La tortura) tiene muchas cosas en términos de cultura de control, sobre todo cuando estás hablando en los Centros Penitenciarios y es ahí donde hay que seguir trabajando muchísimo”, reconoció Ramírez.

• En la Recomendación 05/2020 que emitió el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al Sistema Penitenciario, por ejemplo, se documenta tortura contra nueve víctimas directas y dos indirectas; y se concluye que se trata de una práctica cotidiana, recurrente y utilizada de forma sistemática como forma de intimidación, castigo y maltrato por parte de personal de seguridad y custodia para imponerse como figura de autoridad.

“La mayoría de los abusos por parte de la autoridad no se denuncian o las víctimas terminan desistiendo de sus denuncias por nuevas violaciones a su derecho a la integridad como amenazas y malos tratos, esto principalmente porque las denuncias no son investigadas ni los responsables sancionados”, alerta la Comisión en esa recomendación.

Víctor Alonso del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llama la atención al hecho de que la tortura ya no sólo sea una práctica reiterada y persistente que se presenta en la detención arbitraría por parte de las autoridades con el fin de extraer confesiones o para fabricar culpables, sino que una vez que estas personas llegan a los centros penitenciarios, la historia se repite una y otra vez sin que haya salida.

“Sin duda eso resulta una situación particularmente preocupante sobretodo por el tema de la documentación porque las autoridades suelen intentar que la tortura no deje marcas físicas para que cuando se hagan los estudios que se hacen por protocolo, no arrojen ese tipo de resultados o al menos para desvirtuar la versión de la víctima en caso de que denuncie”, expone el abogado.

Héctor, de 33 años, ha tenido cuatro ingresos al reclusorio: dos veces por robo a transeúnte, una vez por robo a transporte y la última por robo a casa habitación. Hace tres meses salió del Reclusorio Norte.

En entrevista, el joven recuerda las golpizas que recibía permanentemente por parte de los custodios de este centro penitenciario pues en su ingreso se negó a entregarles los tenis que llevaba puestos.

“No se los quise dar y me empezaron a pegar con las botas en las nalgas. Me acomodaron unos patadones exactamente en medio de las nalgas que la verdad no me podía ni sentar (…) lloraba para ir al baño”, recuerda el joven.

“Cuando llegas (al reclusorio) te llevan al centro médico para supuestamente checar que estás bien y que no estás golpeado, pero ellos (los custodios) no son tontos porque saben dónde pegarte”.

Luego de concluir el proceso de ingreso al reclusorio, esos custodios lo “recomendaron” con otros guardias quienes se encargaron de golpearlo por días.

“Eran más de cinco custodios, me metían a un cuartito, creo que era su baño de ellos (sic) y ahí me empezaron a golpear. Me tiraron, me empezaron a pisar la cabeza, me daban puñetazos en la espalda, en la cabeza, con el puño cerrado, ora sí que unos buenos putazos en las costillas porque saben dónde golpear… la verdad si me golpearon culero, fue algo que no se le desearía a nadie”, asegura el joven.

Tortura constante y pocas acciones

La tortura en los centros penitenciarios no se limita a lo que pasa dentro de estos espacios físicos, sino que también se practica cuando a las personas privadas de su libertad se les traslada a otros reclusorios.

• Víctor Alonso del Pozo de la CMDPDH explica que esta situación se presenta no sólo para alejarlos de sus familias o de sus defensas, —lo cual en sí mismo ya representa una violación a sus derechos humanos—, sino que el trayecto y arribo al nuevo reclusorio se convierte en otra oportunidad para torturarles.

“Esta situación de tortura en los traslados ya se ha vuelto tan común que las propias personas que están privadas de su libertad han decidido simplemente ya no volver al centro penitenciario más cercano a su domicilio en donde les podría ver su familia y podrían tener contacto más seguido con su defensa técnica porque saben que puede ser que no la libren”, asegura.

• En esa recomendación 05/2020 se documenta el caso de la “víctima 9” que estaba privada de su libertad en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP II) y que el 19 de julio de 2019 fue trasladado al módulo Diamante del Centro Varonil en Santa Martha Acatitla.
• De acuerdo con lo documentado por la Comisión de Derechos Humanos, a su ingreso al llamado Diamante, la víctima fue certificada sin lesiones, sin embargo, minutos después, dos comandantes y otras personas de seguridad y custodia le ordenaron que se quitara la ropa y se colocara de frente a la pared recargando la frente y las palmas de las manos en posición de revisión.

En esta posición permaneció 30 minutos “durante los cuales recibió patadas y rodillazos en rodillas, muslos, piernas y espalda; en varias ocasiones cayó al piso por el dolor y el adormecimiento de las piernas y los custodios lo levantaron para continuar golpeándolo. También le propinaron golpes con el puño cerrado en la cabeza y nuca, patadas y puñetazos en las costillas del lado izquierdo y patadas en los testículos mientras le decía que él le había pagado a un comandante de apellido Chivardi personal de custodia adscrito al CEPASEP II. Posteriormente fue ubicado en una estancia, aislado y sin ropa, lo que le impidió dormir por el frío”, cita el documento de esa Recomendación.

Las 26 Recomendaciones por tortura que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos capitalina al Sistema Penitenciario de la CDMX señalan a 143 víctimas, y hasta noviembre pasado seguía pendiente la reparación del daño a 113 de ellas.

• La presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, explicó en entrevista que entre las acciones que se han emprendido derivado de estas Recomendaciones se encuentra la integración de la Unidad de Reacción Inmediata que sustituyó al “Grupo Táctico Tiburón” y que tiene como objetivo controlar motines en los reclusorios; se elaboró un programa de capacitación en Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario y se presentó el Protocolo y Procedimiento para el Uso de la Fuerza.

Consultados sobre a cuántos trabajadores se ha dado de baja a raíz de las investigaciones por tortura en sus centros, el Sistema Penitenciario respondió que “no le corresponde establecer sanciones como la destitución o inhabilitación de servidores públicos”.

Añadió que en cuanto se inician las investigaciones por casos de tortura se adoptan medidas cautelares de carácter administrativo para “salvaguardar a las víctimas” como el cambio de adscripción o amonestaciones personales; y que cada año se capacita a mil 650 elementos de seguridad para evitar la tortura.

• Para la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el no atacar la impunidad en los casos de tortura deja como consecuencia un ciclo de violencia que no ha podido romperse en el ámbito penitenciario de la Ciudad de México.
• Falta de capacitación, herramientas, sensibilidad, creatividad e inteligencia institucional por parte del personal de seguridad y custodia para responder a situaciones cotidianas de violencia con las personas privadas de libertad, son las causas principales que han permitido que esta práctica prevalezca en el Sistema Penitenciario de la CDMX, según la Comisión. Es “un hábito de conducta en los servidores públicos” en los penales, concluye la recomendación 05/2020.

En la capital del país, a pesar de haber transitado a un cambio de sistema de justicia, de tener una Constitución de la CDMX y de que se concretó el cambio de Procuraduría a Fiscalía, lamentó el abogado Víctor Alonso del Pozo, no se ve que las autoridades se tomen en serio el hecho de que la práctica de la tortura en la Ciudad es sistemática y generalizada.

“Creo que lo que sería muy importante es que si el actual gobierno de la Ciudad de México se toma en serio su propia consigna de “Ciudad de Derechos” y es cierto lo que ha dicho el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), en más de una ocasión, de que en México ya no se tortura, pues que se tomen en serio su rol como garantes de derechos y que empiecen a tomar acciones contundentes no solamente para prevenir y erradicar la tortura, sino para particularmente hacerle frente desde una perspectiva de justicia transicional a los crímenes que se han cometido en las últimas dos décadas de tortura en la CDMX”.

Con ello, no sólo se podría dar una solución a las personas que están injustamente privadas de su libertad, sino que también daría una reparación del daño a las víctimas y a sus familiares y así pudieran encontrar una solución institucional en donde hasta ahora lo único que han encontrado son trabas y revictimización.

Entre lo legal y lo moral

Un mecanismo que se podría aplicar para ayudar a erradicar la tortura en la CDMX sería reformar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos local a fin de lograr que las recomendaciones que emita el organismo sean vinculantes, planteó el maestro Alejandro Serrano Pastor, académico investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Y es que en el artículo 12 de dicho ordenamiento se especifica que las recomendaciones que emitan los titulares de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX serán autónomas y no vinculantes.

“Tenemos que implementar mecanismos más estrictos, tenemos que implementar una profesionalización más exacta, más objetiva del servidor público, de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para hacer el equilibrio, para ser el fiel de la balanza respecto de lo que está pasando y respecto de aquello que debe ser vigilado y sancionado, porque si no tenemos esa capacidad de tener un organismo que vigile, que sancione y que tenga recomendaciones de carácter vinculatorio con el Estado, con las instituciones del Estado, pues sin duda que no existe ese equilibrio y por lo tanto, como dicen, le dan rienda suelta o manga ancha al actuar del servidor público que tiene la fuerza”.

• Entrevistado por separado, el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, afirmó que en los últimos años desde el legislativo local se ha trabajado para darle mayores atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, por lo que consideró que hacer vinculantes las recomendaciones no ayudaría a erradicar la tortura en la Ciudad además de que restaría calidad moral a la propia Comisión entendiendo que para denunciar violaciones a derechos humanos se cuenta con dos caminos: la ruta jurisdiccional y la ruta no jurisdiccional que se hace a través de la Comisión.

“Da una mayor calidad moral a la Comisión de Derechos Humanos donde nadie cuestiona su independencia, porque por otro lado el sistema judicial finalmente es una autoridad que forma parte del Estado y por lo tanto siempre puede quedar la sospecha de cuál fue la incidencia política de cualquier caso, en cambio, la Comisión es presidida por una persona que proviene de la ciudadanía con una trayectoria desde el activismo, desde la sociedad civil organizada”, expuso Villanueva.

Ante el creciente número de recomendaciones por tortura en el Sistema Penitenciario de la CDMX, el legislador dijo que la sobrepoblación de estos espacios, así como la persistente corrupción que hay en ellos son las causas principales de que la atención que reciben los internos no sea acorde y que el ejercicio de sus derechos sea limitado.

• Dado que las resientes reformas a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos da la atribución al Congreso local de llamar a comparecer a las autoridades que de forma sistemática han violado los derechos humanos de las personas, el diputado no descartó convocar a las autoridades del Sistema Penitenciario para abordar este tema.

“A mi me parece que el Sistema Penitenciario es esta institución que requiere una transformación de fondo y que esta transformación debe sobrepasar cualquier administración gubernamental, es decir, tenemos que buscar que el funcionamiento del sistema penitenciario garantice los derechos de las personas privadas de su libertad”, señaló.

Mientras esos mecanismos para erradicar la tortura se discuten, aprueban y, sobre todo, se aplican en las prisiones de la Ciudad de México, Raúl sabe que ni él ni los demás prisioneros tienen a quién acercarse y pedir ayuda, porque son las propias autoridades, desde los custodios hasta los directores, quienes los torturan y les niegan cualquier apoyo.

Raúl siente cómo cada día es más posible que su vida termine dentro del reclusorio porque, aunque ya ha cumplido seis años privado de su libertad, de acuerdo con la condena que le dieron, aún debe cumplir más de 100 años más.

Y acepta que no hay día que no tema por su vida.

“Sí, sí temo por mi vida, sí temo por mi integrad, así como la mayoría teme, por eso no pueden hacer nada porque las máximas autoridades son las más corrompidas y al momento que pides ayuda las autoridades se encargan que te lleguen las consecuencias de esos actos”.

Ex policía tiene el control de todos los servicios

En las cárceles de Ciudad de México, quienes no tienen dinero para pagar a custodios por su protección, sufren constantes abusos y son víctimas de torturas y maltratos.

Uno de los ejemplos más notorios es el del Reclusorio Oriente, donde un ex policía identificado como Luis Eusebio Duque, alias “El Duke”, tiene el control de todos los servicios ilegales que se ofrecen a los más de 12 mil internos que habitan el penal, entre ellos varios cabecillas de la Unión Tepito como “El Betito” y “El Pistache”.

• El Duke controla las tiendas de abarrotes, la renta de pantallas de televisión, teléfonos celulares, la mayoría de los puntos de venta de droga y hasta “los depósitos” de dinero que los familiares de los internos les hacen en tiendas de conveniencia y que los presos cobran dentro de la cárcel pagando una comisión.
• El reportero Carlos Jiménez compartió la lista de precios por cada uno de estos servicios: teléfono celular, 5.000 pesos semanales; horno de microondas 2,5000 pesos; pantalla mayor de 20 pulgadas de 2,000 a 10,000 pesos, relación íntima o visita conyugal, 5.000 pesos; además de otros productos que se ofertan como planchas, consolas Xbox, frigobar, etc.

A pesar de la presencia de estos líderes, en el Reclusorio Oriente el que manda es El Duke, a través de su encargado en turno, una especie de lugarteniente que recibe órdenes por teléfono y que dura en el puesto un máximo de seis a ocho meses.

• El lugarteniente es quien paga la “nómina” a los internos que hacen funciones de seguridad, vendedores de droga y todo aquel que trabaja para él. Se estima que paga alrededor de 100,000 pesos a la semana.
• La gente que “El Duke” tiene a su cargo es la encargada de los depósitos que los familiares hacen a los presos para ayudarlos con sus gastos: los familiares depositan en una tienda de conveniencia, manda una foto del ticket y esta foto se comparte a los “pagadores” en el interior, quienes se quedan con el 10 por ciento del envío.

El encargado que tiene El Duke dentro del Reclusorio Oriente le envía todos los días, a través de WhatsApp, las listas de pagos y los ingresos generados en prisión. Peso por peso se le reporta lo gastado y lo ganado.

Por otra parte, en el centro de reclusión menores de edad han captado a los reos tomándose fotos y las luciéndolas en su perfil de Facebook. También hay novatadas para los recién llegados.

• En las redes sociales circula un video donde un grupo de reos juveniles es captado propinando una golpiza a los nuevos internos. La grabación fue compartida por Carlos Jiménez, y en ella se observa a un grupo de seis personas agrediendo a dos jóvenes que recién acaban de ingresar al penal.
• En el penal femenil de Santa Martha Acatitla, de igual manera, también hay corrupción, pues se ha descubierto que las reas transmiten en vivo desde sus celdas desde celulares que en teoría deberían tener prohibidos.

El lunes 2 de febrero, fue abandonada una cabeza de cerdo afuera de las oficinas de Antonio Hazael Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México que acumula 13 fugas de cárceles desde que se hizo cargo de la gestión. La última ocurrió el 29 de enero del año pasado, cuando tres internos de alta peligrosidad -uno de ellos pariente del “Chapo” Guzmán”- escaparon de la Zona 1 del Reclusorio Sur.

• Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) demostró que en los reclusorios que se hallaban bajo la responsabilidad del subsecretario, el 80% de los familiares pagaba una cuota por llevarle comida a sus familiares, 57% pagaba por entrar al penal, y a 33% les cobraban por visitas conyugales.

Pocos meses después, Grupo Imagen exhibió una serie de videos que mostraban cómo funcionaban las extorsiones telefónicas al interior de las cárceles: los reclusos hacían las llamadas enfrente de custodios y funcionarios penitenciarios. Incluso se veía cómo reos y autoridades negociaban las cuotas para tener teléfonos, droga y alcohol en sus celdas.

• Hazael Ruíz asumió el cargo en 2008 e inauguró su gestión con la fuga del narcotraficante Luis Gonzaga Castro Flores, del Reclusorio Oriente, quien trabajaba para Ismael “El Mayo” Zambada. Gonzaga logró salir por la aduana.

Las siguientes ocurrieron entre octubre y diciembre de 2013, cuando siete presos responsables de robo, homicidio y asociación delictuosa se fugaron de Santa Martha Acatitla usando boletas de libertad originales del Tribunal Superior de Justicia, pero con datos, firmas y sellos falsos.

Sobre la fuga del Chapo, el funcionario le echó la culpa a los jueces federales que enviaron a los reos de alto nivel a cárceles capitalinas, pues dijo que en sus cárceles no pueden hacerse cargo de ellos, ya que son de “mediana seguridad”./Agencias-PUNTOporPUNTO