CRIMEN ORGANIZADO se infiltró en la POLÍTICA de MÉXICO; EU señala ‘nexos’ con MORENISTAS

En México, ningún partido político es ajeno a la infiltración del crimen organizado. Exgobernadores, alcaldes, legisladores y secretarios de Estado han enfrentado procesos penales, tanto en el país como en Estados Unidos, por delitos que incluyen el manejo de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y narcotráfico.

• La novedad radica en que Estados Unidos ha presentado una solicitud de detención con fines de extradición contra un gobernador, un senador y varios funcionarios estatales y municipales. Estos nombres se suman a una lista que se extiende con el paso del tiempo.
• Este fenómeno no es nuevo: desde la década de los ochenta, casos como el de la sobrina del entonces gobernador de Jalisco, Salvador Cosío Vidaurri —que reveló vínculos con Enrique Caro Quintero—, marcaron el inicio de una serie de detenciones de altos funcionarios en ambos lados de la frontera.

Recientemente, las acciones del Operativo Enjambre han derivado en la captura de diversos alcaldes y funcionarios municipales en distintas entidades.

• A esto se añade el registro del portal Narcopolíticos —iniciativa de los periodistas Óscar Balderas y Luis Chaparro, en colaboración con la organización Defensorxs—, el cual evidencia los presuntos nexos de personajes de diversas fuerzas políticas con grupos criminales.

Del PRI a Morena: la persistencia del vínculo

Desde finales del siglo pasado, diversas versiones periodísticas señalaron los posibles lazos entre el narcotráfico y el partido entonces hegemónico. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la detención de exmandatarios estatales confirmó que el crimen organizado logró penetrar estructuras de poder en entidades como Tamaulipas o Quintana Roo.

La extradición y el encarcelamiento de estos titulares del Ejecutivo estatal validaron las sospechas sobre la colusión entre la clase política y los cárteles de la droga.

• En su momento, el PRI asumió el descrédito y el costo electoral de ver a sus gobernadores tras las rejas. Un escenario similar enfrentó el PAN tras el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Actualmente, Morena acumula señalamientos por gobernantes en actividades ilícitas.

• La situación escala con la reciente acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra un gobernador y un senador activos, para quienes solicita formalmente la extradición.

Resta observar el costo político que el partido oficial pagará en los comicios de 2027. Para la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta una disyuntiva crítica: aprovechar la coyuntura para profundizar el combate a la corrupción política —pese a las posibles resistencias internas en Morena— o permitir que prevalezca la impunidad, asumiendo un costo en las urnas que parece inevitable.

• Para amplios sectores de la sociedad, la procedencia de la justicia es secundaria frente al hartazgo por décadas de complicidad criminal; por ello, acciones como las de la justicia estadounidense suelen ser recibidas con aprobación ciudadana.

El vínculo entre autoridades y crimen

La acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve políticos más es una muestra de que el gobierno de Donald Trump está implementando una campaña más agresiva contra los cárteles, en la que ataca por primera vez la estructura financiera y los vínculos políticos, un problema añejo en México.

• Desde hace décadas, políticos mexicanos han sido señalados por sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas y aunque en el país los casos causaron polémica, Estados Unidos es quien está tomando acciones contra el binomio gobierno-crimen.
• David Saucedo, especialista en seguridad, explica que por primera vez Estados Unidos está atacando de forma más integral a las organizaciones criminales, lo que alcanzó a los funcionarios mexicanos acusados de proteger a los cárteles.

“El gobierno estadounidense está atacando las cuatro patas de la mesa: la estructura criminal que son sicarios, narcomenudistas, halcones; todo el apoyo y vínculo político, policial y militar; la tercera pata de la mesa, es el aparato empresarial y blanqueo de capitales y la cuarta vertiente es la base social de apoyo”, sostiene.

• En los últimos 15 meses, el gobierno de Trump dio varios golpes a las estructuras criminales y a sus finanzas.
• Con la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales se permite al gobierno estadounidense congelar activos financieros, imponer sanciones y perseguir a quienes den “apoyo material” a los “terroristas”.
• Apenas este miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a 14 sujetos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.

La batalla del gobierno de EU se intensifica también contra autoridades a quienes acusa de proteger a criminales.

• Hace unos días Trump aseguró que «los cárteles gobiernan México», acusación que se suma al comunicado de febrero de 2025 en el que la Casa Blanca aseguró que el gobierno de México tenía una “tener una alianza con los cárteles”.
• “Estados Unidos seguirá profundizando, sobre todo este año, las medidas contra el crimen organizado y la narcopolítica”, asegura Simón Hernández León, catedrático dela Universidad Iberoamericana.

Un problema que México arrastra

Los presuntos nexos entre autoridad y crimen son muestra de la descomposición institucional que aqueja al país y no se limitan a políticos de un partido.

“Son expresiones de macrocriminalidad, en las que servidores públicos se hacen parte de estructuras criminales o colaboran con la delincuencia organizada y es un fenómeno cada vez más presente, pero no solo de esta administración, sino que es un problema de la clase política desde hace años”, dice Hernández León.

• Entre los ejemplos se encuentran, Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas acusado de recibir dinero ilícito del Cártel del Golfo y de «Los Zetas» al exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa, a los que se sumaron el alcalde de Tequila, Diego Rivera, y el gobernador con licencia de Sinaloa.
• Ruslan Posadas, analista político y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sostienen que aunque la relación no es nueva, tiene un efecto devastador para el país y para Morena porque es Estados Unidos quien lo pone sobre la mesa y ejerce presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se combata ese vínculo.

“Los señalamientos tienen efectos devastadores y se incrementarán cuando se empiecen a conocer políticos o representantes populares de Morena vinculados al crimen organizado, porque esto va a tener un efecto dominó y puede apuntar incluso hasta las esferas más altas de la representación y el poder político”, considera.

En 2025, el gobierno de Trump canceló visas a políticos mexicanos, entre ellos:

• Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Alex Tonatiuh Márquez Hernández, extitular de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam); José Luis Dagnino, alcalde del municipio de San Felipe, Baja California.
• Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, en Sonora; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Mario Alberto López Hernández, diputado federal, entre otros.

De acuerdo con funcionarios consultados por Reuters, la cancelación de algunas visas se dio en medio de la ofensiva de Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno estadounidense no comparte esa información con su administración.

La presión para Sheinbaum

Los presuntos vínculos entre la autoridad y el narcotráfico en México no son un tema nuevo para Estados Unidos, pero desde el regreso de Trump, la idea de combatirlos tomó fuerza.

• Ante la versión de que en Estados Unidos había una lista de funcionarios de políticos mexicanos vinculados con grupos criminales, en mayo de 2025, la presidenta Sheinbaum lo descartó.
• “Nunca se ha tocado ese tema, nunca, ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento que se tuvo con Estados Unidos que les damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema ni en las llamadas de teléfono ni en las reuniones”, dijo.

Voces del gobierno estadounidense advirtieron que las acusaciones contra Rocha son solo el principio de lo que viene contra políticos vinculados con el crimen.

“Esto es solo el principio”, dijo Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, ante senadores de Estados Unidos y acotó que esos funcionarios son “igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”.

• Parte de la confianza de los funcionarios unidos está fincada en la información que están dando algunos de los 96 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos en 2025. El Fiscal general adjunto interino de los Estados Unido, Todd Blanche, planteó que algunos de los enviados por México pueden colaborar.
• El hecho de que varios de los políticos que tiene en la mira Estados Unidos sean de Morena, pone en aprietos a la presidenta Sheinbaum.
• El especialista David Saucedo plantea que la lista de funcionarios mexicanos que tienen algún vínculo con el crimen da ventaja al gobierno de Trump para negociar con México en temas de su interés, y por la cual, la presidenta Sheinbaum buscará negociar para que sean menor los implicados.

“Algunos temas que México no habría aceptado los va a tener que aceptar porque va a ser un intercambio, a cambio de no avanzar en causas penales contra algunos señalados. Estoy seguro que va a haber concesiones en el TMEC a favor de los americanos”, considera Saucedo.

Hay ficha roja de Interpol contra Rocha Moya y exfuncionarios de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia de una ficha roja de Interpol contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra los otros exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

• Sheinbaum explicó que las alertas internacionales se activaron a partir de órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno estadounidense, por lo que, en caso de que los implicados salgan de México, podrían ser detenidos mediante los mecanismos de colaboración internacional de Interpol.

“Bueno, hay una orden de aprehensión, por parte del Gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas —llamadas—, por parte de la Interpol. Entonces, eso es del Gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México: otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”.- Claudia Sheinbaum

Los otros involucrados con ficha roja

Además de Rubén Rocha Moya, la lista incluye a funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales, quienes también tendrían ficha roja, según la revelación de Claudia Sheinbaum:

Entre los señalados, 10 en total, están:

• Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa
• Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”

Entre los señalados también están Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quienes ya se entregaron a autoridades de EE. UU.

Sheinbaum dice que México no tiene obligación de vigilar a acusados por EE. UU.

• Durante la conferencia matutina, una reportera cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el paradero de ocho personas acusadas por la Fiscalía de Nueva York y que presuntamente no se han entregado a las autoridades estadounidenses.

En respuesta, Sheinbaum señaló que corresponde a Estados Unidos desarrollar su propia investigación y afirmó que actualmente no existe ninguna obligación legal para que el gobierno mexicano mantenga vigilancia especial sobre los señalados mientras permanezcan en el país.

• La presidenta señaló que algunos de los señalados por Estados Unidos cuentan con mecanismos de protección por riesgo de vida, los cuales únicamente pueden activarse a petición de las personas que lo soliciten ante las autoridades correspondientes.
• La mandataria explicó que este tipo de protección no se otorga de manera automática, ya que cada solicitud debe ser evaluada por las autoridades competentes para determinar si existen condiciones de riesgo que justifiquen las medidas de seguridad.

Los 11 nombres de Morena que investigaría EUA por financiamiento ilícito

Un nuevo reporte periodístico reveló que diversas agencias de seguridad en Estados Unidos mantendrían investigaciones abiertas contra destacados liderazgos de Morena. Esto por el presunto financiamiento ilícito de más de 500 millones de pesos provenientes del robo de combustible hacia campañas electorales del partido.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón en su columna para El Universal, las indagatorias comenzaron a finales de 2021, tras la ejecución en Nuevo León de Sergio Carmona, alias “Rey del Huachicol”.

Su hermano, Julio César Carmona Angulo, habría huido a territorio norteamericano y supuestamente entregó a agencias como el FBI un listado de al menos 20 políticos de la Cuarta Transformación. que presuntamente recibieron dinero en efectivo operado a través de la aduana de Reynosa.

Sin embargo, el columnista solo reveló 11 nombres presuntamente mencionados por el hermano del empresario asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con la columna, el FBI, el Departamento de Seguridad Interior y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) indagarían a cerca de una veintena de nombres, de los cuales se fiscalizan cuentas bancarias, triangulaciones de dinero y mensajes de texto. Entre los mencionados por De Mauleón, están:

• Mario Delgado Carrillo: El actual secretario de Educación Pública y expresidente nacional de Morena es señalado directamente como la cabeza del partido que presuntamente recibió los recursos ilícitos para las campañas en el 2021.

La información señala que las sospechas se extiende a un par de sus familiares incrustados en el gobierno de la Ciudad de México. Delgado Carrillo ha sido ligado al “Rey del Huachicol” en diversos reportes periodísticos.

• Américo Villarreal Anaya: De acuerdo con el texto, la campaña electoral de 2022 del actual gobernador de tamaulipas habría sido uno de los destinos principales de los más de 500 millones de pesos operados en efectivo por el Sergio Carmona.

Américo Villarreal formaría parte de la famosa “lista negra” de los funcionarios señalados por Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado.

Incluso, en 2022, cuando resultó electo como gobernador, José Narro Céspedes, entonces senador de Morena, compartió una fotografía a través de sus redes sociales en donde aparecía con el mandatario de Tamaulipas y con Gerardo Teodoro Vázquez, conocido como ‘El Gerry‘, un presunto operador financiero del Cártel del Noreste.

• Humberto Villarreal Santiago: El hijo del actual gobernador de Tamaulipas fue incluido formalmente por Julio César Carmona dentro del esquema de beneficiarios y operadores financieros que presuntamente tuvieron contacto directo con el dinero proveniente del contrabando de combustible.

Villarreal Santiago se ha visto envuelto en diversos escándalos, entre ellos, ha sido señalado por sus viajes costosos. En junio pasado, la revista Proceso reveló que el delegado del Bienestar en Coahuila habría realizado 25 viajes en jet privado en menos de dos meses a inicios el año pasado.

• Rubén Rocha Ruiz: El nombre del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, figuró activamente dentro del listado revelado por Julio César Carmona.

Rubén Rocha Ruiz es relacionado con diversas empresas que presuntamente obtuvieron beneficios y contratos durante la administración de su padre.

Actualmente, sus empresas estarían bajo vigilancia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mientras que su padre fue acusado formalmente por Estados Unidos de suspuestos nexos con “Los Chapitos”.

• Saúl Monreal: El hoy senador de la República, Saúl Monreal, es otro de los nombres mencionados por el “Rey del Huachicol”, al verse presuntamente beneficiado en su etapa como alcalde del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

El legislador de Morena es uno de los personajes más controversiales de la Cuarta Transformación al mantener vigentes sus aspiraciones por ser candidato a Zacatecas en las elecciones de 2027, esto pese a los “candados” anti-nepotismo por parte de su partido.

• Erasmo González: Entre los nombres mencionados, según la columna, está Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Según el periodista, Carmona lo identifica de manera medular como el supuesto enlace directo de los candidatos de Morena en el estado con el “Rey del Huachicol”, siendo la vía de acceso para el financiamiento del empresario.

• Clara Luz Flores: Clara Luz Flores, quien recientemente solicitó licencia como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura al gobierno de Nuevo León, es otra de las señaladas por el hermano de Sergio Carmona.

La funcionaria con licencia ya fue excandidata por Morena por Nuevo León en el proceso electoral de 2021, año donde los supuestos vínculos con el “Rey del Huachicol” perseguían al partido guinda.

• Catalino Zavala: Exsecretario de Gobierno del estado de Baja California y actual vocero estatal de Morena. Su inclusión en la lista de Washington evidencia que el alcance de las indagatorias de la red Carmona se extendió de costa a costa en la frontera norte.
• Eduardo Gattás Báez: El nombre del actual presidente municipal de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, es según la columna, parte de la red de protección institucional construida por el “Rey del Huachicol”.
• Ricardo Peralta Saucedo: Otro de los mencionados es el exsubsecretario de Gobernación durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, quien también sería investigado por sus presuntos vínculos con la red de Carmona.
• Carlos Peña Ortiz: Aunque de manera local se ha manejado que fue de los pocos que no aceptó los recursos del huachicol, el periodista Héctor de Mauleón puntualiza que el nombre del alcalde de Reynosa, Tamaulipas, aparece explícitamente en la lista entregada a las autoridades de Estados Unidos.

Esta revelación periodística se da en el marco de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus funcionarios, por colaborar presuntamente con el Cártel de Sinaloa.

En ese contexto, diversos reportes señalan que agencias norteamericanas tendrían nuevas acusaciones formales contra otros personajes de la política mexicana próximamente.

Funcionarios vinculados a la red criminal en Morelos

Seis funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos fueron detenidos en un operativo federal por presuntos vínculos con una red de corrupción y crimen organizado relacionada con extorsión, tráfico de armas y desvío de recursos públicos.

Entre los detenidos se encuentran el alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.

• Las capturas forman parte de la reactivación de la llamada “Operación Enjambre”, una estrategia federal enfocada en investigar redes de protección política al crimen organizado en distintos estados del país.

Además de los dos alcaldes, fueron detenidos funcionarios vinculados al ayuntamiento de Cuautla, entre ellos un secretario municipal, un tesorero y un oficial mayor, así como una excandidata a la presidencia municipal.

• De acuerdo con las investigaciones federales, los servidores públicos habrían brindado facilidades de operación a una estructura criminal ligada a un operador regional del Cártel de Sinaloa identificado como “El Barbas”.

Las autoridades también ejecutaron el congelamiento de cuentas bancarias de al menos 22 personas y 10 empresas presuntamente relacionadas con la red investigada.

• Agustín Toledano Amaro: Actual alcalde de Atlatlahucan, llegó al cargo bajo la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, formada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2025.

Militante panista y cercano al exgobernador Marco Adame Castillo, Toledano Amaro había sido señalado previamente tras aparecer en un video difundido en febrero de 2025 junto a otros funcionarios y presuntos integrantes del crimen organizado.

La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada.

• Tras la detención del alcalde, en un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Atlatlahucan informó que, pese a la situación jurídica del presidente municipal, las funciones administrativas y los servicios públicos continuarían operando con normalidad.

Además, señaló que el Cabildo se mantiene en sesión permanente para tomar las determinaciones legales e institucionales correspondientes, mientras expresó respeto al debido proceso y a las investigaciones de las autoridades competentes.

• Toledo Amaro se ha desempeñado como empresario y ganadero en la región. Antes de llegar a la alcaldía, Toledano Amaro ya había buscado cargos públicos en Atlatlahucan como candidato a síndico municipal en procesos anteriores.

Durante su campaña para la presidencia municipal aseguró que impulsaría un gobierno “justo y honesto” y prometió combatir prácticas como las extorsiones y el cobro de piso.

• Irving Sánchez Zavala: El exalcalde panista de Yecapixtla, es identificado como integrante del llamado “clan Sánchez Zavala”, grupo político con influencia en la región oriente de Morelos.

Fue presidente municipal de Yecapixtla entre 2009 y 2012, cargo al que llegó postulado por el Partido Acción Nacional (PAN). Su trayectoria política está ligada a una de las familias con mayor presencia en la vida pública de ese municipio del oriente de Morelos, donde distintos integrantes de la familia Sánchez Zavala han ocupado cargos de elección popular durante las últimas décadas.

El exalcalde es hijo de Francisco Rafael Sánchez Vargas, quien también gobernó Yecapixtla entre 1991 y 1994 y posteriormente fue diputado local.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, enfrenta acusaciones relacionadas con el despojo de un predio destinado al suministro de agua potable, lo que habría generado desabasto en comunidades locales.

• Horacio Zavaleta: Es secretario municipal del ayuntamiento de Cuautla y exaspirante a la alcaldía. Autoridades federales lo señalan como parte de la estructura operativa del gobierno municipal presuntamente vinculada con actividades de extorsión y protección a grupos criminales en la región oriente del estado.
• Jonathan Espinoza: Tesorero municipal de Cuautla, en la actual administración encabezada por el alcalde Jesús Corona Damián. Según las investigaciones federales, participó en la red de funcionarios relacionada con desvío de recursos y operaciones financieras bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Antes de asumir la Tesorería de Cuautla, ocupó el cargo de director de Presupuesto en el municipio de Tepalcingo.

• Su nombramiento como tesorero fue aprobado por el Cabildo de Cuautla en marzo de 2025, luego de la salida del anterior responsable de las finanzas municipales, Dionicio Álvarez Anonales.
• En ese momento, el alcalde afirmó que la designación se realizó tras una revisión de su trayectoria profesional y le encomendó conducir la administración de los recursos públicos con transparencia y honestidad.

Durante su gestión, Jonathan Espinoza participó en la presentación de presupuestos municipales, programas de seguridad y anuncios financieros del Ayuntamiento. También tuvo presencia constante en actividades oficiales relacionadas con el gasto público y la administración financiera del municipio.

• Pablo Portillo: Pablo Adrián Portillo Galicia es empresario y oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla. Las autoridades lo ubican como uno de los operadores administrativos dentro de la presunta red de corrupción investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Portillo Galicia tiene trayectoria en la administración pública municipal y en organismos del sector de autotransporte. En enero de 2026 fue nombrado Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla por el alcalde Jesús Corona Damián, cargo desde el cual quedó a cargo de procesos administrativos internos y de la operación gubernamental del municipio.

Antes de incorporarse al gobierno municipal, Portillo Galicia se desempeñó como delegado en Morelos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). En esa función participó en mesas de coordinación con autoridades estatales de seguridad para abordar problemáticas relacionadas con robos al transporte de carga y vigilancia carretera en la región centro del país.

Su trayectoria política incluye diversas candidaturas a la presidencia municipal de Cuautla. En 2018 contendió por la alcaldía bajo la coalición PAN-Movimiento Ciudadano y previamente participó en procesos electorales impulsado por Movimiento Ciudadano.

• Arisbel Rubí Vázquez Amaro: La excandidata a la alcaldía de Cuautla y vinculada políticamente al grupo gobernante del municipio fue detenida como parte del mismo operativo federal; aunque las autoridades no han detallado su participación específica, fue incluida en las investigaciones por presuntos nexos con la estructura criminal investigada.

Se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF municipal durante la actual administración, participando en actividades de asistencia social, programas comunitarios y atención a grupos vulnerables del municipio.

Es abogada y consultora jurídica con trayectoria en administraciones municipales de Morelos. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como Consultora Jurídica Externa del Ayuntamiento Constitucional de Atlatlahucan y posteriormente fungió como Asesora Jurídica Externa del Ayuntamiento de Tetela del Volcán durante el periodo 2022–2024, participando en procesos administrativos, asesoría legal y revisión de asuntos de carácter municipal.

Además de su experiencia en gobiernos locales, Vázquez Amaro encabeza el despacho particular “Vázquez & Asociados”, firma jurídica que dirige desde abril de 2023 y desde la cual ha brindado servicios de representación y asesoría legal en distintos asuntos administrativos y corporativos en la región oriente de Morelos.

Es cercana a Morena, organización en la que participa desde 2011. En 2022 fue consejera estatal de Morena en Morelos y colaboró en la coordinación partidista en la entidad, así como en la elaboración, discusión y aprobación del Plan de Acción del partido en el estado.

• Jesús Corona Damián: Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, se mantiene prófugo de la justicia.

Las autoridades federales mantienen una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con delincuencia organizada y una red de extorsión que operaba en la región oriente del estado.

Corona Damián ha ocupado la presidencia municipal de Cuautla en dos periodos. Llegó por primera vez al cargo en 2018 bajo la coalición Morena-PT-PES y regresó en 2024 impulsado por la alianza PAN-PRI-PRD. Antes fue regidor municipal entre 2009 y 2012.

Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones federales después de la difusión de videos y fotografías donde presuntamente apareció reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades federales como operador del Cártel del Pacífico en Morelos.

Tras la difusión del material, el edil presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y negó tener nexos criminales.

De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, las investigaciones contra la estructura del gobierno de Cuautla derivaron de denuncias ciudadanas relacionadas con cobro de cuotas, amenazas y control criminal sobre comerciantes y transportistas de la región.

El pasado 19 de mayo, el edil dio a conocer que visitó las instalaciones de la Guardia Nacional unas horas antes de que se librara una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud, sin que se sepa hasta el momento cuál es su paradero.

Ligan con grupos criminales a otras 15 alcaldías

En 2025 alcaldes y funcionarios municipales de Morelos, con supuestos vínculos con el crimen organizado, comenzaron a ser observados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

Un año después, cuando las investigaciones arrojaron elementos presuntivos de gran calado, fuerzas federales y castrenses ejecutaron el Operativo Enjambre en esta entidad.

La madrugada del 20 de mayo, autoridades, políticos y empresarios de los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Totolapan se convirtieron en los primeros detenidos por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, hay autoridades de al menos otros 14 municipios que aún se investigan.

• Las indagatorias arrojan indicios contra alcaldes de Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan, situados en la franja oriente de Morelos.
• En esta región del estado, el Cártel del Pacífico tiene mayor presencia y pelea el territorio con La Unión Tepito, liderada por un sujeto identificado como Milton, cita la investigación base del Operativo Enjambre Morelos.
• En las carpetas hay otro grupo de alcaldes, exalcaldes, senadores y diputados federales considerados en datos de investigación estatal por su supuesta liga con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Linos, La Federación Morelense y La Familia Michoacana.

En este grupo, de acuerdo con las investigaciones, destacan los presidentes municipales de Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata.

Los movimientos en Morelos del Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal exacerbaron los nervios en algunos alcaldes, presos de la zozobra.

Los alcaldes se defienden

El viernes pasado, el edil de Jonacatepec, Israel Andrade (PVEM), citado en investigaciones federales por presuntos nexos con la delincuencia organizada, promovió un amparo ante la justicia federal tras denunciar un “inminente riesgo” de ser aprehendido por corporaciones policiales.

Argumentó que policías del municipio de Temoac irrumpieron en el Palacio Municipal de Jonacatepec y señalaron que llevaban “una orden” para ser ejecutada. El juez federal le negó la suspensión porque se trataba de un acto consumado.

Pedro Antonio Montenegro (MC), presidente municipal de Tlayacapan, limítrofe con Totolapan —donde en junio de 2024 se realizó el encuentro entre alcaldes electos y exalcaldes con el jefe regional del Cártel del Pacífico, Júpiter Araujo Bernard—, afirmó que los alcaldes y sus policías sólo tienen facultades para prevenir el delito de fuero común, sin competencia para asuntos de carácter federal. “No nos competen, no somos antinarcóticos, antisecuestros, no tenemos esa índole, coadyuvamos con ellos”, expuso.

• Sobre el curso del Operativo Enjambre, cuyas corporaciones detuvieron al exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala (PAN), y los alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla, Agustín Toledano Amaro y Jesús Corona Damián, ambos surgidos de la alianza PRI-PAN-PRD- RSP, así como a la consejera nacional de Morena, Arisbel Rubí Vázquez Amaro, el alcalde afirmó: “Si hay líneas de investigación, la Federación tiene que saber perfectamente bien a lo que se está refiriendo, de acuerdo con las denuncias ciudadanas o a los tipos que de casos que se hayan visto en la región”, dijo.

El alcalde de Huitzilac, César Dávila Díaz (MC), también considerado en las investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en la región norte de Morelos, se dijo libre de toda culpa y ajeno a una indagatoria en su contra.

Su homólogo del municipio de Ocuituco, René Jacobo (Morena), se reservó su opinión respecto al operativo ejecutado contra sus vecinos. El edil de Zapata, Santos Tavarez García (PVEM), también eludió a la prensa.

• Marco Antonio Cuate (MC), alcalde de Axochiapan, afirmó que el gobierno municipal debe permitir a la autoridad federal realizar su trabajo, y de manera particular dijo sentirse tranquilo, sin temor a ser investigado.
• José Luis Maya, presidente municipal de Zacatepec (del partido local Movimiento Alternativa Social), consideró que todos los alcaldes tienen la obligación de transparentar sus acciones y también se dijo dispuesto a ser investigado.
• Nancy Gómez (PVEM), alcaldesa de Tlaltizapán, respaldó el trabajo de las autoridades federales y consideró que las investigaciones deben continuar “caiga quien caiga”. Agregó que, hasta el momento, no tiene ningún señalamiento y por tanto se siente muy tranquila.

Vínculos criminales

La investigación de autoridades estatales, cuyos datos consolidaron el Operativo Enjambre Morelos, cita a un bloque político ligado al senador del PRI Ángel García Yáñez y presuntamente vinculado al llamado Cártel de La Jefa, como se conoce a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata de Morena a la presidencia municipal de Atlatlahucan y una de las personas detenidas el pasado 20 de mayo.

• Dicho grupo estaría formado por Valentín Lavín Romero (PVEM), alcalde de Temoac y presuntamente vinculado a los grupos delictivos de Los Aparicios y/o Huazulcos; José Carlos Jiménez Ponciano, alcalde indígena de Xoxocotla, relacionado en las investigaciones con La Federación Guerrerense.
• En la lista también se encuentra Israel Andrade Zavala (PVEM), alcalde de Jonacatepec, vinculado a La Línea Nueva Generación (de Sinaloa) y al Cártel Nuevo de Cuautla, asociado a un personaje conocido como La Rata; Jesús Iturbe Aranda, La Chuga, exalcalde de Amacuzac, vinculado a La Federación Guerrerense y antes con La Familia Michoacana.

En esa investigación ubican a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla con el Cártel de Pacífico (CDP), antes CJNG; Enrique Alonso Plascencia, El 00, alcalde de Tlaquiltenango por RSP, PRI, PAN, PRD, vinculado a La Federación Guerrerense, antes GU-CJNG.

También identifican a Eder Rodríguez Casillas, alcalde de Jiutepec (PAN, PRI, PRD y RSP), vinculado al grupo de Los Linos y con actividad delictiva en los municipios de Yautepec, Jiutepec y parte de Cuernavaca. /PUNTOporPUNTO